MADRID (EFE). La Audiencia Nacional investiga a la excúpula de Sa Nostra, entre ellos al ex director general Pere Batle, por presunto delito societario, apropiación indebida y blanqueo, a raíz de varias operaciones de financiación que habrían ocasionado un perjuicio millonario a la caja ahora integrada en BMN.
Las pesquisas también se dirigen contra el que fuera director general adjunto de la entidad Pablo Dols, el subdirector general, Rafael Oliver, así como otros integrantes de la Comisión Ejecutiva, dada su facultad para aprobar éstas "sin valoración real de los riesgos y con ausencia de elementales medidas de protección del patrimonio" de la caja balear.
Fuentes jurídicas han confirmado a Efe que la causa, compuesta de dos piezas y que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, se encuentra bastante avanzada y que ya han sido citados como testigos varios responsables de BMN -que agrupa a Sa Nostra con Caja Murcia y Caja Granada- incluido su presidente Carlos Egea, que declarará el 25 de enero.
Ese mismo día también lo hará el director de gestión de proyectos de BMN, Ángel Gil Sevillano, después de que el magistrado haya tomado declaración a la veintena de directivos investigados, los cuales se han desmarcado de los hechos denunciados por la Fiscalía en sendas querellas.
La pieza principal investiga la relación de la caja con el Grupo Martín Gual, por operaciones que causaron un perjuicio económico "que oscila entre 48 y 50 millones de euros", detectadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que en 2015 puso cinco expedientes en conocimiento de la justicia. Según Anticorrupción, los órganos de la caja, mostraron desde 2005 y "con incremento de la actividad entre 2008 y 2010", un control "deficiente" en un contexto de "mala situación financiera y sin garantías de la financiación concedida, a precios desproporcionados para el tipo de suelo adquirido y sin valoración externa en la compra de participaciones sociales".
La fiscal remite al informe elaborado por el Banco de España, que evidencia que las operaciones, algunas destinadas a la compra de fincas en Son Morlà, Son Morlanet y Son Bordoy (Palma) se hicieron sin "certeza de la solvencia del deudor" ni seguimiento del riesgo, lo que permitió que las sociedades vinculadas al grupo "no pudieran cumplir con sus compromisos de pago". De igual modo, destaca la "asimetría de las financiaciones", de las que se habrían desviado 23,8 millones de euros, ya que, de sufrir pérdidas, éstas serían soportadas "prácticamente en su totalidad" por la caja.
Un relato similar al contenido en la segunda querella, presentada el pasado febrero, por las presuntas irregularidades en operaciones realizadas por Sa Nostra siempre a través de su filial inmobiliaria Invernostra, con Sotohermoso, en las que "se permitió que se produjera un desvío de partes de los fondos a fines ajenos", cuantía que los informes fijan en 33,6 millones de euros. Al respecto, continúa el escrito, las inspecciones del Banco de España ya manifestaron en 2009 "deficiencias en el control del riesgo de crédito", de las que la Fiscalía responsabiliza a la Comisión Ejecutiva de Sa Nostra y al Consejo de Administración de Invernostra, al ser los dos únicos órganos con facultades en la aprobación de unas operaciones que, en algunos casos, fueron adoptadas por la vía de urgencia.
Junto al resto de "debilidades genéricas", el análisis, que se hizo extensible a Sotohermoso, constató que la financiación a las sociedades participadas "no estaba debidamente informada al Comité de Inversiones ya que las características de las operaciones se discuten y se aprueban en los Consejos de las filiales".
En este marco, como adelantó el diario El Mundo, la Fiscalía resalta el papel desempeñado por Batle, Dols y Oliver, quienes además de sus respectivos cargos formaron parte del Comité de Seguimiento de Riesgos sin que ello evitara que se produjeran, entre otras, refinanciaciones por importes "continuamente excesivos". En la causa también figura la propia BMN, en calidad de acusación particular y a la que Anticorrupción apunta como posible perjudicada dado el esfuerzo por "minorar las pérdidas" que tuvo que hacer la entidad tras el proceso de fusión fría de 2010, a consecuencia de la "enorme carga financiera" de Sa Nostra. A tenor del peritaje realizado por la auditora PwC y que obra en el procedimiento, el perjuicio sufrido "de manera directa" por BMN asciende a 64 millones de euros únicamente en el caso de las fincas en Baleares.
