Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ya tiene su veredicto: lo más adecuado es que se declare la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Valencia Club de Fútbol para el Nou Mestalla. El informe jurídico elaborado por la concejalía de Urbanismo a raíz de la petición del club che para prorrogar la ATE no deja lugar a dudas: recomienda a la Generalitat Valenciana anular el plan urbanístico tras constatar los reiterados incumplimientos por parte del Valencia CF en los plazos establecidos en su momento en los acuerdos entre las administraciones y el club que ahora preside Anil Murthy.
Ahora, es la administración autonómica, y en concreto la Conselleria de Obras Públicas, la encargada de tomar la última decisión sobre si dar luz verde o no a la prórroga que pide el Valencia. En el departamento que dirige el conseller Arcadi España explicaron que estudiarán el informe elaborado por la concejalía de Urbanismo, que encabeza Sandra Gómez, y en base a él optarán por una opción o por otra. Decisión que, en todo caso, debería llegar antes del 18 de agosto, cuando caduca de facto la ATE. Y ante este escenario, no son pocos los que han empezado a plantearse la pregunta estrella: ¿qué ocurrirá si decae la ATE?
Es una pregunta a la que parcialmente da respuesta el propio informe elaborado por el Ayuntamiento de València, aunque se trata de la postura del consistorio y será la Generalitat la que acabe de definir el final de la historia. La vicealcaldesa, Gómez, explicó que si el plan urbanístico decae, entraría en vigor automáticamente la ordenación que estuviera vigente antes: el antiguo PAI de Mestalla. En términos prácticos y a grandes rasgos, la consecuencia directa es que desaparecería una gran cantidad de suelo terciario con los que contaba el Valencia Club de Fútbol gracias a la ATE.
En este sentido, la Actuación Territorial Estratégica suponía una recalificación de suelo a terciario, una suerte de 'pelotazo' urbanístico en favor del club que le otorgaba el derecho a construir un terciario de 68.000 metros cuadrados -que bien podría haber sido un centro comercial-. Un "plus de derechos urbanísticos y de edificabilidad", en palabras de Gómez, que se aprobó en su momento pero que ahora sería "impensable" a juicio de los responsables municipales, dado que se aprobó sobre el PAI de Mestalla, que ya había recalificado una bolsa importante de suelo a residencial.
"La principal función de la ATE fue dar un plus sobre unos terrenos ya recalificados. El Valencia quiso más y la administración valenciana se los dio", explicó Gómez en este sentido. Y es este plus, el terciario, casi lo único que se perdería con la caducidad del plan. Las pérdidas para el club, traducidas a términos económicos, ascenderían a una horquilla de entre 15 y 25 millones de euros al perder esta calificación de terciario.
Ahora bien, con todo, en el documento se deja clara una cosa: la parcela del hotel propiedad de Expo Grupo en la Avenida de Aragón y las propiedades municipales por las que se permutó en el solar de Jesuitas para construir un jardín no deben quedar afectadas por la anulación del plan urbanístico. El documento explica que, "aunque esta actuación [la construcción del hotel] sigue a fecha de hoy pendiente de ejecución", no puede considerarse un incumplimiento de las obligaciones del Valencia, porque la obligación de edificar esta zona no le corresponde.
Así, incide en que la permuta de esta parcela por la de Jesuitas depende de un convenio entre el Ayuntamiento y Expo Grupo de 2013 y "simplemente se aprovechó la tramitación" de la ATE "para materializar" lo que fijaba el convenio. Y en este sentido, la propuesta que hace el Ayuntamiento a la Generalitat recomienda que la derogación de la ATE sea "meramente parcial" y sólo en lo que se refiere a los terrenos propiedad del club che, al ser el promotor de la actuación protagonista del incumplimiento.
La caducidad de la ATE supondría la extinción de derechos urbanísticos pero, sin embargo, no acabaría con las obligaciones del club con el Nou Mestalla y los terrenos sitos en las inmediaciones de la avenida de Cortes Valencianas. Obligaciones cuyo incumplimiento en los plazos, huelga subrayar, es el motivo de la caducidad del plan urbanístico. La edil de Urbanismo destacó que el club mantendría como "obligación" construir el polideportivo de Benicalap, acabar el nuevo estadio y derruir el actual estadio.
Los compromisos que había adquirido el club y que debían ser una realidad a fecha de hoy son cinco. En cuanto a terrenos públicos municipales, el club debía urbanizar el entorno del Nou Mestalla, ejecutar las medidas correctoras recogidas en los estudios de movilidad y construir el nuevo polideportivo de Benicalap. Y sobre las parcelas de propiedad del Valencia CF, debía haber acabado las obras del nuevo estadio, paralizadas desde hace más de 12 años, y haber hecho lo propio con el suelo terciario que ostenta en el entorno. Pero nada de eso hay a día de hoy.
"El análisis del estado de ejecución de estos cinco compromisos del promotor de la ATE -dice el informe jurídico del Ayuntamiento- es sencillo: a fecha de emisión del presente informe, ni tan siquiera se ha iniciado por el promotor la ejecución de ninguna de las obras citadas". Una contundencia que acompañaron las palabras de Gómez: "No se ha ejecutado ni realizado nada que pueda verificar que el Valencia CF ha cumplido con alguna parte de sus compromisos".
El club adujo que no había podido desarrollar las actuaciones por los problemas en la venta de las parcelas del antiguo Mestalla y por el estallido de la pandemia de coronavirus. "No son causas suficientes que permitan exonerar al promotor de cumplir con sus obligaciones", dijo la vicealcaldesa, quien calificó de "causas internas imposibles de verificar" las excusas del Valencia. Además, Gómez subrayó que el proceso de compraventa se inició en 2018 y no fue hasta justo antes de la crisis de coronavirus cuando se rechazó la oferta.
Por todo ello, Gómez sentenció que "no procede la prórroga de la ATE", aunque aclaró que pese a la "pasividad" del club, es competencia de la Conselleria de Obras públicas decidir "bajo su criterio jurídico" proceder a esa prórroga o no. Ahora bien, si la Generalitat optara por otorgar la prórroga, el Ayuntamiento ha puesto dos condicionantes: que pida al club che una fianza para la construcción del 100% del pabellón de Benicalap por si hay un incumplimiento, y que ascendería a entre 5,7 y 6,8 millones de euros; y que exija también al Valencia una "garantía o un aval especial" para que se pueda acreditar que la prórroga viene acompañada con la voluntad firme de acabar con la actuación urbanística.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Fernando Giner, aseveró que "no hay ninguna explicación sobre por qué el Valencia podrá cumplir dentro de dos años y no ahora", por lo que recordó que el club "tiene un compromiso con Valencia y el valencianismo y si no lo cumple hoy, la pregunta es qué habrá cambiado para que sí lo cumpla en la prórroga que solicita. Si no lo explica, se deben exigir garantías".