La CVMC perdió 11,7 millones en 2019 y volvió a entrar en causa de cese del Consejo Rector

VALÈNCIA. La televisión pública valenciana empeoró sus resultados en 2019 debido a un aumento de los gastos muy superior al de los ingresos, estrategia que además apenas se tradujo en un aumento significativo de la audiencia. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) registró unas pérdidas consolidadas de 67,58 millones de euros, a los que hay que restar la aportación de 55,89 millones de la Generalitat por el servicio público que presta, no incluida en la cuenta de resultados. Así, las pérdidas reales consolidadas de las dos sociedades ascienden a 11,69 millones, según recogen las cuentas y la memoria publicadas por la Generalitat en su portal de transparencia, que no incorporan el informe de auditoría.

Estos resultados implican que la CVMC incurrió en una de las causas de cese del Consejo Rector que preside Enrique Soriano recogidas en la ley que regula la televisión pública. Concretamente, el artículo 18.3 dice: "Todos los miembros del Consejo Rector cesarán en el caso de que la liquidación del presupuesto anual de la Corporación determine la existencia de un déficit del resultado presupuestado con una desviación igual o superior al 10 % de la compensación otorgada para la prestación del servicio público, o una disminución de más del 25 % de los ingresos propios previstos en el presupuesto anual de la Corporación, salvo causa justificada que deberán, previo informe de la Sindicatura de Comptes, exponer ante la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual, que deberá aceptar dicha justificación en una votación nominal y por mayoría de sus miembros".

La desviación respecto al presupuesto, que era de resultado cero, fue de 11,69 millones, el 20,9%, es decir, el doble de lo previsto en la ley para el cese. No obstante, el cese no es automático y, de hecho, es la segunda vez que el Consejo Rector incurre en causa de cese. La primera fue por los resultados de 2018 pero no por las pérdidas sino porque los ingresos quedaron por debajo del 25% de los previsto. En aquella ocasión, la Sindicatura del Comptes planteó el cese, pero Soriano alegó "causa justificada" ante Les Corts, que aceptaron dicha justificación y permitieron a los miembros del órgano de administración continuar en sus puestos.

Los administradores del ente público aprendieron de aquello y para 2019 rebajaron la previsión de ingresos de 4 millones del año anterior a solo un millón. No solo cumplió sino que situó los ingresos un 23% por encima del presupuesto y un 50% por encima de los de 2018. Sin embargo, esos 416.000 euros de más ingresados se vieron desbordados por el aumento de gastos, muy por encima de los de 2018 y también del presupuesto.

Así, los gastos de aprovisionamiento aumentaron más de cuatro millones de euros, los de personal crecieron cerca de siete millones y los de servicios exteriores se incrementaron más de dos millones. A ello hay que añadir los gastos de amortización pasaron de 0,8 a 2,9 millones.

Traspaso del edificio de Burjassot

Las cuentas de la CVMC de 2019 recogen el impacto de la cesión a la empresa pública por parte de la Generalitat del Centro de Producción de Programas (CPP) de Burjassot "de forma indefinida y gratuita", una operación firmada el 12 de marzo de 2020 pero con efectos a 28 de diciembre de 2018. Así, pese a haberse realizado la cesión este año, el ente público lo contabiliza como una subvención en 2019, ya que las cuentas de 2018 están cerradas y depositadas en el Registro Mercantil.

Con ello, el valor del edificio —21,26 millones de euros—, se contabiliza como una "subvención de capital transferida al resultado del ejercicio" y se incorpora al resultado de cada año con la misma periodificación que la amortización. 

Durante el pasado ejercicio, À Punt firmó contratos de adquisición de contenidos por importe de 18,23 millones de euros, la mitad que el año anterior, pero el coste de los programas emitidos, que es cuando se pagan y se contabilizan como gasto, fue superior. En cuanto a los gastos de persona, a pesar del fuerte aumento de casi siete millones de euros, no superó la cantidad presupuestada. A 31 de diciembre de 2019 la Corporació y la Societat Anònima sumaban 549 trabajadores.

Los diez miembros del Consejo Rector percibieron por asistencia a los consejos de administración, entre retribuciones y dietas, 128.075 euros, 20.000 euros más que el año anterior.