La comisión de investigación de EMT, abierta a más responsabilidades tras la salida del gerente

VALÈNCIA. Esta semana se hacía público el cese del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Josep Enric García, un año después del fraude perpetrado por unos estafadores a la firma pública consistorial. Un 'sacrificio' del presidente de la empresa y edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, para intentar dar carpetazo a la crisis de gobernabilidad y legitimidad en el seno de la mercantil, pero todo indica que no será suficiente y que podrían señalarse más responsabilidades internas en el suceso.

Los consejeros de la empresa, de gobierno y oposición, constituyeron tras el fraude una comisión de investigación para esclarecer qué falló, cómo podría evitarse algo similar en un futuro, y para apuntar responsabilidades -no directas, dado que presumiblemente nadie participó conscientemente de la estafa-. Las conclusiones se pretendían sacar a la luz habiendo solucionado antes la controversia acerca de la salida del gerente por su responsabilidad in vigilando.

Superado este estadio, el documento de conclusiones está a punto de salir del horno tras semanas de consultas entre la presidenta de la comisión, la socialista Elisa Valía, y los representantes del resto de grupos políticos. Según apuntaron varias fuentes conocedoras del proceso, con toda probabilidad se entregará a los miembros de la comisión de investigación la próxima semana. Y en él, no se descarta apuntar a más empleados de la empresa por lo sucedido ahora hace un año. De hecho, es muy probable.

Así, además del gerente de la firma, que resultará cesado formalmente este lunes, se espera apuntar a más cargos dentro de la empresa. Con todo, y teniendo en cuenta que todavía se desconoce el contenido del borrador, éste podría sufrir todavía modificaciones de última hora, aunque se considera improbable un movimiento sobre este asunto. Tampoco se sabe en qué términos se concretarían estas responsabilidades, si en términos de despidos, dimisiones, sanciones, o cualquier otro procedimiento.

Si bien permanece oculta la dirección en la que se apunta, lo cierto es que además de García y de la empleada ya cesada que facilitó la estafa sin saberlo, Celia Zafra, el otro nombre protagonista de la rocambolesca historia es el de María Rayón, la jefa de Gestión de la EMT, superior de Zafra. La directiva, que se encontraba de baja temporal por maternidad cuando se desarrolló el fraude, entre el 3 y el 23 de septiembre, mantenía sus funciones de rúbrica en las cuentas bancarias.

Un hecho a tener en cuenta tras conocerse que el banco, Caixabank, le advirtió por correo electrónico de que su subalterna, la jefa de Administración, Celia Zafra, estaba dando curso a transferencias anómalas desde la EMT a dos cuentas de Bank of China en Hong Kong. Tras dos semanas de iniciarse el primero de los ocho pagos que se hicieron, existe un correo procedente de la entidad bancaria dirigido a Zafra, en el que se informaba de que se había hecho correctamente la sexta transferencia. Un correo en el que puso en copia a la directiva superior de Zafra, María Rayón.

Así pues, ésta habría sido informada de los pagos entonces, lo que podría haber hecho saltar las alarmas antes de que se realizarán las últimas dos transferencias por valor de 1,1 millón de euros entre ambas. No obstante, el hecho de que Rayón se encontrara de baja le eximía de estar atenta al correo electrónico. No así para firmar otras transferencias monetarias.

Por otro lado, un informe pericial de Caixabank presentado en el procedimiento judicial desvela que el usuario de Rayón entró a la cuenta bancaria durante numerosos días, tanto antes como durante la estafa. Lo cual habría permitido detectar los pagos irregulares con diligencias. 

Accesos, parte de los cuales, se registraron a horas intempestivas de la madrugada, por lo que Rayón niega que fuera ella la que practicara estas intrusiones. El informe señala que esta circunstancia podría significar que alguien entró en su lugar desde otros enclaves del planeta. Pero en tal caso, salta la duda sobre una posible brecha de seguridad en las credenciales de la directiva. Tanto Rayón como García están llamados a declarar a mediados de octubre ante el juez como testigos por todo ello.