Enrique Soriano, presidente de À Punt. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios que integran el Botànic II registraron este jueves sus enmiendas a la Ley de Acompañamiento de 2021. Una norma que los socios del tripartito han aprovechado para reformular prácticamente de arriba abajo la ley de creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) e introducir importantes cambios que afectan a la dedicación de la presidencia, su elección, el régimen de los consejeros o la financiación de À Punt, entre otras cuestiones.
Una de las modificaciones más significativas afecta a las mayorías necesarias para elegir al presidente de la CVMC. PSPV, Compromís y Unides Podem las cambian para, en definitiva, poder hacerlo sin necesidad de contar con el apoyo de los grupos de la oposición. Hasta ahora la ley actual determinaba que el candidato propuesto para la Presidencia de la radiotelevisión pública debía contar en primera votación con un respaldo de dos tercios de la Cámara -66 diputados-. Si no obtuviera los apoyos necesarios, se procedería a una segunda votación para la que el aspirante requeriría el apoyo de tres quintas partes del Parlamento y, si tampoco consiguiera el consenso necesario, se celebraría una tercera votación para elegir presidente por mayoría absoluta. Eso sí, éste ocuparía el puesto de manera provisional por un periodo máximo de seis meses hasta que se eligiera nuevo candidato.
Con el cambio introducido, sin embargo, el aspirante que obtenga mayoría absoluta en tercera votación, será presidente durante el mandato legalmente establecido. Es decir, seis años. La modificación no es intranscendente, ya que Enrique Soriano trasladó hace ya más de año y medio al president de la Generalitat, Ximo Puig, su intención de abandonar el puesto y desde entonces los socialistas han estado buscando un candidato de relevo sin que se haya producido ningún avance en este sentido pese a que el ruego ha sido reiterado.
El dilema no era sencillo de resolver por varios motivos. Las incompatibilidades o salario eran poco atractivos para cualquier candidato, pero sin duda el problema principal radicaba en las mayorías requeridas para ser elegido: 66 diputados en primera vuelta, ó 60 en segunda. La tercera votación tendría carácter temporal. Los tres partidos del Botànic II, conviene recordar, suman 52 escaños, por lo que necesitaban a alguna formación de la derecha para que alguno de sus candidatos obtuviera luz verde. A pesar de que surgieron hasta tres nombres -Miguel Mazón, Marc Pallarés y Josep Ramón Lluch-, ninguno generó el consenso requerido para ocupar la Presidencia de la CVMC.
Ahora, con este cambio, el Botànic solo se necesitará a sí mismo. Es decir, nombrarán al frente del ente a quien consideren oportuno porque tienen la mayoría parlamentaria para hacerlo. Un rodillo que en su día se negaron a aplicar.
Ahora bien, no es el único cambio relevante que afecta a la figura del presidente. Una de las enmiendas que firman PSPV, Compromís y Unides Podem permitirá a la Presidencia de la Corporació no estar obligada a tener dedicación exclusiva a partir del próximo año. De esta manera, si quien ocupe este cargo -en la actualidad, Soriano-, decidiera compatibilizar el puesto con su trabajo, podrá hacerlo y pasará a cobrar las dietas que perciben los miembros del Consejo Rector. Si por el contrario sí optara por el modelo que ha imperado hasta ahora, gozará de rango de secretario autonómico y su remuneración será de en torno a 60.000 euros.
La cuestión no es baladí, dado que Soriano trasladó en 2019 a Puig su anhelo por dejar la cadena para volver a su plaza de letrado de Les Corts. Si bien las fuentes del tripartito consultadas por este diario no aventuran a confirmar que el actual presidente podría acogerse a este cambio para volver al Parlamento a partir de la entrada en vigor de la ley, lo cierto es que la enmienda abre la puerta para que esto ocurra.
No en vano, el texto de la modificación legal establece que si el presidente de la CVMC no tiene dedicación exclusiva, pasará a aplicársele el régimen de incompatibilidades de los consejeros y éste tan solo prohíbe el ejercicio de profesiones que tengan relación con el mundo audiovisual.
Aparte de las novedades respecto a la presidencia del Consejo Rector, el estatuto de personal también sufrirá cambios. El más llamativo es, sin duda, que se elimina de las incompatibilidades "la vinculación directa o indirecta, a través de personas vinculadas o familiares de primer grado de consanguinidad y matrimonio o relación análoga, a empresas audiovisuales, publicitarias, de grabación de programas filmados, grabados en magnetoscopio o radiofónico; a casas discográficas, de servicios de la sociedad de la información o a cualquier tipo de entidades relacionadas con el suministro o dotación de material o programas a la Corporación y sus respectivas sociedades".
Este artículo queda redactado de forma que serán los propios consejeros los que no podrán tener vinculación con las empresas o entidades citadas anteriormente, pero la relación familiar queda suprimida. Algo que resulta relevante puesto que esa incompatibilidad ha generado numerosos problemas que ahora, por arte de magia, desaparecen.
El ejemplo más evidente es el de Vicent Vergara, el que fuera director de la Cartelera Turia y administrador de la sociedad Promociones Turia. En 2018 dimitió como consejero después de que trascendiera que su hijo trabajó durante ocho meses en la serie de ficción Parany, contratada por À Punt.
Entre las modificaciones de la ley también figura que los miembros de este órgano que rige el ente no podrán tener, del mismo modo, ningún cargo político (como en el Consell o Les Corts).
Otra de las enmiendas va dirigida a que la publicidad institucional forme parte de los ingresos previstos en la ley, de manera que se someterá a la normativa específica. Una modificación importante puesto que À Punt ha incumplido reiteradamente con sus previsiones de ingresos. El contrato programa, que regula los objetivos del ente, establecía que la cantidad que se debía lograr anualmente era de cuatro millones de euros.
En 2018 no se llegó a esa cifra ni de lejos (se contabilizaron 816.352 euros) y la Corporación optó por que se rebajara la previsión hasta el millón de euros. Una salvedad introducida para 2019 que se pretendía que pasara a ser regla con la modificación del contrato programa que se negocia actualmente y tendría que entrar en vigor el año que viene.
La ley contempla, además, que el incumplimiento de esta cláusula es motivo de cese de todo el Consejo Rector, por lo que con la suma de la publicidad institucional como ingreso, la cadena podrá evitar que lo ocurrido hace dos años vuelva a repetirse. Además, hará incrementarse el presupuesto, lo que también afectará a la problemática del tercio de personal.
A través de una disposición adicional, tal como avanzó este diario, el tripartito también vuelve a dejar sin efecto la cláusula de la ley de À Punt que impide a la cadena destinar más de un tercio de su presupuesto a gastos de personal. Una moratoria que estará en vigor el año que viene y el tiempo que dure el nuevo contrato programa, hasta 2023.
Esta sería la segunda prórroga que se plantea a la entrada en vigor de este artículo de la ley. La primera ocasión fue en 2018, cuando los fondos que la Generalitat Valenciana consignó para la Corporació fueron de 55 millones de euros. Entonces, el gasto de personal alcanzó los 23 millones de euros, cuando no debía superar los 18,3. Los responsables de la CVMC solicitaron elevar el presupuesto a 69 millones y se negaron a rebajar su pretensión porque en caso contrario deberían reducir personal. La petición, no obstante, se topó con una respuesta negativa por parte del presidente de la Generalitat. Ximo Puig. Finalmente, tras varios tiras y aflojas, la problemática quedó resuelta gracias a la enmienda del Botànic que ahora vuelven a reproducir.
Además, PSPV, Compromís y Unides Podem clarifican que el tercio se calculará sobre el presupuesto total de la CVMC, y no solo sobre la aportación que realiza la Generalitat. Lo que implica que se tendrán en cuenta los ingresos publicitarios y por tanto alivia la presión sobre los gestores de À Punt para que cumplan la ley. En este ejercicio, con unos fondos de 66 millones, el gasto de personal es de 24; sólo dos millones por encima de lo permitido.
