VALÈNCIA (EFE). La Comunitat Valenciana fue la segunda comunidad con mayor número de embargos total de fincas en el primer trimestre, con 2.914, solo por detrás de Cataluña.
De ellas, 1.524 eran viviendas, 1.183 correspondieron a viviendas de personas jurídicas y 341 de personas físicas, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el conjunto nacional, las ejecuciones hipotecarias, o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, en viviendas habituales disminuyeron un 27,4% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2018.
Entre enero y marzo se registraron un total de 14.669 certificaciones por ejecución hipotecaria, un 2,1% más que un año antes; de ellas, 13.951 correspondieron a fincas urbanas, un 2,5% más.
El repunte en el total de embargos ejecutados se debió a la fuerte subida de las ejecuciones sobre viviendas de personas jurídicas, que crecieron un 29,6%, y sobre solares, que lo hicieron un 25,3%.
El número total de viviendas de personas físicas, tanto habituales como de otro tipo, objeto de una ejecución hipotecaria ascendió a 2.018, un 24,4 % menos respecto a los tres primeros meses de 2018, y un 5,6 % menos que en el último trimestre del año pasado.
Entre las viviendas de personas físicas embargadas, 1.490 eran habituales en propiedad (un 27,4% menos que en el mismo trimestre de 2018) y 528 no eran residencia habitual de los propietarios (un 14,8% menos).
En una nota, el INE destaca que el periodo 2005-2008 concentró el 59,9% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre del año.
El 23,1% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre correspondió a hipotecas constituidas en el año 2007; el 15,8%, a hipotecas constituidas en 2008, y el 13,1%, a hipotecas de 2006.
Si se tiene en cuenta la naturaleza de la finca, los embargos sobre viviendas concentraron el 50,1% del total, y un 10,2% eran viviendas habituales de personas físicas.
Un 36,3% correspondió a viviendas de personas jurídicas (un 29,6 más que un año antes), y un 3,6%, a otras viviendas de personas físicas (un 14,8% inferior al del primer trimestre de 2018).
Las ejecuciones hipotecarias de otro tipos de fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) suponen el 37,5 % del total.
Atendiendo al estado de los inmuebles, un 22,9% de los embargos se realizaron sobre viviendas nuevas, y un 77,1% sobre usadas; el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas creció un 49,2% en tasa anual, y el de usadas un 0,1%.
Desglosados los datos por comunidades autónomas, las que registraron mayor número de embargos total de fincas en el primer trimestre fueron Cataluña (3.169), Comunitat Valenciana (2.914) y Andalucía (2.172), en tanto que Navarra (44), País Vasco (55) y La Rioja (62), mostraron las cifras más bajas.
En el caso de viviendas, Cataluña (1.633), Comunitat Valenciana (1.524) y Andalucía (1.182) presentaron el mayor número de ejecuciones; La Rioja (11), Navarra (21) y País Vasco (34), los menores.
