VALÈNCIA (EFE). El déficit de la Comunitat Valenciana ascendió a 670 millones de euros en mayo, lo que representa el 0,58 % del PIB, frente a los 163 millones de hace un año. La valenciana se sitúa en segundo lugar entre las comunidades autónomas en importe de déficit, por detrás de Cataluña y por delante de Madrid y Baleares, de acuerdo con los últimos datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda.
El Estado acumuló en los seis primeros meses del año un déficit de 10.514 millones de euros, equivalentes al 0,84 % del PIB, lo que supone un incremento del 27,1 % respecto al mismo periodo del año anterior como consecuencia de un aumento de los gastos superior al crecimiento de los ingresos. Los gastos crecieron un 3,8 %, hasta 105.258 millones, en tanto que los ingresos aumentaron el 1,8 %, hasta 94.744 millones.
El mayor aumento del gasto se ha debido al incremento de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico y local, y a unos gastos electorales sin correspondencia en 2018, así como al aumento de los sueldos públicos y de las pensiones aplicado desde el 1 de enero, mientras en 2018 estas subidas no se empezaron a pagar hasta julio, cuando se aprobaron los Presupuestos. Hacienda también ha publicado el déficit conjunto de las administraciones públicas hasta mayo, a falta de las corporaciones locales, que se situó en 16.957 millones (1,35 % del PIB), el 7,5 % más que un año antes.
Respecto a los datos del Estado, en el capítulo de ingresos la mayor partida correspondió a la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales, que aumentó un 1,1 %, hasta 85.802 millones. Destaca el aumento del IVA del 3,1 %, hasta los 41.960 millones, y el incremento del 5 % del IRPF, hasta los 19.244 millones, mientras que los ingresos por el impuesto sobre sociedades disminuyeron un 9,6 %, hasta los 7.558 millones, fundamentalmente por una devolución a una única sociedad por importe de 700 millones y una declaración fuera de plazo de 300 millones. Las rentas de la propiedad aumentaron un 3,3 %, hasta 3.376 millones, por los mayores dividendos recibidos de Enaire. Las transferencias corrientes y de capital entre administraciones públicas crecieron un 9,1 %, debido al excedente de tesorería recibido de la Jefatura de Tráfico por 233 millones, así como a los mayores ingresos por el sistema de financiación autonómica.
Por el lado del gasto, la remuneración de los asalariados creció el 7,3 %, hasta 9.444 millones, y las prestaciones sociales, un 13,3 %, hasta 9.744 millones, si bien el efecto de la subida salarial y de pensiones se irá suavizando a partir del mes de julio cuando la comparación sea más homogénea. Los consumos intermedios crecieron el 11,7 %, por un gasto electoral de 312 millones sin el que habrían descendido un 2,2 %.
Las entregas a las autonomías a cuenta del sistema de financiación subieron el 5,6 %, hasta 33.598 millones, y las destinadas a las corporaciones locales lo hicieron un 4,6 %, hasta 8.649 millones, mientras que las transferencias a los fondos de la Seguridad Social disminuyeron un 1,8 %, hasta 8.030 millones. La partida de intereses se redujo un 1,7 %, hasta 12.792 millones, mientras que el resto del gasto corriente bajó un 28,5 %, hasta 1.715 millones, por el menor gasto destinado a la cobertura de los costes del sistema eléctrico.
