La Comunitat, una de las 6 autonomías a las que AIReF emitió recomendaciones en el tercer trimestre de 2019

VALÈNCIA (EFE). La Comunitat Valenciana fue, junto a Baleares, Murcia, Canarias, Madrid y Navarra, una de las autonomías a las que la AIReF emitió recomendaciones en el tercer trimestre, y a las tres primeras requirió que la adopción de estas medidas se sustanciara a través de los PEF 2019-2020 pendientes de presentación/aprobación.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido en el tercer trimestre 41 recomendaciones para lograr el cumplimiento de las reglas fiscales, de las que el 50 % eran para las autonomías, el 30 % a las corporaciones locales y el resto, al Ministerio de Hacienda.

En un comunicado, precisa que las administraciones tienen la obligación de seguir esas recomendaciones o explicar los motivos por los que se desvían.

En el tercer trimestre, la AIReF emitió el informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2019 de las administraciones públicas, complementado con la emisión de informes individuales para cada una de las comunidades y la evaluación de algunas corporaciones locales.

Además, emitió informes sobre la aplicación de los mecanismos de corrección previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) e informó el borrador del Plan Económico Financiero (PEF) de Andalucía y las previsiones macroeconómicas de los proyectos de Presupuestos para 2019 de Navarra y Castilla-La Mancha.

Como resultado de esa evaluación, la AIReF formuló 19 recomendaciones, todas ellas nuevas.

Como una puede ser dirigida a más de una administración, la AIReF emitió 41 recomendaciones en el tercer trimestre, de las que el 50 % fueron dirigidas a las autonomías, el 30 % a las corporaciones y el 20 %, a Hacienda.

Recomendó a la Administración Central que destinara los ingresos obtenidos por encima de lo previsto, así como los ahorros derivados de la ausencia de modificaciones en el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, a reducir la desviación sobre su objetivo de estabilidad presupuestaria.

Ámbito territorial

En el ámbito territorial, se formularon recomendaciones concretas en función de la intensidad de los riesgos detectados y las tasas de variación del gasto estimadas, al tiempo que se solicitó a Hacienda la activación de las medidas preventivas previstas para algunas de estas administraciones.

En el ámbito local, se solicitó la activación de las medidas para los entes analizados para los se estimaron tasas de variación del gasto en torno al 10 %: lo ayuntamientos de Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, así como al Cabildo Insular de Tenerife, o con problemas estructurales de sostenibilidad para los ayuntamientos de Almonte (Huelva), Jaén, Jerez de la Frontera (Cádiz) y los madrileños Parla y Navalcarnero.

Adicionalmente, la AIReF formuló seis recomendaciones de las consideradas “recomendaciones vivas”, dirigidas a reforzar la prevención de riesgos de incumplimiento en los ámbitos central y local; incrementar la transparencia; sugerir la creación de una comisión de expertos que analice las causas del nivel crítico de riesgo en la sostenibilidad de los ayuntamientos de Jerez de la Frontera, Parla y Jaén y garantizar la aplicación gradual de la LOEPSF.

Todas las administraciones manifestaron su intención de cumplir o explicar.

Hacienda cumplió la recomendación de activar las medidas preventivas para las autonomías y se comprometió a valorar la posibilidad de fijar objetivos diferenciados para ellas y a analizar posibles fórmulas para minimizar la distorsión ocasionada por el cálculo de los fondos europeos en el cumplimiento de la regla de gasto.

Por el contrario, se apartó del resto de recomendaciones, bien por considerar que no son necesarias, como la activación de medidas preventivas para determinadas corporaciones o la fijación de los objetivos de deuda de las autonomías considerando el superávit obtenido o que son de imposible cumplimiento, como fijar los recursos del sistema que van a recibir las autonomías con la suficiente antelación.