VALÈNCIA (EP/EFE). La Generalitat Valenciana va a tener que asegurarse el cobro de los 300 millones calculados de las liquidaciones de las concesiones de hospitales si quiere tener la posibilidad de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2018. Así lo señala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), quien recomienda a la Comunitat Valenciana que incorpore a su Plan Económico Financiero (PEF) 2018-2019 la información detallada sobre esta cifra, incluida en los Presupuestos de 2018 para alcanzar el 0,4% de déficit.
Desde la conselleria, anteriormente dirigida por Carmen Montón, estimaron en 300 millones de euros a favor de la Generalitat las liquidaciones pendientes de las concesiones sanitarias hasta 2015, cifra que anunciaron en noviembre de 2017 y que más tarde incorporaron a los presupuestos como ingresos. Sin embargo, no detallaron exactamente los importes a cobrar de cada concesión, a repartir entre La Ribera, Torrevieja, Dénia, Elx-Crevillent y Manises.
Nada se ha vuelto a saber del millonario importe desde entonces. Tan solo que en el mes de marzo Ribera Salud señalaba que sus cifras para el departamento de La Ribera entre 2013 y 2015 eran un 50% inferiores a las calculadas por el departamento de Sanidad. El entonces gerente del departamento, Javier Palau, desvelaba que sus cálculos eran de 50 millones a favor de la Conselleria y no los 100 millones que la administración les reclamaba.
Esto no quiere decir que la última palabra la tenga la empresa, pero sí el inicio de una negociación que podría llegar a los tribunales, como advirtió el propio Palau. Que se cumplieran los peores pronósticos podría rebajar para 2018 la cifra presupuestada por la conselleria teniendo en cuenta que la empresa negociará a la baja y, en el caso de no llegar a un acuerdo, podría aletargarse el pago. También está judicializada, de la etapa del Partido Popular, parte de la liquidación con el Hospital de Manises -gestionado por Bupa-Sanitas- con un importe que ascendía a 181 millones a favor de la administración.
Estos 300 millones, que fueron incluidos en el PEF entregado hace algunas semanas, han sido determinantes para el cambio de perspectiva de la Airef, que en el mes de mayo daba como "improbable" el cumplimiento. En cuanto a 2019, por el contrario, las estimaciones autonómicas de los recursos del sistema de financiación a percibir se alejan en unos 1.400 millones de las previsiones actuales de la Airef para este ejercicio.
Airef estima asimismo que el crecimiento de los empleos en 2018 será similar al previsto por la Comunitat Valenciana en el PEF, algo superior al 2%, con una caída cercana a 3 décimas de su peso en el PIB, lo que determina un riesgo moderado de incumplimiento de la regla para el ejercicio. La evolución esperada por la comunidad en los gastos cofinanciados por fondos de la UE, que afectan al cálculo del gasto computable, condiciona la previsión más optimista de la comunidad respecto a la regla de gasto.
En 2019 las previsiones de la Airef se alejan de las consideradas por la comunidad en su escenario para este ejercicio: mientras el PEF prevé un crecimiento de los empleos en torno al 6%, que sería del 8% en términos de gasto computable, lo que aumentaría dos décimas el peso de los empleos en el PIB regional.
Esto, según la Airef, supone una tasa de variación del gasto computable "muy superior" a la tasa de referencia de la regla de gasto fijada a la fecha. "Se le recomienda que revise el escenario y las medidas previstas para 2019 para recoger previsiones enmarcadas en los límites derivados del cumplimiento de las reglas fiscales", señala el informe.