VALÈNCIA, (EP). La comisión municipal en el Ayuntamiento de València por el conocido como caso Taula, derivado de Imelsa, ha concluido su investigación reclamando a los ediles del grupo 'popular' que entreguen su acta. En caso de no hacerlo, se solicita al PP que tome "cartas en el asunto" y les haga abandonar el grupo.
La conclusión se llevará a debate al pleno del mes de marzo, según ha informado el consistorio en un comunicado. En este caso, la propuesta, planteada por el presidente de la comisión y representante de Compromís, Carlos Galiana, ha salido adelante con el apoyo de la representante del PSPV, Sandra Gómez, ya que desde Ciudadanos (CS) y València en Comú se han abstenido al solicitar que se prolongue en el tiempo la comisión mientras que el PP, con su representante, Eusebio Monzó, ha votado en contra al considerarla un "circo mediático".
La comisión se constituyó por acuerdo plenario para determinar las responsabilidades políticas derivadas de los hechos de carácter presuntamente ilícito investigados en los tribunales sobre el supuesto blanqueo de capitales en el grupo municipal popular. Este órgano podía prolongarse durante un total de seis meses, prorrogables a tres más.
Carlos Galiana ha explicado que el informe final aprobado ha exigido a los concejales populares "la entrega de su acta, tal y como también pidió la Presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig". "Lo que ha quedado claro es que el grupo municipal popular funcionaba con total opacidad y que, consecuentemente, los concejales populares son responsables políticos de ese descontrol que, de manera nada clara, sirvió para financiar la campaña electoral", ha dicho.
Según Galiana, "si no abandonan su acta, pedimos al propio Partido Popular que tome cartas en el asunto y haga que los concejales abandonen el grupo municipal". Otras conclusiones han sido aprobadas por mayoría. Entre ellas, por unanimidad, ha salido adelante que, a partir de ahora, se harán públicos los gastos de los grupos municipales "para que estén al alcance de todo el mundo", y se creará un registro de entrada de las visitas así como unos documentos para dejar constancia de las facturas y gastos.
Además, se marca la obligatoriedad de tener sólo una cuenta bancaria por grupo municipal. De no ser así en la actualidad, se contará con un plazo de tres meses para regularizar esta situación. También se ha acordado unánimemente que los grupos municipales no puedan llevar a cabo tareas propias de las delegaciones.
Los cinco grupos municipales han aprobado una propuesta para modificar el reglamento orgánico del Pleno que regule de manera óptima las comisiones de investigación. No obstante, el PP se ha desmarcado de la propuesta del presidente de la comisión para que las comparecencias en las comisiones creadas en el ámbito municipal "sean obligatorias y tengan las mismas garantías de funcionamiento y organización que las otras administraciones".
Al respecto, València en Comú ha explicado su posición en un comunicado en el que ha calificado de "precipitado" el cierre y porque considera un "deber público y ético seguir investigando". Su representante Jordi Peris entiende que este no es un informe "final" aunque suscribe el contenido del informe de sus socios de gobierno "y en especial, la denuncia que hacen de la corrupción en la gestión del PP" cuando estaba al frente del Ayuntamiento.
Peris asegura que comparte la "frustración" de sus socios de gobierno ante la "dificultad" de avanzar en la investigación por el "boicot" del PP y las incomparecencias ya que "lejos de estar en un punto muerto, el caso Taula está muy vivo". En este sentido, cree un "error" el cierre de la comisión ya que, en el caso de La Rambleta, cree que se ha heredado un contrato "con muchos puntos oscuros que se tendrían que clarificar".
Por su parte, desde el PP han defendido que este grupo es el que "más medidas de transparencia ha propuesto" mientras acusa al tripartito y a CS de haber querido "solo aprovechar la comisión para sacar rédito político más allá de las actuaciones judiciales".
"La comisión ha servido para apreciar el enfrentamiento y la división que reina en el tripartito y que está afectando a la gobernabilidad de la ciudad", ha apuntado Eusebio Monzó, quien cree que en la finalización de la comisión "ha quedado manifiesta la ruptura que existe hoy en el tripartito, en el que Compromís, PSPV y Valencia en Comú, son incapaces de mantener la misma posición y caen en continuas contradicciones".
Para el PP, el objeto de la comisión de investigación "quedó desnaturalizado" cuando el juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia "expresó con claridad" en un auto que "no se aprecia en el Ayuntamiento de Valencia ni especial titularidad, ni relación con el bien jurídico protegido, ni perjuicio económico estimable".
Además, sostiene que de los trabajos realizados "nada se desprende, ni siquiera indiciariamente, de que ninguna de las personas investigadas, ni los actuales miembros del Grupo Municipal Popular haya participado en hecho alguno que pueda revestir alguna presunta infracción o ilícito penal ni administrativa, como así hemos comprobado con el Auto del Tribunal Superior de Justicia sobre el diputado Miquel Domínguez".
CS, con el edil Narciso Estellés, por su parte cree que la situación es "insólita" y que el cierre es "en falso" porque aún quedaba trabajo por hacer, vinculado al testimonio de expertos y el análisis de la documentación, principalmente expedientes, en poder de la comisión.
Nada mejor que poner una comisión parlamentaria o municipal en la vida. Es otra forma de pasar el tiempo y justificar complementos. Las últimas de nuestra cámara autonómica son puro sainete
