La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, durante la visita de Rajoy a la ciudad con motivo de la llegada del AVE.CASTELLÓ. (EP) La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha señalado este martes que los cambios anunciados por el Gobierno central en las competencias municipales, tras los "recortes" de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, permitirán a los ayuntamientos mejorar la atención a la ciudadanía.
Para la máxima mandataria municipal castellonense, "los gobiernos locales hemos demostrado solvencia y capacidad de gestión para solucionar los problemas de la ciudadanía y no podemos ser castigados por ser eficaces y mejorar la atención y los servicios públicos esenciales", ha aseverado.
El Ayuntamiento se ha hecho eco a través de un comunicado del anuncio emitido por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, dirigido a elaborar y presentar una ley de medidas urgentes que "devuelvan a los ayuntamientos las competencias que les fueron recortadas durante la crisis con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local de 2013". Batet considera "desproporcionado" el "ataque" que sufrieron los ayuntamientos por parte del Gobierno del PP durante la crisis, según el consistorio.
Marco considera que la reforma local del anterior Gobierno redujo de forma "notoria" el ámbito de autonomía de los municipios y "asfixió" su capacidad económica y presupuestaria para abordar servicios y proyectos públicos. "El Ayuntamiento de Castellón ha demostrado que cumple con el control presupuestario y el ajuste de la deuda, por lo que puede asumir proyectos relacionados con la calidad de vida ciudadana", ha apuntado.
La alcaldesa dice compartir el criterio de la ministra, en el sentido de que "es preciso impulsar una reforma en profundidad de la administración local", aunque -ha dicho- la falta de una mayoría parlamentaria puede frustrar el cambio legislativo.
Mientras tanto, considera que el Gobierno debe plantear "medidas urgentes" para recuperar competencias y permitir que los municipios con superávit presupuestario puedan dedicarlo no sólo a gastos de inversión, sino también a la mejora de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Castelló cerró el ejercicio de 2017 con un superávit de 17 millones de euros. Sin embargo, según el consistorio, las "restricciones" establecidas por el Gobierno del PP han limitado la capacidad de gestión municipal y solo han permitido derivar una parte a las denominadas inversiones financieramente sostenibles, mientras que otra parte del remanente ha sido destinado obligatoriamente a la amortización de la deuda municipal, "que en los últimos tres años ha bajado del 80 al 29% sobre los ingresos corrientes".
