La Audiencia Nacional admite el recurso de la Comissió Ciutat-Port contra la resolución sobre la competencia de la DIA

VALÈNCIA. (EP) La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comissió Ciutat-Port contra la resolución aclaratoria de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Miteco que apunta a que la competencia para solicitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación del Puerto de València es de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

La plataforma ciudadana recurrió inicialmente en vía administrativa ante el propio Ministerio "sin obtener respuesta", por lo que decidieron acudir a los tribunales frente a una resolución que califica de "nula de pleno derecho" y "dictada en fraude de ley", según ha indicado en un comunicado.

Conforme a lo decretado por la Audiencia Nacional, el Miteco dispone de un plazo de 20 días para remitir el expediente administrativo que dio lugar a la aprobación la resolución, para ponérselo de manifiesto a la asociación Per l'Horta, que suscribe el recurso en nombre de la Comissió, con el fin de que puedan formalizar su demanda.

En concreto, la Comissió Ciutat-Port califica de nula de pleno derecho esta resolución ministerial por "haberse dictado contraviniendo lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos, establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y suponer un fraude de la legislación ambiental".

Portavoces de la plataforma han criticado que "pretender operar un cambio de titularidad de competencias en materia de evaluación ambiental con efectos retroactivos y con absoluto desprecio de las normas, que permiten a la administración volver sobre sus propios actos, solo puede ser calificarse como una decisión nula de pleno derecho".

Tanto el recurso en vía administrativa como en el proceso judicial que ahora se inicia estos colectivos llaman la atención sobre el hecho de que "se pretenda, 14 años después de su publicación, modificar la DIA de 2007 para dar cobertura a la pretensión de la entidad pública estatal Puertos del Estado y del propio MITECO de eludir sus responsabilidades de dirección, coordinación y control sobre la macroampliación del puerto de València que impulsa la APV".

"Puertos del Estado no puede hacer dejación de sus responsabilidades como entidad pública a la que corresponde la dirección superior y coordinación general de actuaciones en materia de puertos de interés general del Estado, dejando en manos de la misma APV que promueve la macroampliación la decisión sobre si procede o no la evaluación ambiental de su propio proyecto. Estamos frente a un auténtico fraude de ley", ha sostenido la Comissió.

La plataforma expresa su "confianza en sus argumentos jurídicos que permitirán a la Audiencia Nacional examinar la conformidad o no a derecho de la resolución ministerial", así como en la designación de Lourdes Sanz Calvo como magistrada ponente para el examen del recurso, "dada su trayectoria y experiencia en el examen de asuntos medioambientales".

La Comissió ha avanzado que, abierto ya el proceso judicial, estudiarán la posibilidad de solicitar de la Audiencia Nacional que suspenda la eficacia de la resolución ministerial recurrida hasta tanto recaiga sentencia definitiva.

La Comissió denuncia que la Autoridad Portuaria "pretende adjudicar la explotación de las nuevas instalaciones a favor de una empresa privada que sería la principal beneficiaria de unas obras que comprometen el futuro del litoral sur valenciano y amenazan la supervivencia de la misma Albufera según han denunciado repetidamente numeroso expertos y académicos".

Las obras "de las que Puertos del Estado y el MITECO pretenden desentenderse", según la plataforma de colectivos sociales, "vulneran las autorizadas en la DIA de 2007 no solo por el volumen de materiales de relleno que se proyecta emplear", que supera en casi cuatro millones de metros cúbicos los contemplados en la solución autorizada en 2007, sino "también por la demolición de un contradique y muelle de cruceros, incremento del consumo de recursos naturales y el incremento de y en zonas exteriores a la dársena actual con el consiguiente efecto negativo sobre las playas del sur ya detectados durante estos años".

Además, ha denunciado que la APV "ya está actuando de hecho al margen de la autorización contemplada en la DIA de 2007 al anticipar actuaciones con repercusión directa más allá del área de afección inicial y que no aparecían en el Estudio de Impacto Ambiental que sirvió de base a la DIA de 2007".

Cita como "más llamativa" la "demolición de los muelles de cruceros" que ha dado lugar a la convocatoria de otro concurso público para el otorgamiento de una nueva "concesión para la construcción y explotación de una terminal pública de pasajeros en el puerto de Valencia" en un nuevo emplazamiento, "fuera del ámbito incluido en la DIA originaria, sin que se haya procedido a una nueva evaluación ambiental".

"Esta actuación ha comportado además el dudoso rescate de antiguas, y potencialmente caducadas, concesiones a una mercantil que hacía años que nos las operaba, con el pacto de un pago en especie consistente en un nueva concesión sobre otros terrenos portuarios y la posibilidad de construir un edificio de oficinas de trece alturas", ha añadido.

La plataforma ha incidido en que la propia APV tuvo que revocar esta operación "por recomendación de la Abogacía del Estado y la denuncia de la Comissió Ciutat-Port ante la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que mantiene abierta una investigación al respecto".