Mientras la Administración amenaza con denunciar si no se celebran las pruebas de reválida, los padres y los sindicatos claman en la calle para evitarlas
VALENCIA. ¿Deberían someterse los alumnos de sexto de primaria a una prueba de evaluación externa a final de curso, tal y como establece la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)? Esta pregunta ha divido a la comunidad escolar. Algunos consideran que se trata de un trámite necesario antes de ingresar en el próximo nivel, mientras que otros piensan que supone un retorno al modelo caduco de pruebas finales (concretamente, el de las reválidas). En este último bloque se encuentran las comunidades autónomas de signo socialista, que han desafiado al Gobierno central con la realización de pruebas alternativas. El PP amenaza con llevarlo a los tribunales.
Cabe destacar que la postura de la Generalitat fue contraria desde el principio. De por sí, la Administración valenciana es partidaria de la derogación de la Lomce, algo que esperan que suceda tras las elecciones del 26J. Mientras tanto, sus esfuerzos se suman a la iniciativa ‘rebelde’ y apuestan por estratagemas para permanecer en la legalidad. “No compartimos las reválidas, pero desde luego siempre hemos cumplido la ley y la queremos seguir cumpliendo”, afirma Miquel Soler, secretario autonómico de Educación.
Por su parte, la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, integrada por varias organizaciones sindicales y asociaciones de padres, se manifestaba ayer en Valencia, precisamente frente a la Delegación del Gobierno, para reivindicar la paralización de la LOMCE. El presidente de FAPA-Valencia, Màrius Fullana, quien se encargó de leer el manifiesto del acto, calificó la norma de "injusta y mercantilizadora”. De hecho, rechaza que tenga “carácter segregador” y “menosprecie de la riqueza lingüística”.
“Consideramos que hemos cumplido la ley; pero si el Ministerio cree que no, PUES ya NOS dirá”
Asimismo, la plataforma aprovechó para prestar respaldo al actual Consell en su defensa de la educación pública. En este sentido, considera "injustificado" el "clima de tensión" actual dadas las protestas de los centros concertados y cree que están dirigidos "de forma interesada" por la patronal. Fullana defiende los cambios “para que todos los centros sostenidos con dinero público tengan un mismo trato", frente a “las políticas neoliberales que han estado aplicándose durante los últimos 20 años" y que han llevado a "favorecer a los centros de la enseñanza privada-concertada”.
Actualmente, la Conselleria de Educación ha optado por plantear una prueba “individualizada” para los alumnos de 6º, a cargo de los propios tutores de los centros y teniendo en cuenta la progresión de todo el curso. “La Ley dice que hay que garantizar la evaluación continua del alumnado, al tiempo que elaborar un informe final individual, y eso es lo que hacemos”, detalla Soler. Desde la Avenida de Campanar se ha enviado una circular a todos los centros explicándoles esta circunstancia. Se adjunta también un modelo de informe y de prueba, “que se ajusta al planteado por el Ministerio”, tras lo que habrá una comisión externa que recogerá los datos y se los trasladará a todas las familias.
“Con todo este procedimiento, consideramos que hemos cumplido la ley; pero si el Ministerio cree que no, ya dirá”, asegura el secretario autonómico. Tampoco parece asustado por la amenaza estatal de plantear una denuncia, ni considera que puedan paralizar sus actuaciones de ningún modo. “Como no envíen aquí al Ejército….”, añade. Además, precisa que las pruebas no se han realizado “de manera estricta” en ninguna autonomía, ya que se han dado dentro de los centros y en condiciones que no son las estipuladas. Solo las comunidades gobernadas por el PP han celebrado este tipo de evaluaciones.