La buena educación

Soy hija de la generación del Baby Boom (14 millones de personas nacimos entre 1957 y 1977), así que en clase de EGB y el Instituto éramos unos 40 de media y cuando llegué a la Facultad de Derecho la cosa no mejoró: más de 600 personas en las aulas (sobre todo al inicio de curso, todo sea dicho), con carreras para coger sitio y alumnado sentado en las ventanas. El Plan de estudios conocido ahora como el “Plan antiguo”, con el que empecé y acabé la carrera, bien podría haberse bautizado “sálvese quien pueda”. 

Por ello, cuando se ha hecho pública la Sentencia del TSJ Comunidad Valenciana, que falla contra la decisión del Consell de reducción del número máximo de alumnos por aula de 25 a 23 no he podido salir de mi asombro. Esto es consecuencia de que La  Federación española de religiosos de la enseñanza- Centros Católicos de la Comunidad Valenciana- llevó a los tribunales su reivindicación de mantener más alumnos por aula en sus centros. Es decir, una batalla sin tapujos para ofrecer una peor educación, educación que, por otra parte, al estar concertada, se paga con dinero público de todas y todos, mientras que, dicho sea de paso, en otras Comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha o Aragón reducir las ratios de alumnos por aula no ha generado problema alguno.

De igual modo que el modelo de aprendizaje plurilingüe es bienvenido por el PP en otras Comunidades que también disfrutan de lenguas cooficiales y aquí es un arma del diablo. De hecho, el PP aspiró incluso a que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre una norma ya derogada, y, por tanto, inexistente, como era el Decreto de plurilingüismo. Algo que sí que osó hacer el TSJ valenciano, anulando lo ya derogado y llegando incluso a consultar sobre su constitucionalidad. La respuesta del Tribunal Constitucional fue tan contundente como merecía tamaña estrategia de apariencia más política que jurídica, negándose a formar parte del triste espectáculo.

Así, entre las múltiples contiendas que se libran por la buena educación por parte  de la Consellería de Educación del Botànic citaré algunas como la reducción de ratios, que obviamente ha venido acompañada del incremento de número de profesorado (más de 6000 docentes más trabajando en relación al año desde 2015) y permítanme como madre que celebre también las rápidas sustituciones ante bajas laborales o vacantes imprevistas. 

Pero hay quien antepone el negocio a la buena educación y celebra sentencias del TSJ de nuestra Comunidad  que establecen que el dinero público destinado a la  enseñanza también ha de destinarse a concertar aulas en zonas donde no hacen falta y en tramos educativos no obligatorios como el bachillerato, o a ofrecer la asignatura de Religión como optativa en segundo de bachillerato, cuando ni en la época de gobierno del PP se hacía tal cosa. 

Y en este punto una reflexión se impone: ¿no debería ser al revés? ¿No deberían estar todos los partidos apoyando la calidad en la enseñanza pública y hacer oposición haciendo hincapié en los errores, que seguro los hay, y no defendiendo cosas ajenas a los intereses de todos?

Pero las cosas se entienden mejor si recordamos que el gobierno del PP, según se esta investigando en vía judicial, financiaba con dinero público liberados de la jerarquía eclesiástica, nombrándoles como profesorado de religión, los cuales, al parecer, acudían a trabajar a las diócesis del Arzobispado. Obviamente eso no es defender la enseñanza pública. Tampoco lo es financiar liberados de la patronal concertada, también bajo investigación. Es otra cosa.

Pero cuando me invade el hartazgo en el debate sobre la política educativa que plantean Ciudadanos y el PP es al escuchar cansinamente atribuir la posesión del espíritu catalanista, en términos propios de noche de Halloween, a todo lo que signifique defender el aprendizaje del valenciano por el Consell del Botànic. Al parecer, aprender un porcentaje mínimo en valenciano, un 25%, de la lengua cooficial en nuestra tierra, puede provocar efectos tan perversos como poder comunicarte con tus conciudadanos que también lo hablen (en la comarca de donde proceden mis antepasados, todo el mundo) y disfrutar y aprender de una gran tradición literaria compartida con otras comunidades, como Cataluña y las Islas Baleares. Y eso debe ser lo más peligroso, viajar a Cataluña (pagando muchos peajes, eso sí) y poder entenderte en ese idioma que llamamos de forma diferente por tradición histórica y orgullo patrio, pero que es el mismo.

La labor de oposición no tiene por qué estar reñida con la buena educación.  Y ofrecer las posibilidades y los medios de una buena educación debe ser la máxima aspiración de todo gobierno que ansíe construir una sociedad de personas libres, preparadas para ejercer la crítica y el debate democrático, rechazar las mentiras y los discursos demagógicos y reaccionarios que solo buscan utilizarnos para sus propios intereses y los de las minorías privilegiadas, discursos y proclamas con los que algunos están ganando elecciones. Nuestro antídoto debe ser la buena educación. 

Las iniciativas que buscan mejorar la educación y formación, que promuevan la reflexión y el espíritu crítico, procurando que seamos más libres y facilitando, así, que seamos un poco más dueños de nuestro destino, han de recibir nuestro apoyo. Porque la buena educación es más que un reto social, es una necesidad que abarca mucho más allá del mundo educativo. Pues la vida y, como no, la política requiere siempre buena educación. En ello estamos.

Isaura Navarro es diputada de Compromís en Les Corts