José Luis Olivas. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA/MADRID (VP/EP). El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha abierto juicio oral contra el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas; el exconsejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra; y el exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo por apropiación indebida y administración desleal en las inversiones inmobiliarias que las entidades financieras que dirigían realizaron en México a través del Grupo Grand Coral.
La Fiscalía solicita 6 años de cárcel para cada uno de ellos y les requiere, junto a otros procesados entre los que también se encuentran los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, que en el plazo de 24 horas presten, de forma conjunta y solidaria, una fianza de de 639.268.905 euros. También responden de esta fianza Alfonso Monferrer, Juan Poch, Fernando Rodríguez, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt.
En el caso los acusados Aurelio Izquierdo y Domingo Parra, el juez también añade el delito continuado de blanqueo de capitales. Entre los acusados por el juez también figuran los empresarios Eugenio Calabuig y Vicente Llácer, para quienes la Fiscalía reclama una pena de 3 años de cárcel y una multa de 88 millones de euros como cooperadores necesarios de un delito de blanqueo de capitales. El Ministerio Público reclama también 2 años de prisión para el ex vicepresidente de Banco de Valencia, Antonio Tirado, acusado por el juez como cooperador necesario de los delitos de apropiación indebida y administración desleal para el que la Abogacía del Estado eleva la petición de condena a 3 años.
En un auto dictado el pasado 8 de noviembre, el magistrado procesa a un total de 48 personas entre directivos de las entidades financieras y empresarios por las operaciones inmobiliarias que realizaron en México y que habrían causado un agujero de 750 millones de euros a Bancaja y su filial Banco de Valencia. En conjunto, De Gea les impone unas fianzas de responsabilidad civil que suman más de 1.437 millones de euros.
Además de los mencionados 639.268.905 euros para asegurar las posibles responsabilidades de Olivas y varios de los acusados, a José Cortina Orrios y Rafael Tomás Codoñer Seguí, el juez les requiere igualmente 406.160.000 euros, mientras que para el resto de acusados –otras 35 personas entre los que se encuentran empresarios y ex integrantes de los órganos de gobierno de las entidades financieras– se fija una fianza en los mismos términos por una cantidad de 392.360.000 euros.
Se trata de Julián Dolz García, Manuel Setién Zuriaga, Antonio Paños Picazo, José Vicente Giner Ponce, Juan Carlos Zafrilla López, Juan Miguel Boluda González, José Fernando García de la Checa, Arturo Alario Mifsud, Joan Miquel Prats, Carlos Beamonte Nicolás, Alejandro Silva Taboada, Ángel D. Villanueva Pareja, Antonio José Tirado, Josefa Martí, José María Catalunya, Eduardo Montesinos, Vicente Montesinos, Ángel Abilio Álvarez, Manuel Escámez, Rafael Ferrando , Francisco V. Gregori Gea, Ana Llanos Herce, María Teresa Montañana, Ernesto Pascual, Remigio Pellicer, María del Rocío Peramo, Juan Antonio Pérez, Matilde Soler, Ana María Torres, Isaïes Fayos, Héctor Ferras, Carmen Hernández, Francisco E. Villena, Vicente Llacer y Eugenio Calabuig.
El auto recoge los escritos de acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Bankia Habitat y Banco de Valencia (Caixabank) y da un plazo de diez días a las defensas para que presenten sus escritos de conformidad o disconformidad y señala a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento.
Según el relato de los hechos que hacía la juez Carmen Lamela, que fue la magistrada que procesó a los 48 directivos el pasado mes de agosto antes de que De Gea asumiera el Juzgado Central de Instrucción número 3, entre 2005 y 2009, Bancaja –integrada en Bankia– y Banco de Valencia –comprado por CaixaBank– participaron en inversiones inmobiliarias "diversas y de una enorme magnitud económica" en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Corald.
Según la magistrada, "los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch", beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros.
En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, todos ellos procesados.
La operativa se llevó a cabo de cinco operaciones: los proyectos Emerald, Zacatón, Piedras Bolas y Vinoramas; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó.
Según el auto de procesamiento, toda esta operativa estaba "realmente" dirigida "desde dentro" de las entidades porque a Izquierdo y Parra "les guiaban espurios intereses económicos" conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la "postura consentidora" de Olivas, entre otros.
Sobre el expresidente valenciano, el auto explica que "conoció y alentó las inversiones millonarias" que se estaban realizando en Grand Corald, lo que entiende como un "continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó", de tal manera que éstos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, le pagaron hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.
A lo largo de la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 3 se ha determinado que los consejos de administración de Bancaja permitieron las operaciones "en claro menoscabo de la entidad", con múltiples irregularidades y la ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, "constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Corald, lo que se valora en 750 millones de euros".
Asimismo, durante la instrucción se pudo determinar una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta de la empresa Summerville, en la que se recibieron 16 millones de dólares de la "injustificable plusvalía" de la operación Zacatón y Piedras Bolas, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.
Por este motivo, la Fiscalía pide para Parra e Izquierdo 12 años de prisión por los presuntos delitos de apropiacion indebida y blanqueo de capitales, los mismos que para los empresarios Ferri, Baldó y Poch, mientras que a Olivas le atribuye sólo el primero de los delitos y solicita para él 6 años de cárcel. Para los otros 42 procesados, el Ministerio Público reclama penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión.
