VALÈNCIA. El Grupo Cooperativo Cajamar ha puesto en marcha un plan de excedencias voluntarias compensadas anuales renovables hasta la jubilación para todos aquellos empleados nacidos en 1963 o antes. Un proceso que va a afectar a algo más de 400 trabajadores de todo el grupo a nivel nacional y que en la Comunitat Valenciana concentrará más de un tercio. Concretamente serán unos 140, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras de la operación.
No se trata de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que el grupo ya sufrió en 2012 tras la fusión de Ruralcaja. Ni tampoco de prejubilaciones. Básicamente lo que busca la entidad es ofrecer un plan de excedencias voluntarias especiales, que se llevará a cabo entre 2017 y 2018 con salidas voluntarias, conservando el 70% del salario bruto, pero que permite volver al puesto de trabajo a petición propia o de la entidad, según han informado las mismas fuentes a Valencia Plaza. Para ello el grupo analizará las solicitudes que cumplan los requisitos donde primarán la antigüedad y el estado de salud.
El primer grupo cooperativista español cuenta con diecinueve cajas rurales repartidas en las tres provincias valencianas. Precisamente en Castellón lidera la cuota de mercado por oficina. Conviene recordar que los procesos de absorción de Cajamar en la Comunitat Valenciana (Crèdit Valencia, Caja Campo, Caja Rural de Casinos, Ruralcaja y Caja Rural San Isidro de Castellón) provocaron un importante incremento de la plantilla del grupo.
La decisión de los responsables de Cajamar llega en plena política monetaria ultralaxa del Banco Central Europeo (BCE), que ha mermado considerablemente los márgenes; y con la pujanza de las fintech ante el entorno digital que se impone de cara al futuro. De ahí que las entidades financieras -no solo ésta- busquen ahorrar costes operativos metiendo la tijera en sus plantillas.
Sin ir más lejos ahí está el caso de Ibercaja, que hace un mes puso sobre la mesa un ERE sobre un total de casi 700 trabajadores. O CaixaBank, que ha aplicado 350 prejubilaciones a mayores de 58 años. O Banco Sabadell, que a finales del pasado año anunció su intención de recortar su plantilla en hasta 800 trabajadores. Por no hablar, por ejemplo, de los que saldrán tras la fusión entre Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN).
Según datos del Banco de España, a lo largo del pasado ejercicio se destruyeron en el sector bancario 8.545 empleos -solo el Banco Popular totalizó unos 3.000-, el 4,3% del total, reduciendo el número de trabajadores hasta los 189.280 muy por debajo de los 270.855 de principios de la crisis.
Y todo ello mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda a la banca española abordar nuevos procesos de concentración como vía para impulsar una mejora de la eficiencia de las entidades nacionales. En su 'Informe sobre Estabilidad Financiera Global' publicado ayer, la institución destaca que el sistema bancario español se acerca al momento de dejar atrás los problemas heredados de la crisis, aunque recomienda a las entidades españolas seguir realizando provisiones adecuadas.
En este sentido, el FMI destaca que incrementando el capital de alta calidad se mejoraría la capacidad del sistema bancario de resistir turbulencias y facilitar crédito suficiente a medida que repunta la demanda. Asimismo, el FMI apuesta por que la banca española busque ganar eficiencia "posiblemente mediante fusiones" y recomienda a los bancos impulsar sus vías de ingresos al margen de los intereses.