VALÈNCIA (VP/EP). La defensa de Jorge Rodríguez ha negado que existiera un plan preconcebido por éste para contratar de manera ilegal a altos directivos en la empresa pública Divalterra, tal como sostuvo el juez instructor del caso Alquería y sigue considerando la Fiscalía. La abogada del expresidente de la Diputación de Valencia ha asegurado durante la exposición de su informe de conclusiones del juicio este lunes que antes de las contrataciones que se llevaron a cabo en 2015 él no tuvo conocimiento de ningún informe que las cuestionara –puesto que disponía de dos favorables– ni sabía que podían ser irregulares.
La defensa del actual alcalde de Ontinyent, que ejerce Ángela Coquillat, ha insistido en pedir su absolución y ha remarcado que ni participó en los contratos ni enchufó a nadie. "De haber sido así también hubiera nombrado a otros directivos en otras empresas públicas que gestionaba. Y no se hizo. Podría haber nombrado a más asesores en la Diputación a dedo puesto que había plazas para designar si hubiera querido colocar", ha señalado, para hacer hincapié en que "eliminó hasta 11 asesores y ahorró 1,2 millones de euros".
Una de las tesis de la investigación es que hubo un acuerdo político entre PSPV y Compromís para repartirse los altos cargos de Divalterra en base a la división de la estructura de las áreas. La letrada de Rodríguez, sin embargo, ha asegurado que él no participó en nada de ello porque "ni siquiera estaba allí cuando se hizo el pacto y se diseñaron las diferentes áreas".
Cuando el expresidente de la Diputación llegó a la empresa pública, ha proseguido, "se necesitaba control y había mucho que hacer", lo que justificó, a su entender, el nombramiento de cogerentes. "Había que poner controles en la empresa y se pusieron. Y así lo decía el exjefe jurídico José Luis Vera en un informe. Era una empresa muerta y sin futuro y tan solo utilizada para intereses espurios de algunas personas. Se quiso trabajar y solucionar este problema y, para fomentar la transparencia, se buscó una empresa auditora externa. ¿Qué sentido tiene que vigilen tu legalidad si tu intención es hacer ilegalidades?", ha comentado
La abogada de Rodríguez ha asegurado igualmente que no conocía a ninguna de las personas que ocuparon los puestos de la alta dirección y que sólo había coincidido en actos políticos con uno de ellos y otro sabe que fue director de talleres de empleo de Ontinyent cuando gobernaba el PP.
"No participó entregando ningún currículum ni en las entrevistas. Únicamente le informaron sobre las capacidades de ellos. No dio ningún nombre ni mandó ningún correo o whatsapp enchufando a nadie. No intervino en la redacción de contratos ni se le advirtió de ningún problema de forma inicial, ni por parte de los expertos ni de los técnicos jurídicos de Divalterra. Nadie se dirigió a él para pedirle favores. Hubo entrevistas de trabajo y se contrató a quienes se consideró que eran los mejores", ha apuntado.
Una vez efectuados dichos contratos contratos, fue cuando supo, en noviembre de 2015 por medio de la advertencia del exgerente de la empresa pública Víctor Sahuquillo que podía haber alguna irregularidad. Y a la vista de ello, fue cuando pidió a los gerentes que solicitaran a José Luis Vera un informe. "En ese informe sólo se hablaba de dudas, pero no de ilegalidades. Vera, tras las detenciones, siguió defendiendo que eran perfectamente legales", ha señalado.
Sobre el hecho de que estas contrataciones nunca pasaran por el Consejo de Administración, ha admitido que así fue, pero que "tampoco hay duda de que no había ninguna reticencia ni nadie informó que la hubiera". A lo que ha añadido que se ha acreditado que los nombramientos "se hicieron a bombo y platillo y se les dio publicidad".