VALÈNCIA. La Diputación de València adelantará la asunción de los trabajadores de Divalterra por parte del Consorcio Provincial de Bomberos a este mismo miércoles. En un principio, el traspaso de empleados de la empresa pública provincial estaba previsto para el 1 de enero. Sin embargo, el proceso administrativo se retrasó y se aplazó a principios de febrero. Pero ahora, la corporación provincial acelera el proceso para consumarlo esta misma semana, el 19 de enero.
Así consta una comunicación del secretario general del Consorcio de Bomberos a los representantes sindicales, en la que les da traslado del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno extraordinaria del consorcio el pasado jueves. En ella, se dictamina cambiar la fecha en que la asunción de los empleados iba a "desplegar sus efectos" para adelantarla, fijándola de esta manera "en el día 19 de enero de 2022 en lugar de el 1 de febrero de 2022".
La asunción de la gestión directa de los servicios que prestaba Divalterra se ha demorado así dos semanas, entre otras cosas, por la tardanza de la compañía pública en remitir al Consorcio la relación de personal que ha de ser objeto de la subrogación. Se trata tanto de las brigadas forestales como de los servicios administrativos comunes de la firma, que pasarán todos ellos a formar parte de la plantilla del Consorcio de Bomberos como personal fijo o temporal -según el contrato- "a extinguir".
El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, aseveró la pasada semana que tras el traspaso de los empleados al consorcio "quedarán ya solo unos cuantos trabajadores de la asesoría jurídica" de la mercantil para concluir lo que queda antes de su desaparición. Así, Gaspar recordó que hay "un periodo para cerrar Divalterra" al tiempo que hay escrituras y archivos que tienen que pasar al archivo de la Diputación y que "se necesitan tres meses para que la liquidadora haga la liquidación" y "llegue la escritura liquidada". "Todo eso se debe hacer durante tres o cuatro meses", ha insistió.
Ciertamente, el vaciado de empleados de Divalterra, actualmente en fase de liquidación, ya empezó en otoño cuando el presidente de la Diputación firmó varios decretos para trasladar a la propia Diputación varias decenas de trabajadores referentes a los departamentos de información territorial, desarrollo local y comunicación, y auditoría interna. Aquel proceso ya desencadenó controversia.
Hasta el momento se había especificado que pasarían a desempeñar sus tareas con el contrato que ya tenían –indefinido o temporal– en plazas "a extinguir", pero a ello se le añadió la coletilla de "personal laboral no empleado público", que motivó las críticas entre algunos sindicatos como Intersindical porque, afirmaban, no se ajusta a la legislación básica. Por ello, la organización sindical presentó un recurso contencioso-administrativo.