Juicio en la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Fernando VillarVALÈNCIA. Apenas cuatro días les ha durado la alegría a la veintena de antiguos miembros no ejecutivos del Consejo de Administración de Bancaja procesados en el caso Grand Coral. El pasado miércoles, 14 de noviembre, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaraba la nulidad del auto de la jueza de Instrucción número 3 Carmen Lamela de 31 de julio, en aquella parte en la que decidía continuar el procedimiento contra al menos cuatro exconsejeros. Las notificaciones empezaron a llegar a los abogados el jueves y viernes y continuaron llegando este martes, pero, para sorpresa de abogados y acusados, en sentido contrario a las primeras.
Como publicó Valencia Plaza el pasado sábado, fuentes de las defensas afirmaron que desde la Audiencia Nacional extraoficialmente se les había transmitido que el mismo miércoles se había tomado una decisión sobre todos los recursos, ya que todos tenían el mismo argumento: los entonces consejeros, que no trabajaban en la entidad sino que acudían una vez al mes al Consejo de Administración, se limitaron a aprobar unas operaciones que habían sido supervisadas y recomendadas por los expertos de la entidad y el Comité de Riesgos. Dado que no eran consejeros ejecutivos, consideraban que ningún reproche penal podía tener su conducta.
Así lo creyó también la Audiencia Nacional, como refleja uno de los autos que este periódico pudo consultar, que corresponde a los exconsejeros Manuel Escámez (expresidente de la Bolsa de Valencia) y Vicente Montesinos. En él, las tres magistradas de la sección cuarta de la Sala de lo Penal afirman que "las imputaciones realizadas sobre la participación delictiva de los recurrentes no están sustentadas en datos contrastados que no sean el votar a favor de la propuesta de inversión analizada por los expertos", por lo que decidían "declarar la nulidad del auto" en la parte que suponía continuar las actuaciones respecto a estos dos consejeros.
Según la Sala, estas alegaciones "y la falta de una fundamentación del auto impugnado suficiente" permite llegar a la conclusión de "declarar la nulidad" de esa parte del auto. Contra esa resolución no cabe recurso ordinario.
La sorpresa y la decepción se adueñaron de los consejeros que esperaban recibir durante estos días una respuesta a su recurso en la misma línea. Según confirmaron a Valencia Plaza varios exconsejeros o sus abogados, los imputados están recibiendo una respuesta en sentido contrario a pesar de ser su situación idéntica a la de los que la recibieron la semana pasada. A diferencia de los primeros, fechados el 14 de noviembre, los nuevos autos llevan fecha del 16.
Es decir, que la Audiencia Nacional confirma la permanencia de este segundo grupo de exconsejeros en el procedimiento abreviado que culminó el pasado 8 de noviembre con un auto de apertura de juicio oral. En él, el juez Diego de Egea –que sustituyó a Lamela– procesaba a un total de 48 personas entre directivos de Bancaja y su filial Banco de Valencia y empresarios por las operaciones inmobiliarias que realizaron en México y que habrían causado un agujero de 750 millones de euros a Bancaja y su filial Banco de Valencia. En conjunto, De Gea les imponía unas fianzas de responsabilidad civil que suman más de 1.437 millones de euros.
Valencia Plaza trató este martes de obtener una explicación de la Audiencia Nacional, pero no fue posible.
Además de Montesinos, Escámez y las otras dos exconsejeras que fueron excluidas del caso, Ana María Torres y Rocío Peramo, los miembros no ejecutivos que se enfrentan a 2 años de prisión y más de 300 millones de ineuros por apropiación indebida, son Ángel Villanueva, Josefa Martí, José María Catalunya (exsecretario de Finanzas del PSPV), Eduardo Montesinos (director general de Trabajo en el Gobierno de Lerma), Ángel A. Alvárez, Rafael Ferrando (expresidente de Cierval), Francisco V. Gregori, Ana Llanos Herce, Teresa Montañana, Ernesto Pascual, Remigio Pellicer, Juan A. Pérez Eslava, Matilde Soler, Isaïes Fayos, Héctor Ferras, Carmen Hernández y Francisco E. Villena.
Según sostenía la magistrada Lamela y recoge entre 2005 y 2009, Bancaja –integrada en Bankia– y Banco de Valencia –comprado por CaixaBank– participaron en inversiones inmobiliarias "diversas y de una enorme magnitud económica" en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Corald.
Según la magistrada, "los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch", beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros.
En ese momento, las entidades estaban presididas por José Luis Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, todos ellos procesados.
La operativa se llevó a cabo de cinco operaciones: los proyectos Emerald, Zacatón, Piedras Bolas y Vinoramas; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó.
Según el auto de procesamiento, toda esta operativa estaba "realmente" dirigida "desde dentro" de las entidades porque a Izquierdo y Parra "les guiaban espurios intereses económicos" conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la "postura consentidora" de Olivas, entre otros.
Sobre el expresidente valenciano, el auto explica que "conoció y alentó las inversiones millonarias" que se estaban realizando en Grand Corald, lo que entiende como un "continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó", de tal manera que éstos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, le pagaron hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.
