VALÈNCIA (EP). La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha reiterado este lunes que la inclusión del requisito lingüístico para el acceso a la administración pública valenciana es una condición "básica" y no hará más valoraciones al respecto hasta conocer el contenido final del proyecto de Ley de la Función Pública que prepara el Consell.
Tras la reunión que han mantenido la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y el presidente de la AVL, Ramon Ferrer, la institución ha señalado que la consellera les ha trasladado la voluntad del gobierno valenciano de favorecer el uso del valenciano en la administración.
En un comunicado, la AVL ha indicado que la ley incluirá en el texto, según Bravo, el requisito lingüístico para que todos los funcionarios dispongan de la capacitación necesaria para ejercer su puesto, pero será en el reglamento posterior donde se regulará el nivel de conocimiento.
"Gabriela Bravo se ha comprometido con Ramon Ferrer a enviarle el texto definitivo del proyecto de ley que irá después a Les Corts por si la Acadèmia Valenciana de la Llengua quiere hacer observaciones a su redacción. También remitirá el borrador del reglamento antes de su aprobación", han señalado las mismas fuentes, una "atención" que su presidente ha valorado positivamente.
Por tanto, y tras una reunión de más de hora y media, Ramon Ferrer ha agradecido a la consellera esa voluntad de potenciar el valenciano en la administración y ha aludido al pronunciamiento que la AVL ya hizo sobre el requisito en enero de 2017: "Los funcionarios públicos deben tener la capacitación lingüística necesaria para atender correctamente a los ciudadanos sin que se produzca ninguna discriminación por razón de lengua.
Asimismo, según la ALV, la consellera se ha mostrado receptiva a la propuesta de la institución académica de participar en la formación del funcionariado de la Generalitat.
Bravo, por su parte, ha señalado que prevé remitir la Ley de Función Pública a Les Corts en septiembre u octubre y ha ampliado a un año el plazo para que esté aprobado el reglamento que debe fijar el grado de conocimiento del valenciano en cada categoría de la función pública.
Según ha dicho, tiene "mucho interés" como consellera y como valenciana "en tener este instrumento para garantizar a los valencianos que pueden usar la lengua que deseen y que los funcionarios son capaces de atenderlos en ella".
