La Audiencia Provincial de València resolvió 19.384 asuntos en 2019

VALÈNCIA. La presidenta de la Audiencia Provincial de València, Esther Rojo, aportó esta semana los datos de los asuntos que entraron en las diferentes secciones de la AP durante el año 2019. Según esos datos, las diferentes secciones resolvieron la friolera de 19.384 asuntos.

De ellos 12.040 lo hicieron las secciones penales, de la primera a la quinta, y 8.822 fueron autos y 3.218 sentencias.  La sección que más sentencias puso fue la cuarta con 697, mientras que la que menos fue la primera con 557. Sin embargo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial emitió casi el triple de autos que las demás con 3.655 mientras que las demás firmaron 1.316 la segunda, 1.264 la tercera, 1.151 la cuarta y 1.436 la quinta. Hay que tener en cuenta que la Sección Primera, de la que Rojo es presidenta, es la encargada de resolver todos los asuntos de violencia de género.

En cuanto a las secciones civiles, la carga de resoluciones se invierte con respecto a la jurisdicción penal. Las seis secciones civiles emitieron 5.018 sentencias y 2.326 autos. Al final del año, a las secciones civiles se les quedaron 229 asuntos que no pudieron tramitar mientras que a sus compañeros de civil fueron 307 los asuntos que no pudieron sacar.

En los datos es bastante llamativo la cantidad de asesinatos y homicidios que se juzgaron en 2019, siendo un total de 14 sobre los 28 asuntos que atendió el tribunal del jurado, una cifra bastante elevada, sobre todo si se tiene en cuenta que no todos los años asesinan a 14 personas en la provincia de València. El resto de causas que entraron en este tribunal especializado fueron ocho allanamientos, una omisión del deber de socorro, una malversación con cohecho y tres cohechos.

 Violencia de género

Esther Rojo explicó cuáles fueron los puntos tratados en la última sesión de la Comisión Provincial de Coordinación Contra la Violencia de Género. Entre los temas que se debatieron destaca sobremanera la petición por parte de los jueces de más puntos de encuentro familiar (PEF) y el retraso en la elaboración de los informes dependientes de los PEF, así como la carencia de Oficinas de Atención a la Víctima del Delito (OAVD) en determinados partidos judiciales. Los PEF dependen de la Conselleria de Igualdad dirigida por Mónica Oltra, mientras que las OAVD son de la Conselleria de Justicia cuya consellera es Gabriela Bravo.


Otro de los problemas reales con los que se encuentran los magistrados es el de la libertad vigilada en los delitos de violencia de género. Rojo explicó que esta figura jurídica presenta un tema que hay que solventar porque los jueces y magistrados “se encuentran con problemas para encontrar, por ejemplo, programas formativos”. La presidenta dijo que la pregunta que surgió a este respecto fue ¿quién tiene que asumir las competencias en la ejecución de la libertad vigilada?, ya que por el momento no depende de nadie en concreto.


Respecto de la comarcalización de los juzgados especializados, Esther Rojo afirmó que “apoya la comarcalización siempre que mejore la atención a las víctimas de violencia de género”, y que se debe realizar por fases y, para que eso se pueda producir correctamente informó de la creación de una comisión mixta para estudiar el tema.

Preguntada por Valencia Plaza por si debería derogarse el Artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el que otorga la dispensa de declarar contra un familiar directo y que conlleva el archivo o la absolución en infinidad de casos de violencia contra la mujer, Rojo dijo que habría que estudiar una reforma, pues en un curso que ella misma organizó en Madrid al respecto, se llegó a la conclusión de que “este artículo, a veces, propicia espacios de impunidad”.

Más reacia se mostró a pronunciarse sobre temas más candentes como la reforma planteada en el Código Penal y la Ley de Delitos Sexuales. De hecho, Rojo dijo no saber nada de esta reforma y no quiso contestar a las preguntas. Tampoco quiso valorar el hecho de que un juzgado aplicara la cooperación necesaria en un caso de agresión sexual, lo que hizo que las penas se multiplicaran por tres (caso Arandina), una sentencia que venía derivada de la de la manada, donde el ponente dijo que se debería haber solicitado la cooperación. Rojo explicó que “cada caso es diferente” y que, por ello, prefería no entrar en ese tema.