Intervención del presidente de la Generalitat en la inauguración de la jornada del IvieVALENCIA. El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José María Escrivá, situó este lunes el problema de deuda que arrastran las Comunidades Autónomas como una de las cuestiones esenciales que ha resolverse en la próxima reforma del sistema de financiación. De lo contrario habrá varias comunidades, entre ellas la valenciana, que entrarán en el nuevo modelo con un volumen de deuda insostenible.
De hecho, según las previsiones que maneja el organismo que dirige, la Comunitat Valenciana, cuya deuda supera los 43.100 millones de euros, no cumplirá el objetivo de deuda del 13% hasta más allá de 2046, al igual que Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia. Escrivá destacó la "disparidad" que existe entre comunidades autónomas. La previsión está calculada en un horizonte de estabilidad presupuestaria de las comunidades a partir de 2019.
Incluso en un entorno macroeconómico favorable y con el mantenimiento del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la Comunitat tendría que realizar un "importante esfuerzo fiscal adicional" para garantizar su sostenibilidad. Las estimaciones de la AIReF apuntan que tendría que tener un superávit medio del 1,2% anual para alcanzar ese objetivo en 2030.
La situación se complicaría con la retirada de los actuales mecanismos de liquidez como el FLA, que permiten a comunidades como la valenciana financiarse a un interés bajo. El presidente de la AIReF advirtió de los "importantes riesgos" a los que se tendrían que enfrentar la Comunitat Valenciana, Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha si desaparecieran esos mecanismos. "No es razonable pensar que algunas comunidades puedan volver a financiarse en los mercados", consideró.
Preguntado por si la salida para estas cuatro comunidades es una quita o condonación de la deuda en la parte equivalente a la infrafinanciación sufrida en los últimos años, tal y como plantea la Comunitat, Escrivá aseguró que no corresponde a la AIReF plantear las soluciones a los problemas sobre los que alerta.
El presidente de la AIReF participó este lunes en el seminario sobre Financiación autonómica, estabilidad presupuestaria y bienestar organizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). En su intervención repasó la situación financiera de las comunidades autónomas y abogó por "redefinir de forma conjunta el nuevo sistema de financiación, las reglas fiscales y la reincorporación de las comunidades al mercado de deuda”.
En concreto, apostó por abordar el sistema de financiación territorial con una visión conjunta que incluya a todas las administraciones. "No tiene sentido mantener a las corporaciones locales con superávit estructural y que, al mismo tiempo, haya déficit de la seguridad social y de las comunidades", valoró.
Por ello, consideró necesario "poner a cero" el contador en la financiación y poner el de la deuda "en el punto en el que se acuerde". A partir de ahí, abogó por "propiciar el desarrollo de la corresponsabilidad fiscal" y por "mejorar el marco de disciplina presupuestaria y reglas fiscales".
En su diagnóstico de la situación actual, la AIReF mide los factores de equidad que influyen en la estabilidad presupuestaria para situar el punto de partida de cada comunidad autónoma. Como ya ha destacado en informes anteriores, la Comunitat Valenciana ocupa la peor posición relativa respecto a la media del conjunto de comunidades en financiación por habitante.
En concreto, las diferencias oscilan entre los 7% por debajo de la media en los que se sitúa la Comunitat Valenciana y los 29% por encima en los que está Cantabria.
Pero al margen de los recursos que reciben del sistema de financiación, la AIReF también contempla como un indicador de equidad el distinto uso que las comunidades realizan de su capacidad normativa sobre la tributación para obtener ingresos.
En este punto, los datos de la AIReF constatan diferencias de hasta 3 puntos sobre el porcentaje de PIB entre las diferentes comunidades, una muestra de la competencia fiscal existente. El caso más extremo es el de la Comunidad de Madrid debido a política fiscal expansiva.
Por su parte, el director de Investigación del Ivie y representante de la Generalitat en la comisión técnica que ha de analizar el cambio del sistema de financiación, Francisco Pérez, presentó el estudio Suficiencia financiera de las CCAA y Estado del bienestar, que analiza las causas de los desequilibrios financieros existentes en las comunidades de régimen común durante los años de vigencia del actual sistema de financiación autonómica aprobado en 2009.
Su principal conclusión es que las comunidades autónomas de régimen común reciben con el actual sistema de financiación 16.674 millones de euros menos de lo que gastan anualmente en servicios públicos esenciales (educación, sanidad y protección social).
El estudio señala que las insuficiencias serían todavía mayores si se tomase como referencia el gasto en sanidad, educación y protección social de los países de la eurozona, en cuyo caso el presupuesto habría de incrementarse en casi 40.000 millones de euros. Mientras, para igualar al gasto por unidad de necesidad de las autonomías de régimen foral, se necesitarían 48.962 millones de euros más.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fue el encargado de inaugurar esta jornada en la que también participaron expertos provenientes de distintos gobiernos autonómicos (Galicia, Castilla y León y Andalucía) y de distintas universidades.
El jefe del Consell destacó que la Comunitat Valenciana es la única con una renta per cápita claramente inferior a la media (88%) que tiene un saldo fiscal negativo. Según dijo, la última estimación de las Cuentas Públicas Territorializadas estima un drenaje anual de recursos equivalente al 1,4% del PIB valenciano.
"Como consecuencia de esta situación, y pese a gastar menos, la Comunitat tiene mucho más déficit que otras comunidades y hemos acumulado mucha deuda, pero no por gastar más sino a pesar de gastar menos que la media. Ese desequilibrio solo es posible porque nuestros ingresos son menores que los de otras comunidades autónomas permanentemente", denunció Puig, quien destacó que, por tanto, el problema valenciano es de "suficiencia financiera y también de equidad, de igualdad de trato, en definitiva, de justicia".
La Generalitat plantean que tanto el sistema de financiación de las comunidades de régimen común como la estrategia para alcanzar los objetivos de estabilidad financiera deben contemplar "la protección de los niveles de prestación de los servicios públicos de salud, educación y protección social".
Para disponer de recursos suficientes y estables para esa finalidad propone dedicar preferentemente a financiar servicios esenciales del Estado de bienestar las principales fuentes tributarias --cotizaciones sociales, IRPF, IVA e Impuestos Especiales--, asignándolas entre Administraciones en proporción a los objetivos de gasto fijados en estas materias y a las competencias de cada una en las mismas.
Además, el presidente de la Generalitat propuso fijar un horizonte "realista de regreso a la viabilidad financiera de las comunidades, evaluando qué parte de la deuda acumulada por las Comunidades se deriva de la insuficiencia del sistema en estos años, consolidándola con la del Estado".
