BRUSELAS (EFE). Después de una legislatura dedicada a apuntalar la recuperación y preparar el "brexit", la actuación en materia económica de la Unión Europea tras los comicios del 26 de mayo pasará por hacer frente al auge de China, capear las tensiones comerciales o adaptarse al nuevo entorno tecnológico y global.
Estas son algunas de las tareas que tendrá que acometer el bloque europeo en la legislatura 2019-2024.
La competencia de las empresas chinas, dopadas con millonarias subvenciones del Estado, preocupa cada vez más a los países de la UE, que ven cómo sus compañías sufren para hacerles frente en el mercado global.
Bruselas reconoce que el gigante asiático ha pasado de ser un socio prioritario a convertirse también en un rival económico y busca respuestas al reto que plantea.
Hasta ahora se ha puesto sobre la mesa una posible reforma de las normas de Competencia para que tengan en cuenta los nuevos modelos económicos y la competencia de fuera de la UE a la hora de aprobar o vetar operaciones.
Francia y Alemania van más allá y plantean que esta política dé pie a la creación de "campeones industriales europeos" capaces de competir a nivel global, así como otorgar a las capitales margen para cuestionar las decisiones de Bruselas.
La UE se plantea también reforzar su industria, poniendo el foco en fomentar la cooperación en sectores clave, como el de las baterías de nueva generación o la inteligencia artificial.
En esta legislatura se verá además si surte efecto el recién estrenado sistema de control de la inversión extrajera en la UE para detectar las que puedan suponer una amenaza estratégica.
La legislatura comenzará bajo el signo de las tensiones entre Estados Unidos y China, que ya pesan sobre la economía europea. La estrategia proteccionista de Donald Trump le ha llevado también a imponer aranceles al acero y aluminio comunitarios y a amenazar con tarifas al sector automovilístico.
En 2018 la UE logró una tregua comercial con Washington que podría irse al traste con el próximo tuit del inquilino de la Casa Blanca. De ahí que los Veintiocho intenten concluir un nuevo acuerdo comercial con EE.UU. tras el fracaso del TTIP en 2016.
Su alcance sería más limitado y la Comisión quiere cerrarlo este mismo año, aunque la tarea se antoja difícil. Un escollo será la negativa de Trump a respetar el Acuerdo por el Clima de París, línea roja para algunos países.
La UE también confía en concluir en 2020 el acuerdo de inversiones que negocia desde 2013 con China, a quien pide mayor acceso a su mercado para las empresas comunitarias.
Por otra parte, deberá pactar una nueva relación comercial con el Reino Unido una vez abandone el bloque.
En un contexto incierto, el reto para la UE será encontrar el equilibrio entre la defensa del libre comercio basado en reglas internacionales y la de sus propios intereses y valores.
La crisis financiera obligó a crear instituciones y normas para reforzar una eurozona al borde de la ruptura. Pero instituciones y Estados reconocen que se necesitan más reformas para blindarla ante la próxima crisis y no depender de las políticas de bajos intereses y compras de deuda del Banco Central Europeo.
La UE tendrá que finalizar el diseño de un instrumento presupuestario para la eurozona, cuya función se limitaría de momento a fomentar las reformas y la competitividad.
Sin embargo, algunos países defienden que se necesita sobre todo un mecanismo que permita atajar crisis que golpeen a un solo país y estabilizar su economía. En el largo plazo, España y Francia plantean incluso un seguro de desempleo europeo.
Como perenne tarea pendiente queda la creación de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, bloqueado hasta ahora sobre todo por Holanda y Alemania.
En el horizonte están también la cuestión de la armonización de las reglas de insolvencia nacionales y la de cómo garantizar la liquidez para los bancos que tengan que ser puestos bajo resolución.
El debate sobre una "fiscalidad justa" ha ganado relevancia durante la legislatura 2014-2019, a fuerza de escándalos como los Papeles de Panamá o Lux Leaks y de constatar que las grandes multinacionales logran reducir al mínimo su factura con Hacienda en ciertas partes de la Unión.
La idea de una tasa europea a los gigantes de Internet para compensar su baja contribución en sociedades se ha pospuesto a la espera de una solución global por falta de unanimidad, pero está lejos de desaparecer.
Varios países aplicarán su propio impuesto y Bruselas sigue trabajando para adaptar las normas de cálculo de los impuestos a los modelos de negocio digitales. Si en 2021 no hay acuerdo en la OCDE, el tema volverá a la mesa de los Veintiocho.
Para evitar nuevos bloqueos, la Comisión ha planteado eliminar el requisito de unanimidad para adoptar normas de fiscalidad, una propuesta que deberá dirimirse en la nueva legislatura.
Pendiente de aprobar está también la reforma del régimen del IVA, que data de hace 25 años y permite que se pierdan 50.000 millones de euros anuales solo por el fraude.
