La crisis de À Punt, portada de mayo en la revista Plaza
La crisis de À Punt, portada de mayo en la revista Plaza
Por
| 15/05/2019
VALÈNCIA (EP/VP). Nuevo retraso en el juicio sobre la legalidad de las bolsas de trabajo de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), recurridas a finales de 2017 por la Unió de Periodistes Valencians y la Asociación de la Prensa de Alicante y que la Justicia aún no ha podido estudiar debido a las maniobras dilatorias de los abogados de los sindicatos y la Generalitat.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional decidió este martes suspender el juicio previsto para estudiar si es competente para pronunciarse sobre la demanda de la Unió de Periodistes y la Asociación de la Prensa de Alicante contra el baremo aplicado en las bolsas de trabajo de À Punt. Lo hizo después de que la Abogacía de la Generalitat mostrara sus dudas sobre si el competente es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Según ha informado la Unió de Periodistes, la Generalitat no ha comunicado a los 400 trabajadores contratados la posibilidad de personarse en el procedimiento como perjudicados, como solicitó esta asociación profesional en su demanda hace dos meses. Además, el expediente completo no les fue solicitado a los demandantes hasta este lunes.
La nueva demanda fue interpuesta por la Unió de Periodistes Valencians como consecuencia de la decisión de la titular del juzgado de lo Social número 5 de València, que se declaró incompetente, en contra del criterio de la abogada de la asociación profesional y del Ministerio Fiscal.
Según la información que la Unió de Periodistes ha facilitado a sus socios, la Audiencia ha decidido suspender el acto para resolver sobre si es competente o no en esta causa. Si la sala de lo social se declara competente, habrá juicio y, en caso de no hacerlo, la cuestión se elevará al Tribunal Supremo para que se pronuncie al respecto.
Si finalmente la Audiencia decidiera seguir adelante con el procedimiento, se comunicaría a los trabajadores ya contratados la posibilidad de personarse en el procedimiento como perjudicados, "lo que ya había pedido la abogada" de la Unió en la demanda "pero que el ente nunca comunicó a sus empleados", de acuerdo a la misma información.
En todo caso, según la Unió de Periodistes, el Ministerio Fiscal ha comunicado a los abogados de las partes que defenderá que el baremo es "discriminatorio" para los no extrabajadores de la extinta radiotelevisión pública valenciana Canal 9.
La crisis de À Punt, portada de mayo en la revista Plaza
A lo largo de su mandato, Costa lo apostó todo por la audiencia, pero sin un respaldo presupuestario ni burocrático, no ha habido modelo que asentar sino situaciones que amortiguar