VALÈNCIA. (EP). El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, cifra en 3.000 millones de euros la 'brecha' en la previsión de ingresos del Gobierno recogida en los Presupuestos, en parte por el retraso en la entrada en vigor de los nuevos impuestos. Además, ve "realmente improbable" cumplir con el objetivo de déficit del 1,3% del PIB, por lo que advierte de que la deuda pública "seguirá subiendo" en términos absolutos.
Así lo ha señalado Escrivá en declaraciones en la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que el organismo ha realizado dos evaluaciones sobre las previsiones de las nuevas cuentas públicas, la primera en octubre, cuando estimó que los ingresos quedarían 1.500 millones por debajo de los 7.000 previstos por el Gobierno, y ahora tras la presentación del proyecto de ley, añadiendo otros 1.500 millones de desviación.
De esta forma, estima que "hay una brecha de 3.000 millones respecto a la previsión original del Gobierno", en parte porque los nuevos impuestos previstos por el Ejecutivo no han entrado en vigor el 1 de enero y dado que tienen que pasar el trámite parlamentario, algunos verán la luz "bastante tarde", lo que explica la merma de otros 1.500 millones en ingresos.
La Autoridad Fiscal considera "realmente improbable" que se vaya a cumplir con el objetivo de déficit del 1,3% del PIB este año, con una probabilidad del 20%, motivo por el que Escrivá ha advertido de que la deuda pública "seguirá creciendo".
Tras varios años estabilizada y con ligeras bajadas en términos de PIB, considera que la deuda pública seguirá incrementándose en términos absolutos porque España "tendrá que financiarse con deuda debido al déficit".
En este sentido, ha hecho hincapié en que el nivel de deuda pública es "muy elevado", por lo que hace a España "muy vulnerable", si bien ha dicho no estar seguro de que la desaceleración económica esté muy próxima en el tiempo. En todo caso, ha insistido en la importancia de aprovechar el crecimiento actual para "converger hacia el equilibrio presupuestario", ya que desde hace tres años no se ha mejorado la posición estructural fiscal y se ha producido "cierto agotamiento".
El presidente de la Autoridad Fiscal ha indicado que envió hace "tres o cuatro días" las cartas correspondientes con la evaluación del proyecto de ley de los PGE a la ministra de Hacienda y a la de Trabajo, por lo que la respuesta del Gobierno llegará en uno o dos meses.
La respuesta podría contener el compromiso del Gobierno de hacer una ejecución presupuestaria rigurosa y de agilizar al máximo los procedimientos para que las nuevas figuras impositivas se pongan en marcha, ha opinado Escrivá, quien no descarta que se pudiesen llegar a realizar acuerdos de no disponibilidad, tal y como ha sucedido anteriormente con otras administraciones.
A su juicio, en España hay un "déficit de credibilidad" respecto al marco fiscal, que está "arraigado en todas las administraciones" y lleva "mucho tiempo", al fijarse reglas fiscales "imposibles" y objetivos "inalcanzables".
"Tendemos a dar la impresión de que somos muy rigurosos, pero a la hora de la verdad no cumplimos y no pasa nada. Eso es lo más dañino porque erosiona toda credibilidad del marco fiscal", ha apostillado.
Respecto a las pensiones, ha señalado que dado que no se va a aplicar más el índice de revalorización de las pensiones (IRP), la AIReF estima que emergerá un déficit de la Seguridad Social de en torno al 1,5% del PIB de ahora a la próxima década.
Una vez que la generación 'baby boom' se jubile, habrá un "problema adicional" de gasto en pensiones, ya que aumentará entre 2 y 4 veces entre mediados de la próxima década y finales de 2040, por lo que ve como "lo más razonable" que la Seguridad Social se libere de gastos no contributivos, que han "sobrecargado" al sistema.
En esta línea, propone que el Estado asuma este gasto no contributivo y se reduzca también la parte de contribuciones sociales que se dedican a políticas activas de empleo, así como otro tipo de políticas articuladas a través del SEPE.
Según Escrivá, que pide profundizar en las medidas paramétricas de la reforma de 2011, a partir de mediados de esta década se podría resolver "gran parte" del problema si la edad efectiva de jubilación se aproximase a la edad legal de 67 años desde los menos de 63 años en los que está instalada actualmente. También se corregiría "sensiblemente" el problema si la base de cálculo de las pensiones se realizase sobre toda la vida laboral y no sobre los últimos 15 o 20 años como en la actualidad.
