Vista del salón de plenos de la Diputación de Valencia. Foto: DIVALVALÈNCIA. El cambio de la estructura de personal de la corporación provincial se aprobará, si no existe un cambio de última hora, este sábado a partir de las 8.00 de la mañana. La Diputación celebrará su pleno extraordinario, previsto inicialmente para el pasado miércoles, pese a la petición de suspensión por parte de Intersindical.
El equipo de Gobierno del PP y Ens Uneix ha impulsado una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la corporación que tiene una importante trascendencia porque se trata de una reorganización funcionarial a la que el secretario de la corporación provincial ha puesto claros reparos (aunque, eso sí, no ve ilegalidad).
El cambio afecta a 250 puestos de los mil que existen (es decir, al 25% de la plantilla), crea un total de 31 jefaturas, abre puestos a otras administraciones y tiene un coste adicional en gastos de personal de 3,6 millones de euros según la Intervención.
La propuesta ha hecho reaparecer las críticas cruzadas por el posible reparto de puestos para funcionarios en base a influencias y cuotas de poder de cargos, sindicatos y partidos. De hecho, el secretario de la Diputación evidencia en su informe la preocupación por la elección del sistema de provisión de los puestos y hace hincapié en que las modificaciones de RPT que se planteen "deben estar motivadas para no ser arbitrarias". La designación del funcionario que los vaya a desempeñar, advierte, "se hará exclusivamente por motivos de idoneidad profesional, con total independencia del puesto del cargo político que corresponda".
Así, recuerda que los funcionarios "no pueden ser nombrados por afinidad ideológica ni por razón de confianza personal" y que la libre designación (es decir, la elección a dedo) es un "procedimiento excepcional". Sin embargo, en la nueva RPT aumentan en 7 más los puestos a dedo y se suman a los 63 ya existentes.
El informe cuestiona igualmente la manera en la que se abordan los Centros de la RPT y los Servicios (la estructura administrativa de la Diputación) y destaca que la proliferación, desde hace unos años, de nuevos departamentos de distinto nivel con sus respectivas jefaturas, "hace crecer la burocracia y que el número de interlocutores para llevar adelante cualquier cambio o reforma administrativa sea cada vez mayor".
Además, cree que la apertura a otras Administraciones Públicas de puestos de trabajo para su provisión a dedo afecta "a las expectativas de promoción de los funcionarios de carrera provinciales por lo que se trata de una cuestión de gran relevancia, con repercusión en su compromiso y motivación". "Pueden pensar que funcionarios procedentes de otras Administraciones menos rigurosas van a ocupar puestos de trabajo iguales o mejores que el suyo. La ley lo permite, pero podría dar lugar a la provisión de puestos de funcionarios de carrera por afinidades distintas al mérito y la capacidad", destaca.
En la Mesa de Negociación, CSIF y CCOO votaron a favor, mientras que UGT se decantó por la abstención. Sólo Intersindical votó en contra, además de negarse a firmar las actas. También pidió el pasado jueves la suspensión del pleno en un escrito dirigido al presidente de la Diputación, Vicente Mompó.
Cargan, sobre todo, contra la creación de una jefatura de Servicio en el centro Diversidad, Comarcalización, Mancomunidades y Transferencias. El motivo es que el jefe de este servicio está encasillado como un puesto "susceptible de teletrabajo", algo que contraviene el reglamento de la propia Diputación sobre el teletrabajo.
En el escrito piden, por tanto, que se suspenda la aprobación de la modificación de la RPT porque comportaría la "anulabilidad" de la medida adoptada al contravenir el ordenamiento jurídico.
