La Audiencia reabre la investigación de Orange Market tras las revelaciones que apuntan a Camps

VALÈNCIA. (EP). La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la reapertura de la investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, concretamente para saber quién las ordenaba después de las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez 'el bigotes' durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano que apuntaban directamente al expresidente autonómico Francisco Camps.

La sección segunda de lo Penal adopta esta decisión en un auto en el que acepta la solicitud que hizo la Fiscalía Anticorrupción de reenviar al juez instructor del caso Gürtel, José de la Mata, esta pieza sobre las contrataciones de la Generalitat con Gürtel y que estaba pendiente de ser señalada para juicio.

La Fiscalía, basándose en las revelaciones que hizo Costa en el juicio, pidió la reapertura de este procedimiento para poder investigar las eventuales indicaciones que podría haber recibido la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Dolors Ibars, para adjudicar contratos al llamado grupo Correa, lo que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación. Ibars está acusada de prevaricación administrativa.

Dicho cargo, según indicaba la Fiscalía en su informe, dependía directamente de la Presidencia del Gobierno Valenciano, que ostentaba entonces Camps, por lo que consideraba que, de confirmarse su responsabilidad en estos hechos (adjudicaciones de 2004 a 2009), podría ser investigado por los delitos de prevaricación que no hubieran prescrito.

En el juicio por la financiación irregular, Ricardo Costa, que ha sido condenado a 4 años de cárcel por estos hechos, llegó a asegurar que Camps encargó complementos (fuegos artificiales y una banda de música) en actos de campaña a los que acudió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por valor de 120.000 euros, que corrieron a cargo de empresarios.

Recuerda la Sala que los hechos imputados a Ibars se refieren, en primer lugar, a la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional, un procedimiento en el que para sustraerse del control administrativo las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.

En segundo lugar, la Fiscalía acusa a Ibars por los hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

Por decisión de las "primeras autoridades"

El auto indica que el motivo de la petición de la Fiscalía radica en las revelaciones que tienen lugar al inicio del juicio oral 12/2016 del Juzgado Central de lo Penal con las declaraciones de Costa, Correa, Crespo y Álvaro Pérez "de las que se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el partido Popular en la Comunidad Valenciana", entre otras declaraciones expuestas durante la vista oral.

La Sala explica que la influencia de estas revelaciones en el juicio del Juzgado Central Penal en esta pieza 5 del caso Gürtel es "fácil de comprender, dada la íntima relación entre ambas causas en las que son coincidentes muchos de los acusados".

Añade que en este caso se trata de averiguar si la acusada Dora Ibars en su calidad de directora general de Promoción Institucional es quien adoptó las decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange Market en las ocasiones reiteradas en el escrito de acusación o bien "tal decisión fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada, a las que se refirieron los acusados en el juicio 12/2016".

Los magistrados, en cuanto a la posibilidad de que a través de esta información suplementaria se trate de investigar la actuación de un tercero, señalan: "Este tribunal no puede adelantar el resultado de la investigación que, en todo caso, trata de determinar la verdadera responsabilidad de la Sra Ibars en los hechos por los que es acusada y la eventual responsabilidad de terceras personas en esos hechos".