La confusión en las tarifas provoca retrasos de seis meses en el pago a los peritos judiciales

VALENCIA. Los peritos judiciales son los profesionales responsables de suministrar información a los tribunales de Justicia sobre los puntos de un litigio en concreto. Su labor pasa por la recolección de testimonios o la supervisión de las pruebas en casos que van desde la custodia de un menor al reconocimiento de una discapacidad. Su turno de oficio, no obstante, depende directamente del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat (Copcv). Pese a que muchos de sus casos son de una sensibilidad especial, hasta el punto de acarrearle presiones y amenazas, los peritos del turno de Valencia, Alicante y Castellón llevan retraso en el cobro de sus honorarios desde el mes de abril.

En concreto, la Generalitat adeuda 148.000 euros al Colegio Oficial de Psicólogos del que dependen estos profesionales, pero justifica el retraso en el pago en un error al establecer las cuantías de las liquidaciones. A finales del año pasado, entró en vigor una modificación al alza sobre los importes que los peritos reciben por cada trabajo, y el Copcv entendió que todas las facturas emitidas se acogían al mismo. No es así, puesto que las anteriores a la fecha de la firma se rigen por el sistema antiguo, por lo que se les requirió que rectificaran para desbloquear el pago. En el proceso de actualización del coste hay que buscar la causa del desfase de casi medio año, según la Dirección General de Justicia.

El Copcv confirma que esta “confusión” ha podido generar retraso, puesto que ciertamente se han visto obligados a realizar “un reajuste en las liquidaciones”. Con fecha de 14 de junio de 2016, la Dirección General de Justicia hizo el requerimiento a la entidad colegial para modificar los importes incorrectos y a finales de julio ya se procedió a comprobarlos. Además, el proceso se saldó con una reunión entre el Colegio y la directora general de Justicia, Maria Àngels García Vidal, en la que la responsable se comprometió a realizar las liquidaciones con la mayor brevedad. “Procuramos mantener una relación bastante fluida con la Administración”, insisten desde la organización colegial.

Desde 2001 no se habían revisado ni actualizado los importes de las peritaciones judiciales. El incremento de los precios de las periciales se acometió mediante la Orden 3/2015, de 4 de diciembre, y entró en vigor el 16 de diciembre de 2015. A partir de este momento empiezan a regir las nuevas tarifas en beneficio de estos profesionales.

Así, en 2001 por cada pericia se abonaba 90,15 euros, mientras que ahora esa cantidad se ha incrementado hasta los 150,25 euros. Cuando se considere que una pericia conlleva una especial dificultad y coste para el perito designado, previo informe favorable y razonado del colegio, Justicia podrá acordar un precio extraordinario de 300 euros.

Ha habido desfases mayores

Los retrasos en los turnos de oficio de los Colegios profesionales no son nada nuevo. Tras años de problemas sucesivos, la Generalitat ponía al día la deuda contraída con el Consejo de Colegios de Abogados y Procuradores de la Comunitat en marzo del año pasado, lo que permitió hacer el abono a los miembros de sus turnos. Ahora bien, en el caso de los peritos judiciales el retraso persiste, lo que varios miembros consideran “un agravio comparativo” con respecto a sus compañeros en la gestión de los recursos.

Varios colegiados dicen estar “desesperados”, hasta el punto de que en muchos casos se han dado de baja. Quienes continúan no solo siguen asumiendo buena carga del trabajo de oficio, sino también corriendo con gastos de transporte y gestión de su propio bolsillo. Además, destacan el “carácter delicado” de los temas que llevan entre manos, como por ejemplo abusos de menores, y las “amenazas habituales” que reciben de algunas de las partes implicadas. “Es un trabajo que debe estar remunerado”, exigen.

Desde el Copcv, no obstante, restan gravedad a la situación y confían en la labor de la Generalitat. “Se está funcionando bien en cuanto a pagos, de hecho hace poco hicieron un ingreso y ahora mismo la cantidad pendiente se corresponde a liquidaciones desde abril”, confirma Mar Lluch, vicedecana de la organización. Consideran que no es un retraso “demasiado grande” con respecto a situaciones anteriores. “Los habido superiores, hemos llegado a tener una deuda de hasta de más de un año”, valora.

El servicio de peritos judiciales, operativo en toda la autonomía y dependiente del Copcv, consta de 270 profesionales inscritos en Valencia, 150 en Alicante y 59 en Castellón. Esto no significa que haya 479 miembros, sino algunos menos, ya que es posible apuntarse de manera simultánea en más de una provincia. En función del volumen de peritaciones que asuma cada cual se van repartiendo los dividendos.