La Comunitat Valenciana recibirá 20 millones para poner en marcha medidas de protección social

VALÈNCIA. (EFE) La Comunitat Valenciana recibirá 20,6 millones de euros de los presupuestos del Estado de 2022 para poner en marcha medidas de protección de la familia, atención a la pobreza infantil y prestaciones básicas de los servicios sociales.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha aprobado este jueves el reparto de 200 millones de euros de los presupuestos del Estado de 2022 a las comunidades autónomas para este fin.

Se trata de uno de los acuerdos adoptados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia presidido este jueves por la ministra Ione Belarra, en el que se han fijado la distribución de los fondos para el despliegue de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), en vigor desde junio de 2021.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno repartirá 20.651.917,71 euros, de los que 4.712.439,93 (el 9,43 %) serán para protección a la familia y atención a la pobreza infantil.

Además, 1.387.326 (9,25 %) serán para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Para el refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, la Comunitat Valenciana recibirá 2.700.500 euros (10,80 %); y para prestaciones básicas de servicios sociales, 11.603.851,78 euros (10,69 %).

Además, para proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano, recibirá 247.800 euros (12,39 %).

A nivel nacional, los presupuestos de 2022 asignan a estas partidas de protección social 198,7 millones de euros, 39 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

Según destaca Derechos Sociales, ese aumento va a permitir reforzar las prestaciones básicas de servicios sociales, lograr una mayor cobertura en los programas de apoyo a las familias y lucha contra la pobreza infantil y articular con más recursos una mejor respuesta a estas situaciones.

Para desplegar la ley de protección a la infancia se reparten 25 millones que deberán destinarse a reforzar los equipos de atención a la infancia y a las familias de los servicios sociales de atención primaria.

El mayor volumen -108 millones- va dirigido a las prestaciones básicas de los servicios sociales, que supone 9,7 millones más que el crédito distribuido en 2021.

En relación con los programas de familia y para la atención a la pobreza infantil se ha distribuido un crédito de 50 millones, con un aumento de 5 millones respecto al anterior presupuesto.

Las comunidades y ciudades autónomas disponen de 15 millones para desplegar el programa Veca de ocio educativo, para combatir en etapas estivales las situaciones de carencia y exclusión que sufren muchos niños por la vacaciones escolares.

Para el Plan de Desarrollo Gitano se destinan 2 millones de euros- 500.000 euros más que el año anterior-, concreta el acuerdo.

En el Consejo Territorial también se han aprobado los criterios de reparto del programa de lucha contra la privación material del Fondo Social Europeo Plus, que contará con una cuantía de unos 563 millones, superior a la reservada reglamentariamente. Se ha considerado principalmente el criterio de la población que se encuentra en una situación de privación material severa.