Rafael Montero. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. El procesamiento de Rafael Montero como presunto autor de un delito de fraude en subvenciones le ha descabalgado de la secretaria general de la patronal de Castellón (CEC), pero seguirá como empleado de la misma porque la organización no puede pagarle el finiquito. Así lo decidió este lunes la asamblea general de la confederación empresarial dentro del paquete de medidas urgentes aprobadas a propuesta de la comisión gestora que la dirige desde hace un par de semanas, entre las que destaca la solicitud del preconcurso de acreedores.
La destitución del secretario general pone fin a las décadas de gobierno en la patronal de Castellón bajo la batuta del expresidente José Roca y el propio Rafael Montero que han culminado con la imputación de la propia patronal por falsedad documental y delitos contra Hacienda y la Seguridad Social y que han situado a la organización al borde de la ruina.
De hecho, una de las medidas que la asamblea adoptó este lunes fue encargar una auditoría externa para calcular el calibre del agujero que dejan Roca y Montero, ya que los actuales responsables de la patronal castellonense son incapaces de precisar cuál es el volumen de la deuda. Según Roca, sólo a los bancos se les deben 600.000 euros. "En las últimas semanas se nos han presentado varios proyectos de presupuestos en los que aparecían y desaparecían partidas y no cuadraban los números", explicó a este periódico uno de los integrantes de la gestora.
La gestora tampoco conoce cuál era la retribución que percibía Montero como secretario general, una remuneración que la CEC no hizo pública a pesar de estar obligada por la Ley de Transparencia, ni tampoco la indemnización a la que tendría derecho, ni siquiera si éste disfrutaba de un contrato de alta dirección. Lo único seguro es que la organización, que lleva cuatro meses sin pagar las nóminas, no está en disposición de acometer grandes desembolsos. Su destitución se acordó por pérdida de confianza, según justificó Néstor Pascual, integrante de la gestora, tras la asamblea.
Al parecer, nadie hasta ahora se interesó por conocer la situación del que ha sido secretario general durante las tres últimas décadas, quien mantenía a un familiar colocado en la CEC con cargo a un convenio con el Ministerio de Empleo según reconoció el propio Roca en una entrevista con El Mundo. Mientras tanto, la CEOE, la patronal nacional a la que pertenece la CEC, también miró hacia otro lado a pesar de que su código ético impide la presencia de procesados en sus organizaciones.
El propio Montero, que durante años alcanzó las más altas cotas de poder en el panorama empresarial al ejercer durante varios años como secretario general de Cierval, se negaba a dimitir hasta hace pocos días porque no apreciaba motivos para ello, pero aparecer señalado en el auto judicial como muñidor de un entramado que habría permitido defraudar 1,8 millones de dinero público convirtió su situación en insostenible.
Previamente, ni el expediente del Banco de España por su papel en la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) -Montero fue multado con 90.000 euros que posteriormente se redujeron a 55.000- ni su papel activo en el consejo de esa sociedad antes de su millonario rescate lograron apearle ni de la CEC ni de la propia SGR, en la que aún aguantó unos meses más en el consejo que se montó tras quedar intervenida de facto por la Generalitat.
Tras confirmar que Montero continuará como empleado raso de la CEC, los nuevos gestores de la patronal castellonense esperan que ahora sea él el que mueva ficha ante el complicado panorama judicial y económico que se le presenta.
Al margen de poner en orden el desaguisado contable, la asamblea de la CEC adoptó este lunes otras decisiones no menos urgentes como la de contratar un abogado penalista que prepare el recurso de la organización ante su procesamiento y la más que probable apertura de juicio por el fraude de los cursos y otro letrado encargado de "tranquilizar" a los once empleados de la plantilla.
La secretaría general la sume de manera provisional Germán Belvis, representante de Ascer. A medio plazo, cuando se aclare la situación de preconcurso y el proceso judicial, la CEC tiene previsto convocar una junta electoral.
Por unanimidad, la asamblea también acordó trabajar para que la CEC mantenga su entidad como organización empresarial representante de Castellón, una decisión que llega en pleno proceso de reforma de los estatutos de la autonómica Cierval para reforzarse a costa de las organizaciones provinciales.
