La Audiencia Nacional juzga desde el martes al exconsejero delegado de Banco de Valencia

VALÈNCIA/MADRID (EFECOM). La Audiencia Nacional juzga desde el martes al ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra por presunta administración desleal en la concesión de un préstamo promotor de 4,9 millones de euros, que finalmente no fue devuelto, a la sociedad Pegoliva, a la que estaba "vinculado económicamente".

La Fiscalía Anticorrupción solicita para él tres años y medio de prisión y una indemnización de 510.000 euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que en 2013 inyectó 4.500 millones de euros de capital público a la entidad levantina, adquirida por CaixaBank.

Al margen de Parra, figuran como responsables a título lucrativo otras cinco personas, entre las que se encuentra la esposa del exdirectivo del Banco de Valencia, María José Aznar, titular de hasta el 27% del capital social de una de las sociedades a las que se habría destinado este dinero.

Según consta en el escrito del Ministerio Público, Parra "realizó unilateramente y en perjuicio de los intereses de la entidad disposiciones de fondos por encima de lo estipulado y en contra de los criterios del Departamento de Riesgos".

Además, "autorizó personalmente un préstamo ICO prescindiendo de las garantías personales que habrían posibilitado su recobro", todo ello en "detrimento" de los intereses del banco.

En concreto, señala la Fiscalía que entre 2007 y noviembre de 2010, Pegoliva disponía del préstamo "conforme a lo estipulado y autorizado por el Comité de Riesgo"; sin embargo, fue a partir de finales de ese año cuando Parra, "utilizando los poderes de los que disponía", optó por beneficiar a la empresa "a la que le unían intereses económicos y de amistad".

Entre las irregularidades que se le atribuyen, el ex consejero delegado habría autorizado personalmente en aquellas fechas la disposición de 60.000 euros "de forma unilateral y contraria a lo estipulado".

Una cuantía que defendió que "se normalizaría con el préstamo ICO que se iba a concertar en las horas próximas", que sirvió para atender un pagaré de 32.000 euros y "evitar el descubierto en la cuenta" de la promotora, prosigue Anticorrupción, que relata que para finales de 2010 "los límites del préstamo estaban superados".

Advertencias del comité de riesgos

Meses más tarde, en marzo de 2011, el Banco de Valencia concedió la mencionada línea ICO a Pegoliva, que a pesar de las advertencias del Comité de Riesgos, no tuvo que aportar garantía personal alguna "por orden expresa y unilateral de Parra".

De los 360.000 euros de este préstamo, 330.000 fueron destinados a Edioliva, igualmente en manos de la familia Pons Sivera y en la que no sólo tenía suscrito capital su mujer, María José Aznar, sino también el propio exdirectivo del banco, que a finales de 2011 vendió sus 2.430 participaciones por un euro a otra sociedad vinculada.

Sin embargo, ni el préstamo promotor ni la línea de liquidez fueron reintegradas al Banco de Valencia, que en 2012 calificó los calificó como morosos.

A cierre de dicho ejercicio, el saldo pendiente de devolución era de 3,5 millones de euros, el cual fue cedido por 1,5 millones al banco malo, Sareb.

El pasado 10 de enero concluyó otro de los procedimientos en los que Parra figura como acusado, el de las tres macrooperaciones inmobiliarias que habrían causado un perjuicio de 160,5 millones de euros al banco y en el que se enfrenta a penas que oscilan entre cuatro y seis años de prisión.

También se sentará en el banquillo a partir de febrero por supuesta administración desleal en operaciones con la empresa Maremar en 2007.

De momento, el juzgado Central de lo Penal será el encargado de enjuiciar la vista por Pegoliva, que se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y que está prevista, al menos, hasta el próximo viernes.