La Comunitat paga 1.240 millones de intereses al Estado en cuatro años por la financiación

VALENCIA. Las CCAA han pagado a Hacienda 5.636 millones de euros en intereses por los mecanismos adicionales de financiación que puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy a partir de 2012. Esta cantidad supera en 1.424 millones a las amortizaciones de capital que han realizado las regiones y que se elevan a 4.212 millones de euros, según un informe de Hacienda al que ha tenido acceso Europa Press.

Durante los últimos cinco años, las CCAA han recibido, en forma de préstamo, 131.072 millones de euros a través de los citados mecanismos de financiación, a través del Fondo para la Financiación de Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico y el Fondo de Financiación a CCAA en 2015.

Las regiones han empezado a devolver al Estado parte de esa cantidad, pero sólo han amortizado 4.212 millones de euros del principal de los préstamos con cargo al Fondo de Financiación del Pago a Proveedores de las CCAA. Durante el período 2012-2015 no se han atendido amortizaciones de principal de operaciones formalizadas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico.

La primera amortización del FLA correspondía a 2015, sin embargo y en virtud del Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se acordó ampliar un año de carencia en la devolución de los préstamos formalizados con cargo al este fondo de liquidez. Este año de carencia también se extendió al Fondo de Proveedores y por ello, en 2015 no hubo ninguna amortización del mismo.

Lo que sí ha habido todos los años han sido pago de intereses por parte de las CCAA a Hacienda de estos préstamos. Así, los cobros de la Administración General del Estado por los intereses derivados del Fondo de Proveedores y del FLA ascienden en este periodo a 5.636 millones de euros. Es decir, 1.424 millones más que lo destinado por las regiones a amortizar los préstamos.

De esa cantidad, 2.672 millones de euros corresponden a los intereses devueltos del Fondo para Proveedores. En 2012 pagaron 512 millones, en 2013, 992 millones y en 2014, 1.157 millones. En 2015 destaca el reducido importe de 10,64 millones de euros. Pero esto se debe a la aplicación del Real Decreto Ley 17/2014 que fijó en el 0 por ciento el tipo de interés de los préstamos formalizados con cargo a mecanismos adicionales de financiación autonómica durante todo el año 2015.

Las regiones también han devuelto 2.963 millones de euros en intereses por los préstamos del Estado a cargo del FLA, de los que 764 millones fueron devueltos en 2013; 1.392 millones en 2014 y 807 millones en 2015.

Cataluña, la que más intereses paga

La CCAA que más intereses ha pagado es Cataluña, ya que es la que más fondos ha recibido. En estos últimos cuatro años ha pagado 1.327 millones de euros de intereses por el FLA y 427 millones por el Fondo de Proveedores. Sin embargo, no es la que más capital amortiza. Ha devuelto sólo 130 millones del fondo de proveedores.

También la Comunidad Valenciana está en cabeza de las que pagan más intereses --665 millones por el FLA y 575 millones por el Fondo de Proveedores-- y su amortización de principal fue de tan sólo 286 millones de euros.

Lo mismo ocurre con Andalucía, que pagó 515 millones por intereses del FLA y 418 millones por el fondo de proveedores, mientras que amortizó sólo 170 millones de euros de capital.

La Comunidad de Madrid y Castilla y León son las autonomías que más capital han amortizado, 1.257 y 1.052 millones de euros respectivamente. Madrid sólo ha pagado 156 millones en intereses por el Fondo de Proveedores y nada por el FLA.

   En el caso de la comunidad que preside Juan Vicente Herrera, el pago de intereses por el FLA ha sido de cero y por el Fondo de Proveedores, de 115 millones de euros en este periodo.

   Hay que tener en cuenta que en muchos casos el principal se ha refinanciado con los propios mecanismos adicionales de financiación, en otros se han satisfecho con carácter voluntario por las CCAA según han ido mejorando las condiciones financieras del mercado y en otros casos se han practicado "obligatoriamente por imposibilidad de efectuar los pagos a algunos de los proveedores propuestos", según precisa el citado informe.