MADRID (EFE). El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno instruirá el caso contra los máximos responsables del banco chino ICBC en España, al considerar que el presunto delito de blanqueo que se investiga, cifrado en más de 90 millones de euros, ha perjudicado seriamente a la economía española.
Así lo dicta el magistrado en un auto en el que estima las valoraciones de la Fiscalía Anticorrupción y acepta la competencia de la Audiencia Nacional en el proceso tras la inhibición el pasado 16 de abril del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid), encargado hasta ahora de la investigación.
En el escrito, el juez recoge el informe remitido por el fiscal, que coordina la operación desde el pasado febrero, y en el que describe el modus operandi seguido por los seis directivos investigados -antes imputados- por crear una estructura de blanqueo "consumada" desde el establecimiento del banco en España en 2011.
Desde entonces, relata Anticorrupción, el modelo de negocio se dirigió a captar el efectivo de compatriotas que acudían a la sucursal de la calle Recoletos en Madrid "portando en mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivos para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China".
Este "canal de blanqueo" habría sido puesto al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos, entre ellas las investigadas en las operaciones "Emperador" y "Snake" (Serpiente), en la que fueron detenidas 31 personas e imputadas otras 47, en mayo de 2015.
El director general de la sucursal en Madrid, Wei Liu, su adjunta, Xiuzhen Wang, el director general del ICBC Europa, Liu Wang y los directivos Jing Wang Huang, Chen y Dayan Li, favorecieron, según el fiscal, ingentes transferencias entre 2011 y 2014 por importe de 90 millones.
Unos "masivos abonos" que el ICBC procuraba ocultar "troceando" las cantidades en importes inferiores al umbral de los 50.000 euros, límite a partir del cual la ley española exige la declaración de bienes en el extranjero, con el fin de "ocultar los flujos de salida al exterior a las autoridades supervisoras".
Anticorrupción señala además que la entidad, en sus dos únicas sedes en Madrid y Barcelona, ocultó a las autoridades policiales y judiciales, de forma premeditada, la información bancaria de 78 clientes investigados, mientras que en otras ocasiones, ofrecían facturas con fecha anterior a los hechos en cuestión o cuyos adeudos no se recogían en los movimientos de la cuenta.
Asimismo, denuncia que la identificación de los clientes "era mínima" hasta el punto de aceptar la actuación de testaferros, un ilícito agravado dada la obligación de vigilancia y preservación de la normativa bancaria en materia de prevención del blanqueo.
Por todo ello, el fiscal apoya la inhibición de la juez de Parla, ahora refrendada por la Audiencia Nacional, y cierra la puerta a que las defensas puedan alegar una falta de competencia de la sala al tratarse de conductas de blanqueo cometidas fuera de España, ya que en estos delitos prima la aplicación de la justicia universal.
Argumentos que ahora son admitidos por el titular del juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional al existir indicios de conductas que "han perjudicado seriamente" tanto al orden socioeconómico como a la economía española.
