VALÈNCIA. Imagine que es propietario de una parcela. Su ayuntamiento modifica el planeamiento y sobre los planos ubica, en su suelo, una dotación pública: una escuela, un hospital, una biblioteca, un jardín, una calle, etcétera. Para hacerla realidad, la administración deberá expropiarle y pagarle una indemnización. Pero, ¿y si pasa el tiempo y esto no ocurre? En la práctica, y simplificándolo mucho, usted no tiene ni suelo -no puede hacer allí nada-, ni indemnización. Una situación de bloqueo en la que se encuentran no pocos propietarios de la Comunitat Valenciana y que ahora el Tribunal Constitucional examina.
La normativa valenciana fija que los propietarios pueden pedir a las administraciones la expropiación rogada cuando se superen los cinco años desde la aprobación de los planes urbanísticos. Una herramienta para forzar a los ayuntamientos a que ejecuten dichas expropiaciones y paguen las indemnizaciones correspondientes. Pero los elevados costes para los ayuntamientos motivaron la suspensión temporal de esta posibilidad, que se ha ido prorrogando en cadena.
En tiempos de la burbuja económica, estas expropiaciones se hacían por un precio muchas veces por debajo del entonces pujante mercado inmobiliario. Pero tras estallar la burbuja, muchos ayuntamientos congelaron sus planes urbanísticos y, pasados los cinco años que marca la ley, los propietarios empezaron a reclamar sus indemnizaciones.
En ese nuevo escenario, con el sector paralizado y en una situación financiera delicada de las corporaciones -muchas de ellas bajo importantes limitaciones financieras por el Plan de Ajuste impuesto por el Gobierno-, las expropiaciones se pagaban a precios superiores a los de mercado, lo cual beneficiaba a los propietarios. Así, el marco legal con el que habían actuado los ayuntamientos se acabó convirtiendo en su propio maleficio.
En ese contexto, la administración local estaba obligada a hacer frente a esos gastos millonarios aunque no tuvieran consignación presupuestaria. Y para proteger a las corporaciones, Les Corts ha ido aplazando esos pagos introduciendo sucesivas moratorias, y perjudicando así a los propietarios de los terrenos, que ven como su ayuntamiento gana tiempo para pagarles. Y para colmo, sin intereses por estas demoras.
Así, en 2016 Les Corts Valencianes aprobaron la primera suspensión de plazos hasta 2018. Más tarde, se prorrogó la situación sucesivamente cada año hasta 2020, cuando la suspensión se alargó de golpe hasta 2023. Así pues, pasado tanto tiempo, y ante lo que los propietarios consideran un abuso por parte de la administración, un particular ha llevado el asunto a la justicia, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha elevado la cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional.
En la Generalitat Valenciana, y concretamente en la Conselleria de Territorio y Obras Públicas, que dirige Rebeca Torró, entienden que "no existe inconstitucionalidad" y defienden que las suspensiones aprobadas "dan una solución a un problema institucional", según declaraciones a la agencia EFE y cabe destacar que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) dio su visto bueno a las prórrogas.
Sin embargo, a finales del pasado mes, el doctor en Derecho y profesor del departamento de Urbanismo en la Universitat Politécnica de València (UPV), Jorge Hervás, publicó un análisis en El Consultor Urbanístico donde concluyó que es "más que probable" que se acaben declarando inconstitucionales las moratorias en cadena y que eso puede provocar "graves consecuencias financieras en los presupuestos municipales", que han tenido seis años para "corregir y poner en orden" sus respectivos planeamientos.
Según explican diversas fuentes, es complicado cuantificar cuánto dinero deberían desembolsar los ayuntamientos por las expropiaciones rogadas que no se han ejecutado hasta el momento, dado que los precios a desembolsar por cada terreno se fijan cuando se inicia el proceso de expropiación.
Sin embargo, el último dato que se tiene de València ciudad puede dar una idea de lo que supone. De hecho, el elevado coste que estaban suponiendo al Ayuntamiento de València las indemnizaciones fue uno de los motivos por los que los partidos introdujeron las sucesivas moratorias en el parlamento valenciano. En 2016, la factura de la desidia costó al consistorio del Cap i Casal más de 40 millones de euros, un 4,7% del presupuesto total del ayuntamiento. Y la medida permitió ahorrar otros 60 u 80 millones en los dos años siguientes.
Por ello, el entonces síndic del PSPV, Manolo Mata, insistió en "poner coto a las expropiaciones rogadas" al lamentar que si los consistorios no tienen dinero para hacer el proyecto público previsto se vean obligados a pagar por la expropiación programada para ello. Una postura refrendada por el entonces edil de Hacienda, también socialista, Ramón Vilar, quien reclamó que los fondos de expropiaciones han de tener "un uso lógico y racional acorde con el desarrollo urbanístico y no marcado por sentencias".
