VALÈNCIA (EP). La Comunitat Valenciana ha registrado 7,5 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes en el segundo trimestre del año, la segunda tasa más alta por comunidades autónomas tras Canarias, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Casi 30.000 parejas se divorciaron o separaron en España en el segundo trimestre de 2018 -entre abril y junio-, un 1,7 por ciento más que en los mismos meses del año anterior, según esta estadística.
En concreto, se registraron 28.063 divorcios y 1.449 separaciones y todas las formas de disolución matrimonial experimentaron incrementos interanuales, salvo las demandas de divorcio consensuado (17.077) que apenas descienden un 0,1 por ciento. Por su parte, las 11.986 demandas de divorcio no consensuado son un 4 por ciento más que en los mismos meses del año anterior.
Ente las parejas que se separaron en este periodo, 983 lo hicieron de manera consensuada, un 5,4 por ciento más que en el mismo trimestre de 2017; y 466, de forma no consensuada, un 5,9 por ciento más que las presentadas entre abril y junio del año anterior. Asimismo, hubo 32 demandas de nulidad, un 11,1 por ciento menos que en el mismo periodo de 2017.
Por comunidades autónomas, el mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias (7,7), seguida de la Comunitat Valenciana (7,5); Cataluña (7), La Rioja (6,9), Andalucía e Islas Baleares (6,8) y Murcia (6,7). Las tasas más bajas se han registrado en Castilla León (4,8), Aragón (5,2) y País Vasco (5,3).
En cuanto a las demandas de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, las consensuadas se han incrementado un 12,1 por ciento y las no consensuadas han tenido un ligero descenso del 0,4 por ciento respecto al segundo trimestre de 2017.
Por su parte, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales han tenido incrementos interanuales. Las 5.420 demandas que fueron consensuadas experimentaron un incremento del 6,4 por ciento en el segundo trimestre de 2018 y las 7.789 demandas no consensuadas se incrementaron un 4,7 por ciento.