VALÈNCIA. Los vecinos del barrio de Penyaroja están intentando mover cielo y tierra para incrementar la presión sobre las instituciones e intentar así paralizar la aprobación definitiva la recalificación de dos parcelas. Una operación impulsada desde el Ayuntamiento de València como solución a la encrucijada del 'pelotazo' de Tabacalera. Sin embargo, la solución ha generado malestar entre el vecindario, que ha reclamado en reiteradas ocasiones la paralización del proceso. Tras la aprobación en el consistorio, sólo queda que la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana de su último visto bueno.
Por eso la Plataforma Vecinal de Penyaroja se ha puesto en contacto con diversas instancias del Consell, como con la Vicepresidencia y Conselleria de Políticas Inclusivas, que lidera Mónica Oltra. Así, el gabinete de dicho departamento mantuvo una reunión con los representantes vecinales a finales del pasado mes de noviembre cuyo eje central fue la preocupación vecinal por la operación urbanística por el perjuicio a la calidad de vida de los vecinos que, aseguran, conllevará, y con la consiguiente pérdida de dotaciones públicas y de eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Más tarde, los vecinos insistieron enviando un escrito a principios de enero donde se recogía toda la información al respecto. Ha sido a finales de marzo cuando el gabinete de la Conselleria ha respondido a los representantes vecinales en una misiva en la que, entre otras cosas, se les comunica que el departamento de Oltra envió una carta al Ayuntamiento de València "exponiendo todas estas preocupaciones e inquietudes manifestadas".
Así, el gabinete de la Conselleria asegura que entiende las reivindicaciones ya que "para la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas -Mónica Oltra- ha sido, y seguirá siendo una prioridad colocar en el centro de la acción política a las personas". Una prioridad que, continúa, "significa trabajar cada día en la defensa de los derechos de todas las personas y en la calidad y mejora de los servicios públicos". La Conselleria recuerda, no obstante, que estas reivindicaciones "exceden del ámbito competencial" del departamento de Oltra, pero que se compromete a trasladar la información al órgano directivo de la Conselleria competente.
Así pues el departamento de Oltra ha emitido una comunicación con el consistorio valenciano trasladando estas exigencias vecinales que, en realidad, ya eran bien conocidas en el edificio consistorial cuya gestión lidera Joan Ribó. La batalla tiene origen hace tiempo, cuando el gobierno municipal de Rita Barberá dio luz verde a la permuta de unos terrenos realizada en favor de la constructora Guadalmedina en el edificio de Tabacalera. Una operación que vulgarmente se conoció como el 'pelotazo' de Tabacalera y que el TSJ acabó anulando años después, ya con Ribó al frente de la administración municipal.
Así, el Ayuntamiento de València se vio obligado a compensar a la empresa, quien reclamaba en vía judicial 45 millones de euros. Y en este contexto, el equipo de gobierno local y concretamente desde el área de Urbanismo, que entonces dirigía el edil Vicent Sarrià, decidió que para compensar esta deuda, el Ayuntamiento entregaría un solar previsto para centro escolar y otro calificado como zona verde, en el barrio de Penyaroja.
Figuración del nuevo edificio. Foto: VP
La pastilla más pequeña corresponde a lo que debería haber sido un colegio. Se trata de una parcela en la confluencia de las calles Penya-Roja y Río Escalona de más de 1.180 metros cuadrados de forma triangular. Esta peculiaridad geométrica hace que no se puede emplear ya que se trata de un tipo de solar que la legislación expresamente prohíbe su uso en colegios. Guadalmedina tendrá derecho a construir aquí 7.400 metros cuadrados de suelo techado en un edificio que como máximo puede tener 10 alturas.
La segunda parcela con la que se quiere compensar a Guadalmedina formaba parte de unagran zona verde prevista en la calle 3 de abril 1979, junto a las naves de Cros. En este solar de 1.680 metros cuadrados la empresa podrá construir un edificio con 8.700 metros cuadrados de techo que como máximo tendrá 13 alturas. En este caso, en el Ayuntamiento defienden que los vecinos continuarán teniendo más de 7.000 metros cuadrados de parque.
Por todo ello los vecinos han estado manifestándose en contra y exigiendo que se tengan en cuenta otras soluciones alternativas para hacer frente a lo que pide la constructora. Por el momento, intentarán que se paralice el cambio de planeamiento que convertirá la zona escolar y zona verde en residencial, paso previo para ejecutar la entrega de los terrenos a la empresa. El expediente está ahora en la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, donde lleva varios meses
Foto: VP
