La caja fija no es para pagar a los periódicos

El pasado miércoles, Valencia Plaza desveló, en aras de la transparencia, que la caja fija de la Generalitat, la caja black, como la rebautizaron Mónica Oltra y algún periódico, se utilizó en época de Camps para repartir más de un millón de euros entre los medios de comunicación escritos –no miramos las radios y televisiones, que también recibirían lo suyo–. De esa cantidad, casi todo el dinero fue a parar a lo que mi admirado Arsenio Escolar llamaba “la vieja prensa de pago”. A nuestro periódico le abonó la Conselleria de Educación 121 euros que, probablemente, nunca debieron salir de la caja fija.

La publicación de los datos ha molestado a más de un colega, pero está más que justificada después de que los medios de comunicación llevemos varios años publicando en qué se gastaban la caja fija los gobiernos de Camps y Fabra, con partidas sonrojantes, como las maquinillas de afeitar de Uncio, la estancia en Año Nuevo en un hotel de cinco estrellas de Cristina Serrano y las numerosas comilonas en restaurantes carísimos en las que, si se investigara hasta el final, seguro que aparecía algún periodista convidado. Cuando un conseller invita a comer a directores de periódicos, el dinero sale de la caja fija porque así está previsto en la ley. Lo que no es de aceptable es que la comida sea una falta de respeto a los ciudadanos por sus gambas de Dénia, su whisky de 12 años o su botella de Moët & Chandon. Y tampoco es de recibo que con el dinero de la caja fija se pague a los medios de comunicación al margen del dinero presupuestado para publicidad, porque no está para eso. La culpa, obviamente, no es de los medios que cobraron por esta vía, que ni lo sabían, sino de quienes pagaron.

El anticipo de caja fija, que es como se denomina esta modalidad de pago, es un procedimiento legal previsto “para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes” de gastos "periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características”. Esto es lo que dice la ley. Son gastos que tienen un control posterior porque sería imposible contratarlos mediante los procedimientos habituales de la administración. Por tanto, las comidas están incluidas, igual que los taxis, los gastos de viajes, las reparaciones urgentes y hasta las ñoras de Esther Pastor si, como alegó y era lógico pensar, eran para el comedor del Palau de la Generalitat, al que también se invita de vez en cuando a periodistas. Lo que no está incluida es la publicidad en medios de comunicación, que tiene que estar presupuestada y adjudicada mediante un proceso de contratación.

Ahora, con la publicación obligatoria de los gastos de caja fija en los portales de transparencia de la Generalitat hemos ganado mucho en lo que a su control se refiere. No estaría de más que el Consell añadiera una medida, que puede aprobar en dos días, y redujera el límite de esta modalidad de gasto. La ley estatal establece que una administración no puede pagar más del 7% del presupuesto de gastos como anticipo de caja fija. En la Generalitat valenciana ese límite es del 12% desde que en 1998 al presidente Zaplana le pareció que no tenía suficiente barra libre y le hizo firmar una orden al conseller de Economía y Hacienda, el no menos manirroto José Luis Olivas.

En 2009, con Francisco Camps de presidente y Gerardo Camps de conseller, se alcanzó el récord de gasto mediante caja fija, con 190 millones de euros. En 2013, después de que Fabra retirase la tarjeta de crédito a los altos cargos, impusiera viajar en clase turista y limitara las comidas a menús de 20 euros, el gasto descendió a menos de la mitad, 82 millones.

Un auto judicial preocupante

Hablando de transparencia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) publicó este viernes un auto que supone un revés para la transparencia. Se trata del archivo de la querella de Esquerra Unida contra cinco consellers del Gobierno de Fabra que se negaron a facilitarle documentación, querella que respondía a una repetida práctica del Consell de Fabra consistente en ocultar información hasta que un tribunal le obligara a facilitarla, meses o años después de solicitada. La querella se interpuso después de 18 sentencias condenatorias para la Generalitat, a las que hay que sumar las que lograron otros partidos.

EUPV los acusó de impedir, a sabiendas, el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes (artículo 542 del Codigo Penal) pero el Tribunal viene a disculpar la actitud de los consellers porque, al fin y al cabo, los diputados lograron la documentación acudiendo al contencioso-administrativo. Sostienen los magistrados que “dificultar” la obtención de la información no se puede considerar delito porque no llega a impedirla.

Ergo, cuando un conseller quiera ocultar información a los diputados ya sabe que puede hacerlo sin ningún reproche penal y sin que los representantes de los ciudadanos tengan otra alternativa que la jurisdicción contencioso-administrativa, que con su lentitud prolonga la opacidad.

Impropio de las universidades

Valencia Plaza publicó el viernes un análisis del capítulo económico del informe de la Comisión de Expertos en Comunicación de las Universidades Valencianas (Cecuv) sobre el nuevo modelo audiovisual y la nueva radiotelevisión pública valenciana. El resumen es que el capítulo económico es un despropósito –142 millones de euros de presupuesto, casi lo mismo que la antigua RTVV– que demuestra que la gestión de una televisión pública no se puede dejar en manos de expertos en periodismo.

Es incomprensible que para la elaboración de este trabajo, que se supone que debe servir de base para la ley que regule el sector, se formara una comisión de expertos sólo en comunicación, teniendo a mano decenas de expertos de las facultades de Economía y Derecho. O que esta comisión se atreviera a abordar el modelo económico y financiero de la nueva televisión si los expertos iban a ser tres directores de la titulación de Periodismo, seis profesores de Comunicación Audiovisual y uno de Sociología, que no era otro que Rafa Xambó. ¡Acabáramos!