La economía crecerá a finales de 2021 y principios de 2022 menos de lo previsto, según el Banco de España

VALÈNCIA. (EP) El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ve probable que el impacto del repunte de la inflación sobre la renta disponible de los hogares, la intensificación de los cuellos de botella y la extensión reciente de los contagios del coronavirus en muchos países europeos redunden en una ligera revisión a la baja de las tasas de crecimiento trimestral del PIB en el último trimestre de 2021 y al inicio de 2022.

El Banco de España, en coordinación con el resto del Eurosistema, publicará unas nuevas proyecciones macroeconómicas en el mes de diciembre. En ellas se plasmará una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente en España y, en menor medida, también del correspondiente a 2022.

Esto responde a que la cifra de crecimiento del PIB del segundo trimestre de este año ha sido revisada fuertemente a la baja por el INE, desde un 2,8% inicial hasta un 1,1%, y a que el aumento del producto de la economía en el tercer trimestre habría sido del 2%, según la estimación preliminar, en lugar del 2,5% que el Banco de España preveía en septiembre.

Ante estas perspectivas, el gobernador considera que el cuadro macroeconómico del Gobierno incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 es "optimista" y ha advertido de que la recuperación de la economía española, aunque gradual, es "incompleta y heterogénea".

"La recuperación es incompleta desde el punto de vista del PIB", ha asegurado el gobernador durante su intervención en la Comisión de Presupuestos en el Senado, donde ha señalado que España no alcanzará los niveles precrisis hasta el primer trimestre de 2023, de acuerdo con las previsiones de los analistas.

En concreto, las perspectivas en los próximos meses dependen, sobre todo, de unos siete focos de incertidumbre relacionados con la evolución de la pandemia, la fortaleza del consumo de los hogares, la recuperación del turismo, el despliegue de los fondos europeos, la cicatrices de la crisis sobre el tejido empresarial, así como la persistencia de los cuellos de botella y del actual episodio de inflación.

El Banco de España ve insuficiente la reforma de pensiones 

Por otro lado, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado este martes en el Senado que las medidas contenidas en la reforma de pensiones que aprobará esta semana el Congreso "no son suficientes" para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social y, por tanto, serán necesarias "medidas adicionales" que compensen el mayor gasto que supondrá la derogación de la reforma de 2013 del PP.

Concretamente, en su intervención en la Cámara Alta para informar del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022, Hernández de Cos ha querido dedicar parte de su intervención a valorar los efectos de esta reforma, cuya aprobación está prevista este jueves en el Congreso.

En ella se derogan las dos medidas principales de la reforma del PP --el índice de revalorización, que limitaba a un 0,25% la subida anual en caso de déficit, y el factor de sostenibilidad, que recortaba su cuantía inicial en función del aumento de la esperanza de vida-- y, en compensación, se introducen varias medidas.

Así, el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) contempla un aumento de cotizaciones de 0,6 puntos entre 2023 y 2032, hay una batería de incentivos y penalizaciones para acercar la edad de jubilación efectiva a la edad legal y se transfieren recursos de la Administración General del Estado para asumir gastos impropios que, hasta ahora, había venido sufragando la Seguridad Social pese a ser ajenos a las pensiones contributivas.

Hernández de Cos ha señalado que, según las estimaciones de la AIReF, la vuelta al IPC para subir las pensiones supone un aumento de gasto en el sistema de 3,3 puntos porcentuales (pp) de PIB entre 2019 y 2050, y no aplicar el factor de sostenibilidad casi un punto más, 0,9 pp.

Frente a ello, cree que el MEI supondría un aumento en ingresos del 0,2% entre 2023 y 2032, con unos ingresos acumulados del 2,3% del PIB a final de su aplicación, pero aun con medidas adicionales su impacto no puede superar las ocho décimas de PIB al año.

La batería de medidas dirigidas a retrasar la jubilación está, ha dicho, "sujeta a una elevada incertidumbre", con unas estimaciones por parte del Gobierno de entre 1,1 y 1,6 pp PIB de menor gasto en 2050, mientras que la transferencia de recursos --cifrados en un 2% de PIB-- sanean las cuentas del sistema pero no en el conjunto de las administraciones.

"Estas medidas de compensación no son suficientes para compensar totalmente y requerirán de medidas adicionales en el futuro para compensar, bien por la vía de ingresos o de los gastos, estos efectos", ha aseverado.

En lo que respecta a las cuentas del próximo año, el gobernador del Banco de España ha asegurado que la previsión contemplada en el proyecto de Presupuestos en materia de pensiones "presenta ciertos riesgos de desviación al alza" vinculados a la inflación.

Así, ha señala que el último dato, que eleva al 5,6% la evolución interanual hasta noviembre, supone "una sorpresa al alza" y que la inflación podría elevar el gasto en pensiones unos 1.500 millones de euros por encima del gasto presupuestado en las cuentas de 2022.

Una posible desviación que, ha apostillado, vendría a sumarse a los 2.000 millones de euros adicionales procedentes del coste estimado de la compensación de las pensiones en 2021 por el mayor alza de los precios.  

Aboga por revisar beneficios fiscales 

Además, el gobernador del Banco de España ha subrayado la necesidad de revisar de manera rigurosa el "amplio espectro" de beneficios fiscales que contempla el sistema tributario español.

"En muchos casos, es la existencia de elevadas bonificaciones y no los tipos impositivos más reducidos lo que explica la baja recaudación fiscal en España", ha explicado durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Senado.

Según ha subrayado, en la actualidad, los beneficios fiscales no solo son de una cuantía elevada, sino que en algunas instancias su funcionamiento actual no respondería a los objetivos para las que fueron creados.

Además, ha apelado a la idoneidad de que las reformas impositivas en ciertos ámbitos --como en los impuestos sobre el capital y los beneficios empresariales, o en materia medioambiental-- sean consensuadas a nivel internacional.

"De esta forma, se evitarían las distorsiones derivadas del hecho de que haya bases fiscales fácilmente deslocalizables", ha señalado. A este respecto, Hernández de Cos ha considerado "esperanzador" que se constaten los consensos que se están logrando en los últimos meses en materia de armonización fiscal.

El gobernador ha señalado durante su intervención en el Senado que se aprecia que España presenta una inferior presión fiscal proveniente de la imposición indirecta y en particular del IVA, donde la diferencia en recaudación con respecto a la media de la UE asciende a 1,5 puntos porcentuales del PIB en 2019.

Esta brecha contribuye a explicar una parte de la menor recaudación impositiva que presenta España con respecto al conjunto de la Unión Europea en ese mismo año (un 39,2% frente a un 43,1%).

Las diferencias en recaudación también se extienden a la imposición societaria, donde España recauda cerca de 0,7 puntos porcentuales menos sobre el PIB que la media de países de la UE. Por el contrario, nuestro sistema tributario obtiene una mayor recaudación relativa de la imposición sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones sociales.

Entretanto, Hernández de Cos ha subrayado la importancia de evaluar los efectos de las medidas discrecionales de recaudación siguiendo un criterio de prudencia, especialmente en aquellas situaciones en las que la evidencia sobre su impacto es escasa, como ocurre en el caso de la introducción de nuevas figuras impositivas.

Esta recomendación del gobernador responde a que el avance de liquidación de 2021 registra una recaudación inferior en unos 3.100 millones con respecto al presupuesto inicial.

Dicha desviación se explicaría por una recaudación tributaria por debajo de lo esperado (en -6.700 millones), que solo sería parcialmente compensada por unos ingresos por cotizaciones superiores a lo inicialmente presupuestado (en 3.600 millones).

Según Hernández de Cos, cerca de la mitad de la desviación en los ingresos tributarios (3.000 millones) vendría explicada por la menor capacidad recaudatoria de las nuevas medidas impositivas introducidas en 2021 o que no fueron finalmente instauradas.

Siguiendo un orden según la magnitud de la desviación proyectada actualmente, destacan los impuestos sobre las transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales, la limitación de las exenciones por doble imposición a las grandes empresas, y la subida del IVA a bebidas azucaradas.

A dichas medidas se añadiría la no entrada en vigor del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y sobre los residuos en vertederos.

"Estas observaciones subrayan la importancia de evaluar los efectos de las medidas discrecionales de recaudación siguiendo un criterio de prudencia, especialmente en aquellas situaciones en las que la evidencia sobre su impacto es escasa, como ocurre en el caso de la introducción de nuevas figuras impositivas", ha señalado.

Los PGE de 2022 incluyen dos nuevas medidas relacionadas con la recaudación tributaria. Por un lado, en el caso del impuesto de sociedades, se establece un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible de grupos consolidados o de compañías cuya cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros.

Por otro lado, se introduce en el IRPF una minoración del límite general de reducción aplicable a la base imponible por aportaciones y contribuciones a planes de pensiones individuales desde los 2.000 a los 1.500 euros, además de un incremento del límite de reducción por aportaciones a planes de pensiones de empresa desde los 8.000 a los 8.500 euros.

Según el gobernador, la combinación del cuadro macroeconómico planteado en los PGE con los modelos que utiliza el Banco de España, resultaría una previsión de ingresos por cotizaciones sociales ligeramente optimista, que podría verse, en parte, compensada por unas expectativas prudentes en la recaudación de otras figuras impositivas.

De su lado, un peor comportamiento del crecimiento económico que el previsto en los PGE redundaría en un menor aumento de las bases impositivas y, por lo tanto, de los ingresos, si bien este efecto podría verse parcialmente compensado por un mayor crecimiento del deflactor.