La Audiencia Nacional basa un nuevo proceso a Camps en su "relación de amistad" con 'El Bigotes'

VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps se enfrenta por cuarta vez a un auto de procesamiento. Por ahora, Camps ha salvado tres bolas de set judicial. La primera con su absolución en el juicio por cohecho pasivo impropio tras supuestamente recibir varios trajes de regalo por parte del grupo Correa, en el caso Gürtel. La segunda, con el archivo del caso Valmor relacionado con la Fórmula 1, recurrido por la Generalitat, y la tercera, aunque aún no definitiva, con la petición de la Fiscalía Anticorrupción del archivo en la causa que investiga los supuestos amaños en los contratos para la construcción del circuito urbano de Fórmula 1.

En este cuarto match ball, el magistrado instructor de la pieza que investiga los contratos de la Generalitat con la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009, José de la Mata, ha decidido procesar al expresidente. Todo viene derivado de las declaraciones que se hicieron en el juicio por la presunta financiación irregular del PPCV en la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional.

El magistrado ha tomado esta decisión después de casi un año de investigación y tras citar a declarar al propio Camps y otros supuestos implicados en el presunto amaño. Aunque la Audiencia Nacional ordenó reabrir esta pieza para investigar a Camps en septiembre del año pasado, no fue hasta mediados de diciembre cuando De la Mata decidió imputarle formalmente por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración. Finalmente, el juez ha decidido procesarle solo por prevaricación, aunque "sin perjuicio de ulterior calificación".

De la Mata basa su acusación en que uno de los cabecillas de la trama beneficiada por los contratos, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', era amigo personal de Camps. De hecho, unas grabaciones realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), en las que se escuchaba al expresidente llamar a Pérez "amiguito del alma" llevan diez años haciendo correr ríos de tinta. Camps afirma que solo era una expresión cariñosa acorde con su carácter y Pérez dice que eran "super colegas del alma". Y es esta encrucijada la que resuelve el auto, para bien de Pérez y mal de Camps.

"Te quiero, amigo"

Sobre la participación de Camps en este caso, dice el juez que "tenía una relación personal de amistad y de confianza con 'El Bigotes'. Esta relación era profesional, y en este ámbito comenzó al menos desde 2003, con los primeros actos del Partido Popular de los que se encargó Pérez para la Comunidad Valenciana, y era también "una relación personal y familiar con alto grado de amistad y de confianza".

Y en cuanto a esa relación de amistad, esa relación del "amiguito del alma" que salió en una de las escuchas telefónicas de la UDEF, asegura el juez que hay varias declaraciones que la sustentan. La primera, la de la trabajadora de Orange Market (OM) Isabel Jordán, quien afirmó que "vio personalmente a Camps abrazar al 'Bigotes', diciéndole te quiero, amigo", que los escuchó a ambos hablar en términos "personales", y que "al menos en una ocasión" lo acompañó a la farmacia de la mujer del expresidente.

Mónica Magariños, también vinculada a OM, sustentó lo dicho por Jordán, pues afirmó en su declaración, y el magistrado la asume, que "Pérez se trasladó a València porque Camps se lo pidió, que había una relación personal de amistad, que iba constantemente a la farmacia de su mujer, que acompañó varias veces a Pérez a casa de Camps y que el expresidente estuvo en la boda de 'El Bigotes'".

A lo que el juez añade "dos episodios singulares". El primero, que Magariños vio a Camps abrazar y besar a Pérez mientras le decía "muchas gracias, tío, te quiero mucho, muchas gracias por todo lo que haces por mí"; el segundo, que en febrero de 2005 estuvo en el Club de Tenis Valencia con Jordán y con Pérez, y viendo como este último mantenía una conversación con Camps, al regresar decía que le había indicado que se ocuparía del Open de Tenis de ese año. De lo que el magistrado extrae que "coincide esta tesis exactamente con la relatada por Jordán y con los hechos ratificados por Pérez, e incluso por Pablo Crespo".

La reapertura

El juez José de la Mata explica en su auto de procesamiento que el caso se reabrió por "las revelaciones que, supuestamente, tuvieron lugar durante la práctica de la prueba del juicio celebrado entre los meses de enero y mayo de 2018 ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional", es decir, el caso que juzgó y condenó la financiación irregular del PPCV.

En aquel juicio se vertieron declaraciones sobre las irregularidades con Orange Market, la empresa del tridente corrupto, el Grupo Correa. Y se dijo por parte del juez que se debía investigar si había alguien superior a la directora general Promoción Institucional, Dora Ibars, que hubieran ordenado dichos actos.

Entre las revelaciones que el juez utiliza para el procesamiento menciona dos escuchadas en el juicio. La primera, "la contratación directa por parte de Dora Ibars, en el ejercicio de su cargo, de Orange Market en 2004, para la elaboración de la Guía de Comunicación de la Comunitat Valenciana y de un pendrive que se iban a utilizar como regalo institucional". Y que, "para sustraerse al control administrativo requerido por el importe del contrato, las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por OM, de casi 90.000 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96".

En segundo lugar, "la participación de OM como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para Grandes Eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales pertenecientes a la Comunidad Valenciana, a los que se obligaba a contratar con OM. Donde, de nuevo, para eludir los controles legales de los contratos públicos se acude al fraccionamiento de contratos".

Y es, sobre esa base, que se investigó a Camps, ya que había que buscar que "otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada (Ibars), las primeras autoridades, y terceras personas, participaron de modo decisorio en esta adjudicación". Y que todo ello vino supeditado a las declaraciones de los cabecillas de la Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, así como a lo dicho por el que fuera secretario general del PPCV y mano derecha de Camps Ricardo Costa.

Estos cuatro dijeron que "la contratación directa de OM por la Administración Valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podía ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana que estaban pendientes de cobro".

El procesamiento de Camps

El magistrado hace un relato concienzudo de la participación de Ibars. Una vez hecho, entra al por qué del procesamiento de Camps, más allá de su relación de amistad anteriormente mencionada, bajo el epígrafe de "Francisco Camps en los hechos".

Sobre el cargo de Ibars, y su relación con Camps, explica que, "conforme al Reglamento Orgánico y funcional de la Presidencia de la Generalitat y de la Conselleria de Presidencia (Decreto 115/07 de 27 de julio), la Dirección General de Promoción Institucional pasó a ser uno de los centros directivos bajo la autoridad del presidente", hecho que ratificó la que fuera secretaria autonómica de Comunicación y exconsellera Paula Sánchez de León.

Sobre la deuda con OM, que supuestamente pagaron de diversas formas, entre ellas el contrato a 'dedo' de Fitur, dice el magistrado que Camps "estaba plenamente al corriente de la existencia de la deuda así como, también, de los dos procedimientos que se implementaron para pagarla", y añade que "estuvo directamente relacionado con la contratación de Orange Market por el PPCV para todas las actividades relacionadas con la campaña electoral", pues fue él quien decidió que Pérez se fuera a vivir a València.

El magistrado afirma que "Existen indicios que permiten afirmar que Camps actuó para favorecer a Pérez y su empresa en determinadas adjudicaciones: de un lado por su grado de amistad con él; de otro, para calmarle ante los continuos requerimientos de 'El Bigotes" (presionado por Crespo y Correa), para que saldara la cada vez más voluminosa deuda del Partido Popular con OM, que no era abonada, lo que creaba una situación difícil para la subsistencia de la empresa".

Y como conclusión dice: "Procede determinar si ha quedado acreditado en la investigación que Dora Ibars recibiera indicaciones para adjudicar la contratación del stand de Grandes Eventos de Fitur 2009 en los términos que se hizo" porque aunque no hayan documentos que lo acrediten, eso "no significa, como pretende (Camps), que no haya quedado acreditado en la causa, a los únicos efectos y con la entidad que reclama esta concreta resolución en esta fase procesal, que Camps no proporcionara tales instrucciones directas e interviniera en el direccionamiento de ese contrato a favor de Orange Market".