La Audiencia Provincial archiva definitivamente la querella de Torró contra Diana Morant

VALÈNCIA. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha archivado definitivamente el denominado “caso de los despachos” al considerar que no se produjo ningún delito de prevaricación, revelación de secretos, falsedad y coacciones el día en que se produjo la investidura de la actual alcaldesa de Gandia, Diana Morant, y otros miembros del partido. Es más, el auto señala que “la nueva corporación y sus responsables procedieron de manera cautelar y provisional para evitar alteraciones de documentación de la empresa pública” y concreta que “resulta actuación prudente si se pretende asumir la nueva responsabilidad sin cargas desconocidas por su eventual ilegalidad o irregularidad”.

Asimismo, el auto desestima cada una de las denuncias efectuadas en la querella interpuesta por el exalcalde de Gandia Arturo Torró —y cinco de sus cargos de confianza: Cristina Serrano, Lola Moncho, Carlos Moncho, Alba Frasquet y Gonzalo Morant—. En primer lugar, asegura que no se produjo ningún tipo de coacción: “se observa la inexistencia de indicios racionales de los distintos episodios denunciados—la prohibición de acceso del ex alcalde a su despacho—, bien la ausencia de gesto violento ilegítimo de presión”.

También remarca que no se produjo falsedad documental pues en aquél momento la alcaldesa no tenía la firma digital para poder incorporar los Decretos y Órdenes en el sistema “Gestiona” del ente local y “la firma la obtuvo al día siguiente, quedando así justificada la disparidad de fechas entre la manual y la digital”. En cuanto al delito de revelación de secretos, el auto expresa que “no está acreditado que en el fin de semana entre el 13 y el 15 de junio de 2015  se hubiese accedido de forma ilegal a los equipos informáticos de los querellantes ni que se hubiese revelado información alguna”.

Las actuaciones denunciadas se produjeron el 13 de junio, día en que se celebró el pleno de investidura de la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, y tras el cuál se ordenó a agentes de la Policía Local que impidieran subir a miembros del partido popular a las dependencias superiores del consistorio. Según constaba en la primera querella (21 de marzo de 2016), Arturo Torró y el resto de demandantes denunciaron que durante y tras la celebración del pleno de investidura, se impidió el acceso a las dependencias de los ediles salientes y algunos de los empleados públicos. 

 En su denuncia, los denunciantes siempre recalcaron que el decreto de alcaldía fue firmado el 16 de junio, cuatro días después del nombramiento de Diana Morant, por lo que, el impedimento de entrar a las dependencias fue realizado por “personas que nada tenían que ver con el Gobierno Municipal que lo fue hasta ese mismo pleno, sin amparo legal alguno, se encontraban en las dependencias de la Alcaldía del Ayuntamiento revisando y requisando documentos de las mesas y dependencias de la misma”. Así constaba en su denuncia, así como que las acciones, en algunos casos, se realizaron “custodiados por agentes de la autoridad, quienes parecen ser, recibieron órdenes de la Alcaldía o de quién podía serlo, para impedir el acceso a distintas dependencias”.

Dos años más tarde, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Gandia consideró el sobreseimiento provisional de todos los querellados y en relación a todos los delitos: prevaricación administrativa, revelación de secretos, falsificación de documentos públicos y coacciones contra Diana Morant; el secretario municipal, Lorenzo Pérez; el actual coordinador de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, y los funcionarios Vicent Todolí y Vicent Llorens —hoy director general del consorcio de la Marina de València—. Dio por zanjado el asunto de los despachos en dos ocasiones —diciembre de 2017 y el 14 de febrero de 2018—.

Sin embargo, unos días más tarde, el 22 de febrero de 2018, Arturo Torró y el resto de los demandantes, elevó la querella al la Audiencia Provincial de València, que ahora ha desestimado también el recurso. En su auto, confirma todos los términos del auto realizado por el juzgado número 3 de Gandia “manteniendo, en consecuencia, el sobreseimiento provisional de la presente causa”.    

Según ha explicado la alcaldesa de Gandia, el la desestimación del auto por parte de la Audiencia Provincial queda comprobado que “la querella del Partido Popular era un montaje que quería desprestigiarme” y ha destacado que la justicia “ha afirmado que lo que hice fue correcto dadas las circunstancias”. Asimismo, ha resaltado que “el tiempo pone a cada uno en su lugar” y ha insistido en remarcar que “no soy como ellos". He venido a hacer política y a mejorar la vida de los ciudadanos, y con el equipo de gobierno no solo estamos recuperando la reputación económica y moral de este ayuntamiento que el PP ensució y arruinó”