La Covid-19 lleva las infraestructuras a la UCI

Ante esta situación de pandemia que está asolando al mundo entero, a nuestra Nación y Comunitat y causando dolor en multitud de conciudadanos, no pretendo frivolizar con este artículo, al contrario, como representante empresarial y por mi formación académica muy implicado en el mundo de la ingeniería, de las infraestructuras y de su aporte al desarrollo económico y creación de empleo, estoy/estamos obligados a pensar en el 'día después'. Una vez vencida la Covid-19, de qué modo y con qué medios económicos, humanos y tecnológicos, contaremos para poner en marcha de nuevo nuestro, motor económico y empresarial tan 'gripado' por esta profunda y globalizada crisis. Nos hemos encontrado, que, tras seis años de crecimiento ininterrumpido, nuestro país afronta esta colosal crisis tras la Covid-19 con una deuda pública que ya supera el 100% del PIB y un Déficit Público próximo al 3%, siempre incumpliendo el marco económico-financiero marcado por Bruselas.

Tras la finalización del estado de Alarma, y el confinamiento de personas y empresas, recuperada muy paulatinamente la actividad económica, vamos a encontrarnos, ante un panorama para el segundo semestre del 2020 con una caída del PIB del 10-12 %, un Déficit público igualmente al 10% y una tasa de paro que puede dispararse al 20% .

Las Organizaciones empresariales tenemos clarísimo que el mantener la renta de los trabajadores, aparte de un deber social, es fundamental para que la economía emerja tras este durísimo revés sanitario, pero a ello en nada ayuda la sentencia a muerte, aprobada en el Consejo de Ministros del viernes 27 de marzo, para muchas empresas pequeñas españolas, imposibilitándolas, indiscriminadamente, el despedir a trabajadores. Ello va a suponer un ajuste más severo del empleo, vía una oleada de cierres definitivos y quiebras de empresas.

Habría que ir a Exenciones fiscales, moratorias de tasas, impuestos y otros gravámenes que ayudarían a salir de los ERTE.

Ante este triste panorama, vayamos a la Agenda 2030. En septiembre de 2015, España conjuntamente con los Jefes de Estado y Gobierno de 195 países, nos comprometimos, en el Foro de las Naciones Unidas (ONU) a cumplir con unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que persiguen alcanzar en el 2030 la igualdad entre personas, proteger a el planeta, mejorar la calidad de vida y con ello asegurar la prosperidad.

En junio del 2018 el Consejo de Ministros implementó un Plan de Acción para la Agenda 2030, que fue remitido y aprobado en Nueva York por la ONU el 18 de julio 2018. Igualmente, se creó el Alto Comisionado, actualmente presidido por Cristina Gallach Figueres, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe.

Tras la comparecencia de la Alta Comisionada ante el Congreso de los Diputados, el pasado enero de 2020, quedó patente los escasos avances alcanzados en la Agenda 2030 frente a los compromisos adquiridos ante la ONU (julio 2018). Ante ello, y apoyados por los informes de prestigiosas consultorías como AT.Kerney, PWC, Ernest Young, Eurostat y valiosísima y documentada información de Seopan hemos preparado un documento-guía de las inversiones prioritarias, que se requieren para cumplir objetivos de la Agenda 2030.

Inversiones por importe que ciframos en 103.000 millones de euros y cuyo traslado a los Gobiernos Central y Autonómicos debe estar presidido por la despolitización de las decisiones de las inversiones; planificación con participación de expertos y la sociedad civil; transparencia en las licitaciones y contratos; y seguridad jurídica; el somero desglose de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) es el siguiente:

•Área de Salud y Bienestar: 2.200 M€

•Área de Agua Limpia y Saneamiento: 5.253 M€

•Área Industria, Innovación e Infraestructuras: 17.148 M€

•Área de Ciudades y Comunidades Sostenibles: 74.784 M€

•Área lucha contra la desertificación, la sequía y las inundaciones: 3.848 M€

El invertir 103.000 millones de euros en infraestructuras para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 requeriría un esfuerzo inversor adicional equivalente al 8,3 % del PIB (2019) Incrementar la inversión pública en Infraestructuras, desarrollo sostenible, un 40% anual en el periodo 2020-2030 pasando del actual 2,12% del PIB durante 10 años. ¡Misión imposible! De ahí que la Covid-19 haya precipitado a la UCI a la Agenda 2030 al 2,95 % del PIB (2019). Solo será posible cumplir si se recupera la colaboración público-privada (CPP), siendo preciso revertir las barreras regulatorias actuales (desindexación). Máxime cuando las prestaciones al desempleo y el equipamiento sanitario debe aumentar, y los sectores de automoción y turismo disminuirán –mínimo durante un lustro-. Ello supondrá aumentar nuestros gastos y disminuir los ingresos.

Tras las reversiones de las autopistas AP-1, AP-7 y AP-4, tenemos tarifada únicamente el 17% de nuestra red de autovías, frente a 23 países de la Unión Europea que tienen tarifada el 100% de su red de 43.153 kms; Italia, Francia e Irlanda que la tienen al 75% de su red, y Alemania que incluso en 2018 amplió la red de peaje a sus carreteras federales, incorporando 38.000 kms.

Pues bien, si se implantasen en España las tarifas medias de peaje europeas en nuestra red de 14.130 kms de nuestra red viaria libre de gran capacidad (excluyendo las de accesibilidad urbana que suponen 905 kms) del Estado y Comunidades Autónomas, y se concesionan su operación y explotación al sector privado (sistema free flow) durante un periodo de 25 años, ello supondría hasta 104.000 millones de euros de aportación del sector privado al erario público, de unos 4.700 millones/año (recaudación de IVA, Impuesto de Sociedades y de IBI ingresado por los ayuntamientos), además de suponer un ahorro de unos 850 millones/año de gasto público en Conservación de estas autovías concesionadas.

Este modelo, no solo garantiza la sostenibilidad y calidad de nuestro stock viario público; nos permitirá el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, hoy en la UCI arrastrada por la Covid-19 y generará ocupación en la ejecución de estas Infraestructuras Prioritarias. (22 empleos directos por cada millón de euros de inversión).

Manuel Miñés es director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (CCCV)