El grupo Secoex se queda el contrato de seguridad del archivo de la Generalitat en Riba-roja

VALÈNCIA. El grupo Seguridad Integral Secoex se ha adjudicado por 1,3 millones de euros el contrato para el servicio de vigilancia y seguridad de los edificios donde se ubican el parque móvil de la Generalitat y sus archivos en Riba-roja del Turia, unas instalaciones de más de 50.000 metros cuadrados que albergan información sobre las diferentes Consellerias del gobierno autonómico.

Se trata de una adjudicación enmarcada dentro acuerdo marco que incluye las labores de vigilancia y seguridad prestados por la seguridad privada en los edificios, locales y dependencias de la administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas. En total, el valor del contrato asciende a más de 59 millones de euros.

Según detalla la Conselleria de Hacienda en su memoria justificativa, la contratación centralizada, mediante acuerdo marco, responde a la necesidad de ordenar, racionalizar y homogeneizar las condiciones a que deben ajustarse los contratos de los servicios de vigilancia y seguridad con el fin de reducir la gasto y conseguir una mayor eficiencia, garantizando así el normal desarrollo de las actividades propias de la administración y el cumplimiento de sus fines institucionales.

Con más de 30 años de trayectoria, Secoex se encarga de prestar a las empresas, instituciones y particulares, soluciones globales de seguridad. Cuenta con siete delegaciones repartidas entre todo el territorio nacional, entre ellas Valencia.

Documentación del 'caso Erial'

En el complejo de Riba-roja se almacena importante información. Este punto se situó en medio de la polémica por un posible 'chivatazo' de la 'operación Erial', en la que fue detenido el expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, después de que un funcionario del IVACE consultara en este centro expedientes del Plan Eólico días antes de la detención del 'expresident'. 

Sin embargo, la Inspección General de Servicios de la Generalitat, encargada de instruir el expediente informativo, concluyó que no se habían producido actos o conductas "constitutivos de falta disciplinaria" al no poder asegurar que accediera a documentación relacionada con el Plan Eólico, ya que "no hay cámaras en el interior" del centro logístico de Riba-roja.