La corrupción no viaja sola

VALÈNCIA. Tristeza. Ese es el sentimiento que nos embarga. La sociedad valenciana ha quedado rota por la mitad. Desgarrada tras la caída del Tótem sagrado, la destrucción del “sueño americano”, de cuando éramos “pioneros” y ponían a Valencia en el mapa… Zaplana está en prisión. La detención del ex Presidente de la Generalitat Valenciana debería hacernos reflexionar sobre el sentido de país y de pueblo. El que tenía este ciudadano nacido en Cartagena y que tan poco respeto demostró para con las instituciones valencianas, para con nuestro sentimiento de país. Pero no estaba solo. Necesitó del engranaje de una sociedad que había devenido en una pérdida de principios absoluta. La escala de valores estaba en su punto más bajo. Agua para todos. 

Todos a la cárcel. Para algunos han cambiado las tornas. Han cambiado por el torno de Picassent. Han cambiado los tiempos. Ha tenido que llegar una crisis terrible para afearle a nuestros gobernantes que no se pueden gastar el dinero público en unas copas en La Indiana. Hace casi 20 años esto no era así y la Fiscalía archivó estas diligencias de investigación. Hace 15 años los empresarios no mordieron la mano que les daba de comer, y el caso Terra Mítica acabó con 15 años de cárcel para los constructores e ingenieros de esta obra faraónica en Benidorm. Ningún representante de la Generalitat, encausado, acabó condenado.

A Eduardo Zaplana le recrimina ahora la Justicia que repartiera los contratos públicos entre sus amigos: la privatización de las ITV de 1997, el Plan Eólico de 2002. Recuerdo que la prensa de la época, alguna, se cansó de denunciar estos y otros desmanes que hoy se ven como delitos. Lo eran entonces, pero nadie actuó de oficio. Muchas denuncias de los partidos en la oposición eran archivadas ante el estupor de los periodistas que cubríamos la sección de tribunales. No había pruebas y el listón estaba muy bajo. O tal vez por eso. ¿Cuál fue el papel de los funcionarios de la Administración Valenciana que veían pasar por sus mesas los contratos? ¿Cuál fue el papel de la Intervención de la Generalitat? ¿Y el de la Abogacía? Estos días hemos sabido que uno de ellos se aprestó a buscar esos documentos, pero no para presentarlos ante la Justicia, sino para esconder alguna prueba, supuestamente. Más de 20 años después. 

No abundaban los valientes en la época dorada del PP en el Gobierno valenciano que se atrevieran a pasar por la recién creada Fiscalía Anticorrupción. Ha tenido que venir una crisis para enseñarnos los dientes, para decirnos que se acabaron los día de vino y rosas.  La Unión Europea nos dio un toque de atención mientras soltaba el dinero para rescatar a los bancos y a las cajas de ahorro, esquilmadas por el Gobierno del Partido Popular desde que Zaplana cambió la ley para que le subvencionaran sus fastos. Ha tenido que venir una crisis para que Bruselas nos pusiera firmes. Las condiciones las estamos viendo ahora, con la imposición de unas férreas medidas de control de la contratación pública con una nueva ley que se acaba de aprobar, siguiendo la Directiva europea de 2014.

Y no sólo eso. A medida que la Comisión y el Consejo europeos dictaban sus recomendaciones para la salida de la crisis, la palabra corrupción iba dibujándose en una imparable y decidida acción de la justicia, esta vez sí. Lo estaba pidiendo Europa. En el último informe sobre España publicado por la Comisión hace dos meses, se da cuenta de los avances que se han dado para ahondar en la transparencia de la contratación pública y en la eficiencia del sistema judicial con la “aplicación de preceptos de lucha contra la corrupción”. 

Los controles ex ante y ex post sobre los poderes adjudicadores, una nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, y la persecución penal de los asuntos de corrupción son algunas de las medidas previstas. No obstante, “el porcentaje de ciudadanos que creen que no se persiguen suficientemente los casos de corrupción de alto nivel sigue siendo uno de los más elevados de la Unión Europea, con un 81%”, añade el informe. El principal problema radica en “lo dilatado de los procedimientos judiciales en esos asuntos”. Sí. Casi nueve años hace que conseguí en exclusiva para mi periódico el sumario de un incipiente caso Gürtel. La sentencia -de una de las múltiples piezas separadas- acaba de ser dictada con un retrato en penas de cárcel de lo que fue el modus operandi de la financiación del Partido Popular en los últimos 20 años.  

Pero la justicia no es suficiente y se requieren normas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, que “avanza ahora sin traba alguna”, dice Bruselas. Al menos se intenta. El informe recoge el avance en Comunidades Autónomas como la valenciana, cuya colaboración con la Unión Europea se remonta a 2016. El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, viajó hasta la OLAF (Oficina de la Lucha Anti Fraude) para recabar su colaboración en un proyecto llamado Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (SATAN). Se trata de un sistema informático diabólico, como su nombre indica, para detectar preventivamente casos de fraccionamiento de contratos, conflictos de intereses de políticos y funcionarios, y empresas pantalla en los concursos públicos.

La prevención del Gobierno valenciano no se queda aquí. Les Corts aprobaron hace un año la creación de la Agència Valenciana Antifrau, un órgano independiente que dirige Joan Llinares para prevenir el fraude y la corrupción. El lunes presentó en el Rialto el documental: “Corrupció, l’Organisme nociu”. Nos lo contaron el ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez  Villarejo; el juez del caso Naseiro, Luis Manglano; el magistrado presidente de la Fundación por la Justicia, José María Tomas Tío, y el conocido magistrado Joaquim Bosch. “Por una ética pública”, dice la agencia antifraude. Ésta es la cuestión.