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el expresidente de la diputación se desvincula de vera y critica a los denunciantes del caso 

Jorge Rodríguez, en el juicio de 'Alquería': "Nunca quisimos colocar a nadie en Divalterra"

Foto: KIKE TABERNER
26/09/2022 - 

VALÈNCIA. El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez ha asegurado este lunes durante el juicio del conocido como caso Alquería que nunca quisieron "colocar a nadie en Divalterra". El también alcalde de Ontinyent ha sido el primero en declarar en la tercera sesión del juicio de esta causa, centrada en los presuntos delitos de prevaricación y malversación por las siete supuestas contrataciones irregulares de altos directivos del PSPV y Compromís en la empresa pública (antigua Imelsa), dependiente de la corporación provincial. Los investigadores sostienen que éstas sólo respondieron al "puro voluntarismo político" de favorecer a los miembros de ambos partidos, que gobernaban en la Diputación. 


Rodríguez ha comparecido como ya estaba previsto en el calendario después de que la Sala haya rechazado que los acusados lo hagan al final como habían solicitado. Se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones pese al alegato de transparencia, de manera que únicamente ha contestado a las de su letrada puesto que el resto de las defensas no ha formulado ninguna cuestión. En su intervención, ha tratado de rebatir todos los hechos en los que se ha indagado durante los últimos años. Entre ellos, la intención de nombrar a cargos afines a PSPV y Compromís. En este sentido, ha explicado que entre 2015 y 2018 tuvo hasta 10 puestos de asesor libres en la Diputación de un total de 45. Lo cual demuestra, en su opinión, que podrían haberlos cubierto si su voluntad era la de colocar cargos. 

Así, ha comentado que cuando entraron a gobernar tras la etapa del PP suprimieron la figura de los asesores en Imelsa, 11 en total, logrando "un ahorro de 1,2 millones de euros en tres años" (prácticamente la misma cantidad que se habría malversado en Alquería con las supuestas contrataciones irregulares). 

A continuación, ha negado las tesis de la Fiscalía: de un lado, que se creara una estructura de áreas adrede para colocar a los altos cargos afines a los partidos –ya existía una división por competencias anterior, ha incidido–. De otro, que hubiera una estructura de gobierno paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración de Divalterra y formada tan solo por los consejeros de PSPV y Compromís. "No había problema en que los nombramientos pasaran por el Consejo", ha añadido, aunque "nadie lo planteó". 

El alcalde de Ontinyent ha remarcado que "nadie insinuó" tampoco que los contratos "pudiesen suponer una irregularidad administrativa" y que actuaron "con todo el asesoramiento jurídico" del que disponían. No tuvo conocimiento, ha afirmado, de la mayoría de informes contrarios a los contratos, puesto que cuando se firmaron era sabedor de los favorables. En el momento en el que supo que había uno que era contrario y entraba en conflicto con el resto, ha apuntado, le pidieron al jefe jurídico de la empresa, José Luis Vera, que se pronunciara. Éste, ha recordado, no habló entonces claramente de la necesidad de suprimir los contratos de alta dirección que la investigación considera ilegales. En ese documento, opinaba que existían "dos formas" de abordar el problema. Una, que los siete directivos contratados "se mantuvieran como tales hasta que se determinara su régimen de contratación en la clasificación de la empresa Divalterra"; dos, y como alternativa, "rescindir o sacar a pública concurrencia las plazas y, después de la selección, extinguir objetivamente el contrato de quienes no la hayan sacado".

Jorge Rodríguez y Ricard Gallego, a las puertas de los juzgados. Foto: KIKE TABERNER   

Vera, protagonista

El nombre de Vera ha sido mencionado por Rodríguez en numerosas ocasiones durante su declaración, evidenciando el enfrentamiento entre corrientes internas del partido. Cargo históricamente vinculado a los socialistas, pasó a ser un colaborador importante para la Fiscalía en Alquería y ahora figura como uno de los principales investigados en otra causa de supuesta corrupción, el caso Azud

"Fue José Manuel Orengo quien me recomendó su contratación, yo no le conocía de nada. Habían trabajado juntos en Gandia (municipio del que Orengo fue alcalde). Me dijo que Vera había sido magistrado sustituto de la Audiencia Provincial, que había trabajado en causas importantes de corrupción, que daba clases en la universidad, que conocía las empresas públicas, había sido director general... Vera, por su parte, me dijo que tenía buena relación con el fiscal del caso Taula –el mismo que el de Alquería y Azud, Pablo Ponce–. Me lo dijo en un correo electrónico de octubre de 2016 que sorprendentemente no ha sido seleccionado por la UDEF. Viene a decirme en ese correo que se había reunido con Ponce y que no iba a oponerse a la personación en Taula", ha destacado.

Rodríguez ha señalado igualmente que cuando accedió a la corporación provincial ignoraba las diferencias entre contratos laborales y de alta dirección puesto que no tenía grandes conocimientos sobre la administración pública. El concepto, ha indicado, se lo escuchó por primera vez a Vera. Tampoco conocía, ha dicho, a los que fueron contratados como altos directivos salvo a dos: Salvador Femenía porque era alcalde de Alquería de la Comtessa y Miguel Ángel Ferri porque había sido responsable de una escuela-taller en Ontinyent.

Denuncia del caso por miedo al despido

En cuanto a los denunciantes del caso Alquería, José Luis Pellicer y José Luis Castellote, Rodríguez ha apuntado que ninguno de los dos advirtió nada de la posible ilegalidad de las contrataciones y que al leer el sumario del caso Taula supieron "que habían sido beneficiarios de nóminas VIP en las que cobraban productividades sin control" que ascendieron a los 6.000 y 8.000 euros. En su opinión, ambos formaban parte del núcleo duro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent (de la etapa del PP), "pudieron pensar que iban a ser despedidos y que si denunciaban sería imposible echarlos".

"Creo que toda esta causa se debe a la judicialización de la política. Quisieron hacer ver que éramos todos iguales y que daba lo mismo izquierda o derecha. Nosotros quisimos hacer las cosas bien", ha expuesto, en relación a su llegada tras la salida de los populares de la Diputación. 

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