VALÈNCIA. La auditoría de cumplimiento de la legalidad de 2021 de À Punt incide en varias recomendaciones realizadas en ejercicios anteriores y en las que todavía no se ha adoptado una solución. La fiscalización, realizada por la Intervención de la Generalitat en colaboración con la firma Moore Ibergrup, reprocha que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) siga sin contar con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) adaptada a las directrices de la Dirección General de Sector Público y Patrimonio con el fin de que sea válidamente aprobada. Tampoco ha realizado, indica, los trámites oportunos para que la mencionada dirección general apruebe su masa salarial.
Esta situación, de hecho, ha conllevado el impedimento de aplicar en su totalidad los procedimientos y pruebas de auditoría planificados. Con lo cual los autores del informe no han podido emitir una opinión sobre la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas por la entidad. No obstante, se han realizado verificaciones.
Entre las advertencias reiteradas en la fiscalización respecto a años anteriores se encuentra que los órganos responsables en materia de personal de la entidad tienen que adoptar las medidas necesarias para evitar sobrepasar la duración máxima de los contratos laborales temporales prevista en el Estatuto de los Trabajadores y, en consecuencia, la conversión de contratos laborales en indefinidos no fijos.
El informe explica que la Corporació mantiene vigentes durante el ejercicio 2021 contratos laborales temporales. La irregularidad en esa contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo determinará la exigencia de responsabilidades a los órganos competentes en materia de personal de la entidad, de conformidad con su ley de creación.
Los auditores remarcan que las limitaciones mencionadas debido a la falta de RPT impiden valorar si la gestión económico‐financiera de las retribuciones satisfechas por la CVMC se ajusta a la normativa aplicable. Aun así, sobre las indemnizaciones al personal de la entidad y de las incorporaciones de personal, el informe emite una valoración favorable con observaciones al haberse realizado de conformidad con la normativa aplicable.
En materia de contratación existen algunas deficiencias, como que en todos los contratos se haya observado que no consta la fecha de recepción de las facturas o documentos equivalentes.
18.272 euros por consejero
En cuanto a las indemnizaciones de los miembros del Consell Rector de la Corporació por asistencia a reuniones, ascendieron a una media anual de cada consejero de 18.272,37 euros. El órgano celebró un total de 38 encuentros durante 2021.
En operaciones de tesorería no se han detectado riesgos significativos en ninguna de las áreas analizadas. Aun así, la auditoría expone algunas deficiencias: que la Corporació no está incorporada al sistema FACE de facturación electrónica; que no cuenta con procedimientos documentados para la realización de gastos; que carece de un procedimiento formalmente aprobado de verificación de los datos de los terceros; que no exige que el documento de alta de terceros y cuentas bancarias esté firmado electrónicamente; que no tiene un manual o protocolo claramente establecido para la realización de pagos; que la periodicidad de la realización de conciliaciones bancarias es superior a quincenal; y que constan pagos domiciliados para los cuales no existe autorización de la domiciliación.
Los auditores hacen hincapié asimismo en que, habida cuenta de las pérdidas del ejercicio para el conjunto de la Sociedad dependiente y de los escasos ingresos propios que viene obteniendo, "existen bases suficientes como para considerar que hay indicios de posible deterioro en el valor contable de los 'contenidos' por la parte que no deba considerarse a cubrir en base a una finalidad social". "La Sociedad dependiente no ha realizado test de deterioro sobre los mencionados activos, así como no se encuentra fijado el porcentaje de sus actuaciones que responde a finalidad social, por lo que desconocemos si pudieran resultar necesarias correcciones valorativas sobre los mismos", añaden.
Relevo de Mar Iglesias
Por otra parte, como avanzó este viernes Valencia Plaza, el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha iniciado el proceso para relevar a Mar Iglesias de la presidencia de la CVMC. El organismo aprobó este jueves las bases para la selección de candidatos, de manera que ahora la selección se realizará por convocatoria pública a partir de la publicación de las bases en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y mediante un proceso de libre concurrencia.
Iglesias lleva en funciones desde noviembre de 2019, pero entre las tareas pendientes del Consell Audiovisual se encontraba designar a su sucesor transcurrido un año desde su composición. Fecha que se cumplió el pasado julio, por lo que había de abordarse inmediatamente a la vuelta de vacaciones.
El proceso se pone ahora en marcha, a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales de 2023, para que el mandato dure 6 años. Les Corts podrían haber nombrado presidenta hace dos años, lo que hubiera garantizado que la persona propuesta permaneciera en el puesto hasta 2026, y no hasta 2028 como va a estarlo ahora.
El Consell Audiovisual ha trabajado durante los últimos meses en la preparación de las bases para que éstas estuvieran listas en el momento de la publicación del reglamento orgánico y funcional (ROF) en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DGV), cosa que se produjo este jueves. El documento aprobado en la sesión plenaria define los requisitos que, de acuerdo a la ley, enmarcan el proceso de convocatoria pública, los criterios y los plazos para realizar la selección. El cálculo es que pueda quedar resuelto en los próximos dos meses.
El próximo nombre del presidente de la radiotelevisión valenciana será propuesto por parte de los partidos que conforman el Botànic, que tendrán que llegar a un acuerdo en Les Corts. Hasta 2020, era necesaria una mayoría de dos tercios de la Cámara -66 diputados-. Sin embargo, PSPV, Compromís y Unides Podem modificaron la ley a través de enmiendas de Acompañamiento y ahora el aspirante que obtenga mayoría absoluta en tercera votación será presidente. Es decir, que no necesitan a la oposición para acordar un nombre y pueden aplicar el rodillo que criticaban.
A ello se añade que quien ocupe la presidencia no estará obligado a tener dedicación exclusiva. Eso significa que podrá compatibilizar el puesto con su trabajo y pasará a cobrar las dietas que perciben los miembros del Consejo Rector.
Ambas cosas facilitan la elección de un perfil, que ni tendrá que dejar su trabajo ni tendrá que salir con los votos del PP. De hecho, no se descarta que el Botànic esté pensando en alguien vinculado a la política.
Instalaciones de À Punt en Burjassot. Foto: KIKE TABERNER
