VALÈNCIA. Las reclamaciones vienen de lejos, pero tras la última sentencia europea, la batalla del personal interino en todas las administraciones españolas se han intensificado. Su intención es acabar con el abuso de la temporalidad y lo que consideran una discriminación respecto a los funcionarios de carrera. Son 41 los interinos que en el Ayuntamiento de València han solicitado al equipo de gobierno, y en concreto a la concejalía de Personal que dirige Luisa Notario, equiparar sus plazas a las de los funcionarios de carrera, además de una indemnización de 18.000 euros por persona como compensación por "el abuso sufrido en la relación temporal sucesiva" hasta 20 años continuados.
El pasado viernes, la Junta de Gobierno rechazó tales pretensiones al concluir, por un lado, que "la existencia de contratos de duración temporal y encadenados en el tiempo no se ha producido" dado que todos los peticionarios han trabajado para el Ayuntamiento "en base a un único nombramiento". Fueron nombrados, sostiene el acuerdo adoptado, una única vez y para cubrir vacantes estructurales, desempeñando labores propias de funcionarios de carrera, algo que permite el Estatuto Básico del Empleado Público.
Por otro lado, lo cierto es que dicho Estatuto prohíbe que un interino pueda cubrir una plaza vacante durante más de tres años, pero en el Ayuntamiento insisten en que esta circunstancia no se ha producido en el caso de los peticionarios, puesto que dichas plazas ya se han incluido en Ofertas Públicas de Empleo, "no habiendo transcurrido el plazo de tres años establecido".
Ayuntamiento de València. Foto: VP. Sostiene el gobierno local, en otra línea de argumentación, que según la normativa está "totalmente prohibida otra forma de acceso" a ser funcionario de carrera que no sea el de la oposición, concurso-oposición, o concurso de valoración de méritos. Por tanto, convertir a los interinos solicitantes en funcionarios de carrera, atentaría contra los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, explica el documento.
Tampoco podrían equipararse sus puestos con los del funcionariado de carrera, puesto que dicha clase de empleado público no se enmarca en ninguno de los tipos de empleado público que contempla la normativa. Y sobre la indemnización de 18.000 euros, reitera la administración local que no ha existido abuso en la relación temporal sucesiva y que "sorprende la cantidad exacta y concreta solicitada sin especificación y motivación alguna".
En el Ayuntamiento de València hay cerca de 1.700 interinos, de los cuales 314 son los que pueden consolidar sus plazas. 160 de esas plazas ya se han incluido en las Ofertas de Empleo Públicas de 2017, 2018 y 2019, por lo que quedan otras 154 que todavía no se han sacado a concurso.
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, conocida el pasado mes de marzo y referente a un caso de la Comunidad de Madrid, reconoce la desprotección y el abuso que sufren trabajadores interinos del sector público español, pero deja en manos de la justicia española las medidas sancionadoras para compensar esa situación. De esta forma, tendrán que ser los tribunales nacionales los que decidan en cada caso si obligan a la administración pública empleadora a hacer fijo al trabajador o a pagarle una indemnización por término de contrato o despido, a la que no tienen derecho según la normativa española.
En este sentido, explica la edil de Personal, Luisa Notario, el Gobierno de España se comprometió a impulsar la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público en un plazo de dos meses, con el propósito de "reducir la temporalidad y establecer mecanismos de consolidación y estabilización" de plazas. Además, Notario insiste en que su delegación se comprometió en la última mesa de negociación a esperar a que se produzca este acuerdo nacional con los sindicatos antes de aprobar las bases de estabilización y consolidación y ofertar las plazas que se ven afectadas por estos procesos.
"En el Ayuntamiento apostamos por dotar de estabilidad a la plantilla y esperamos que en ese acuerdo que ahora mismo se está negociando entre Gobierno y sindicatos se contemple la supresión de la tasa de reposición", asegura, pues se trata de una de las fundamentales limitaciones para ampliar el personal de carrera en la administración municipal. "Esta tasa nos limita muchísimo a la hora de lograr la estabilidad ya que no permite a las administraciones ofertar todas las plazas impidiendo los porcentajes en turno libre y promoción interna".
Así pues, la edil de Personal dice esperar que el acuerdo del Gobierno con los sindicatos también dote a las administraciones locales de "los mecanismos necesarios acordes con la sentencia del Tribunal Europeo para reducir el porcentaje de temporalidad".
