VALÈNCIA. (EP). La Diputación de Valencia celebrará el próximo 17 de julio el pleno en el que se elegirá al nuevo presidente de la institución tras la renuncia del socialista Jorge Rodríguez a causa de su detención y posterior puesta en libertad con cargos en la operación Alquería, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo en la empresa pública Divalterra.
Los grupos que forman el equipo de gobierno de la corporación provincial --PSPV, Compromís, EU y València en Comú-- ya avanzaron su decisión de respaldar al candidato socialista Toni Gaspar, diputado de Hacienda y alcalde de Faura, para que se convierta en el nuevo máximo responsable de la institución. De hecho, a excepción del PSPV, ninguna de estas formaciones propondrá candidato a la presidencia de la Diputación.
Ese mismo día, antes del pleno de elección del presidente, tendrá una lugar una sesión en la que tomará posesión la persona que ocupará el puesto de diputado de Rodríguez, quien, además de a la presidencia, ha renunciado a su acta en este organismo.
La fecha ha sido anunciada este martes a los medios de comunicación tras la junta de portavoces de la institución reunida de manera extraordinaria para cerrar los pasos que debe dar la corporación a raíz de la operación Alquería.
Han intervenido la presidenta en funciones y vicepresidenta primera, Maria Josep Amigó (Compromís) --en nombre del equipo de gobierno--, la portavoz del PP, Mari Carmen Contelles, y la diputada de Ciudadanos, Mamen Peris. Amigó ha aseverado que todos están de acuerdo en el calendario. "Tenemos una hoja de ruta para ir cumpliendo", ha apostillado.
Antes de designar a su nuevo presidente, el próximo jueves, 12 de julio, la Diputación celebrará otro pleno en el que tomará en consideración la renuncia de Jorge Rodríguez, anunciada por él mismo la semana pasada.
Para la misma jornada se ha programado un consejo de administración de Divalterra en el que se producirá el cese de los cogerentes y del secretario de este órgano: Agustina Brines, ya cesada por Compromís, el del PSPV, Xavier Simó, y Jorge Cuerda, todos ellos detenidos también en 'Alquería'.
El calendario anunciado se completa con otra cita, la del 24 de julio, cuando está previsto que se lleve a cabo el primer pleno ordinario de la Diputación valenciana después de estos cambios.
"El consejo de administración es el que tiene la potestad para cesar a los gerentes y al secretario del consejo de administración", ha detallado Maria Josep Amigó.
Por su parte, la portavoz del PP ha criticado que hasta la fecha y desde que se produjeron las detenciones en la operación 'Alquería' no se haya procedido "todavía" al cese "del jefe de gabinete --de Presidencia, Ricard Gallego--, "al asesor" --también de Presidencia, Manuel Reguart-- y "a los dos cogerentes" de Divalterra.
"Fueron detenidos junto al presidente. Nos parece una incongruencia. El Partido Socialista siempre ha pedido coherencia y una destitución inmediata. En el caso Taula, con el PP, el mismo día de la detenciones se produjeron los ceses", ha manifestado Contelles, que ha criticado que el actual gobierno de la Diputación "no lo haya hecho".
La presidenta en funciones ha agregado, respecto a la designación del nuevo presidente de la Diputación, que para los componentes del equipo de gobierno "lo importante" es "seguir las políticas" que se plantearon en 2015, "cuando comenzamos la legislatura" al frente de esta institución.
En este sentido, Maria Josep Amigó ha reiterado que para ellos "lo importante nunca han sido las personas sino las políticas" que iniciaron, "políticas progresistas en las que todos estábamos de acuerdo", al tiempo que ha insistido en que "lo importante no es quién sino qué".
Así, Amigó ha expuesto que el PSPV, la formación que "más diputados tiene en el equipo de gobierno, ha propuesto a Toni Gaspar como candidato" a la presidencia de la Diputación y ha asegurado que el resto de fuerzas que conforman el ejecutivo lo respaldarán. "Nosotros lo apoyaremos", ha dicho.
El calendario anunciado tras la junta de portavoces de la institución provincial se completa con otra cita, la del 24 de julio, cuando está previsto que se lleve a cabo el primer pleno ordinario de la Diputación valenciana después de estos cambios. Ese día tendrá lugar también, una vez conformada al completo la corporación, la junta general de Divalterra.
La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia ha negado este martes que haya "improvisación" en el "cierre ordenado" de la empresa pública Divalterra que anunció este lunes y ha asegurado que se trata de una medida contemplada en la "hoja de ruta" del equipo de gobierno de la corporación provincial "desde el principio".
La presidenta en funciones ha enmarcado la disolución de Divalterra en la "idea" del ejecutivo de la institución provincial que conforman PSPV, Compromís, EU y València en Comú de "ir vaciando de competencias" esta corporación y las empresas públicas vinculadas a ella.
"Lo hemos hablado siempre. No es nuevo. Es una hoja de ruta que nos marcamos todos los miembros del equipo de gobierno cuando entramos en 2015. Lo teníamos clarísimo. Todos entramos con la idea. Todos compartimos el hecho de ir vaciando de competencias la Diputación" y Divalterra, ha expuesto la vicepresidenta. Asimismo, ha lamentado la "herencia nefasta" recibida en esta última "por la gestión durante veinte años del PP".
En esta línea, Maria Josep Amigó ha agregado que el equipo de gobierno tenía "claro que había que ir mancando las cosas" que se podían "ir eliminando" y ha explicado que tanto ella como el recién dimitido presidente, Jorge Rodríguez --detenido y puesto en libertad con cargos en la operación 'Alquería'--, habían pedido "a los cogerentes de Divalterra" que les trasladaran "aquellas funciones que hacía y que se podían ir trasladando a la Diputación o a otras administraciones".
"El anuncio que hicimos ayer no es diferente al que hemos ido haciendo a lo largo de esta legislatura. Hemos decidido el cierre ordenado pero es la misma decisión que tomamos al inicio de la legislatura. Teníamos que ir caminando hacia el vaciado de competencias de la Diputación y de la empresa pública manteniendo los derechos de los trabajadores", ha manifestado. Amigó ha comentado que en este proceso "se han precipitado los hechos por lo ocurrido" a partir de la operación 'Alquería'.
La responsable provincial ha subrayado la intención de llevar a cabo "un cierre ordenado" de Divalterra y ha afirmado que eso "no significa que mañana vamos a cerrar la persiana". De este modo, ha señalado que el equipo de gobierno "siempre" ha dicho que "las cosas las haremos bien" y "siempre, preservando los derechos de los trabajadores" porque "están por encima de cualquier otra cosa".
"Siempre vamos a garantizar los derechos de los trabajadores. Miraremos de qué manera pueden continuar trabajando en la Diputación o en otra administración, siempre garantizando sus derechos", ha insistido Maria Josep Amigó.
"No vamos mañana a cerrar la empresa y a tirar a los trabajadores a la calle. Tenemos claro todos los miembros del equipo de gobierno que es necesario tomar cartas en el asunto y ahora, más pronto que tarde, tenemos que ponernos a trabajar sobre cómo hacerlo de manera siempre legal y ordenada", ha añadido. Amigó ha trasladado de nuevo un mensaje de "tranquilidad absoluta" a los empleados de Divalterra. "Que estén tranquilos porque ni es improvisación, ni es porque no sabíamos por dónde salir", ha apuntado respecto al cierre.
Por otro lado, preguntada por los plazos y el calendario para hacer efectiva esta decisión, la vicepresidenta primera ha repetido que no se puede "hablar de fechas" y ha aludido a la necesidad de contar con informes que "avalen jurídica y legalmente" el modo de actuar. "No hablamos de dos meses ni de tres. Eso no lo podemos decir No podemos dar fecha", ha aseverado.
Maria Josep Amigó, que ha expuesto que decisiones como la desaparición de Divalterra "nunca son fáciles", ha defendido "el trabajo hecho desde Divalterra" en los últimos tres años y, en especial, la labor de sus trabajadores a pesar de la "herencia negativa" recibida de Imelsa y de que esta "siempre ha empañado el funcionamiento de la empresa".
Amigó ha afirmado que los brigadistas son "absolutamente necesarios" y ha indicado que "no hay duda de que trabajan muy bien y de que a veces lo hacen en situaciones muy complicadas", como sucede "en la campaña de prevención de incendios".
En esta línea, ha aseverado que "los servicios que prestan tienen que estar garantizados" y ha expresado el compromiso de "seguir prestándolos desde la Diputación o desde otra administración" y ha subrayado que "lo que no se debe hacer son malas prácticas".
Por su parte, la vicepresidenta cuarta y diputada de EU, Rosa Pérez, ha explicado que recientemente asistió a "la reunión convocada por el comité de empresa" de Divalterra y que expuso la voluntad de acometer "un cierre controlado" de la empresa, "siempre garantizando los puestos de trabajo" porque son "prioritarios".
Pérez ha coincidido con Amigó en apuntar que ahora se debe "ver la manera legal" de llevarlo a cabo y esperar a la elección de un nuevo presidente de la Diputación para poder reunirse con el comité de empresa.
La portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha rechazado este martes el cierre de la empresa pública Divalterra, dependiente de la corporación provincial, y ha criticado que el equipo de gobierno de la institución --conformado por Compromís, PSPV y València en Comú-- plantee ahora su disolución después de "haberla llenado de altos directivos" y de "encomiendas de gestión".
"Nadie que quiera cerrar una empresa pública la llena de altos directivos y de encomiendas de gestión desde la Diputación", ha expuesto, a la vez que ha censurado "la improvisación" del ejecutivo provincial y su intento de "tapar la presunta corrupción de PSPV y de Compromís". En este sentido, ha lamentado que se intente "echar la culpa a los trabajadores" de Divalterra de esa circunstancia.
La representante del PP ha agregado que "las 700 familias que trabajan en Divalterra hacen un trabajo muy importante para la provincia de Valencia y en ningún caso son los culpables de una mala gestión de PSPV y de Compromís". Así, ha señalado que estas dos formaciones "están planteando un ERE de extinción en Divalterra porque son incapaces de acabar con la corrupción en sus partidos".
Mari Carmen Contelles, que ha asegurado que si el PP vuelve al gobierno de la Diputación en 2019 "la empresa no se cerrará", ha manifestado, respecto a la posibilidad de que la corporación provincial u otra administración asuman a los empleados de Divalterra si esta se disuelve, que ese sería "un proceso muy largo". "Lo que no se puede hacer es cerrar la persiana y ya está", ha expuesto.
A su vez, ha criticado que el equipo de gobierno anunciara este lunes el "cierre ordenado" de la empresa "unilateralmente, sin dar cuenta al comité de empresa", con el que Contelles se ha reunido este martes tras la junta de portavoces. Ha estimado "un atropello" y "una falta de respeto" hacia los empleados la decisión dada a conocer por el ejecutivo provincial, al tiempo que ha estimado necesario, en todos los casos, "cuidar los derechos de los trabajadores, que están asegurados por la ley".
La portavoz del PP ha expresado, igualmente, la voluntad de su formación de ponerse al lado de los empleados de Divalterra y ver "qué acciones se pueden hacer" para "que el cierre no se produzca". "No se puede tapar la presunta corrupción de PSPV y Compromís echando la culpa a los trabajadores", ha insistido. "Ayer hicieron postureo o una foto para defenderse por un tema de estrategia judicial o porque algún partido necesitaba ese titular", ha agregado.
Al mismo tiempo, Contelles ha subrayado que "lo que hay que hacer es poner mecanismos que hagan que no pueda haber políticos corruptos" y que "se cumplan los objetivos". "Para ello es muy fácil hacer planes de prevención de delito y poner funcionario que puedan velar por el buen funcionamiento de la empresa pública", ha planteado.