VALÈNCIA, (EP). La Audiencia de Valencia ha confirmado la prisión provisional para el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, fugado y posteriormente detenido en Moldavia, que seguirá en la cárcel hasta la celebración del juicio por la pieza principal del caso Emarsa, que ha sido pospuesto hasta el 2 de mayo, ante el riesgo de una nueva huída del país y por las causas que tiene pendientes.
El juicio por la pieza principal del caso Emarsa, con 25 procesados y un presunto desfalco que ronda los 25 millones de euros, estaba previsto que comenzase este lunes pero ha vuelto a aplazarse hasta el 2 de mayo después de que los abogados de algunos acusados, designados hace apenas un mes por turno de oficio, solicitaran la suspensión al verse indefensos para estudiarse en este periodo de tiempo la extensa causa.
El mismo lunes Jorge Roca, el cabecilla de la trama que ha estado fugado desde el inicio de la causa y fue arrestado hace dos años en Moldavia, pidió su libertad provisional para poder preparar bien su defensa y justificó su huída en que estaba "amenazado" por "personas y entes".
En un auto fechado el 14 de marzo, la Audiencia señala que la medida cautelar de prisión provisional que se dictó para el empresario "no es contraria" a derecho al existir en la causa "constancia de la existencia de indicios de la comisión por el imputado de un delito continuado de malversación de caudales públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Así, ahonda en que en este caso la prisión provisional acordada "se podría conceptuar de libro, pues hace saltar todas las alarmas" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este punto, recuerda que en enero de 2012 se dictó auto de busca, detención y puesta a disposición judicial de Roca Samper, que fue detenido en Moldavia en junio de 2015 bajo otra identidad y extraditado posteriormente a España, dictando un acto de prisión en abril de 2016.
"No se prueba arraigo alguno en España, se exponen amenazas que le obligaron a salir de España, amenazas que ni siquiera de forma indiciaria han sido probadas, ni denunciadas, y de mantenerse quizás le obligarían a escapar de nuevo, como hizo en su día hace años", destaca el auto.
Además, señala que Fiscalía pide para él una pena de ocho años de prisión, además de indemnización, conjunta y solidariamente junto al resto de acusados en la causa, de 12,6 millones de euros a la EPSAR y de 4,56 millones a la EMSHI.
Se trata de una "elevada pena" que sirve como "obstáculo a la concesión de la libertad", al tratarse de una pena que "en sí misma ya conlleva un riesgo de fuga de un acusado que no ha tenido problemas para evadirse de España, residir en varios países europeos, incluso llegando a ser juzgado por la comisión de actividad delictiva en alguno de ellos, al menos en Moldavia, donde cumplió pena", lo que denota "el claro potencial evasor del mismo".
"Maneja sin pudor documentos de identificación falsos y, a mayor abundamiento, no es la presente la única causa penal que tiene abierta en España", agrega la Audiencia, que por todo ello acuerda desestimar la petición de libertad provisional realizada por su abogado.
