VALÈNCIA. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha recurrido a un ex letrado del Tribunal de Cuentas para defender sus intereses en la causa abierta precisamente en dicho Tribunal con motivo del fraude de cuatro millones de euros sufrido en 2019. Concretamente, la EMT ha adjudicado los servicios al bufete del que es socio director Antonio Ramón Rodríguez Castaño, quien ha trabajado 22 años en el mencionado organismo, los últimos seis como director técnico de la sección de fiscalización, según recoge la propuesta remitida por el propio bufete a la EMT y que final ha resultado la elegida.
La firma municipal pidió un presupuesto a tres despachos diferentes, si bien acabó decantándose por este para llevar exclusivamente el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas. El pasado 3 de febrero, la gerente de la empresa municipal, Marta Serrano, resolvió la adjudicación de estos servicios al mencionado despacho por 25.000 euros más IVA. En el informe de contratación especifica que el criterio de elección fue la "mejor relación calidad-precio". Así pues, la gerente realiza una somera comparativa entre las tres propuestas recibidas: una de 21.000 euros, otra de 46.000 euros, y otra, la del despacho contratado finalmente, de 25.000 euros.
Sobre la propuesta elegida el informe recoge diferentes aspectos que parecieron decantar la balanza de la calidad. Por ejemplo, que además de remitir el presupuesto, los abogados elaboraron un breve informe jurídico de la situación de la EMT en esta causa, además de aportar información detallada sobre el equipo jurídico que encabeza el letrado Rodríguez Castaño. Precisamente en este análisis, la gerencia de la firma municipal destaca la experiencia de Rodríguez Castaño en el Tribunal de Cuentas, donde se está llevando a cabo la instrucción contable. "Destaca que el letrado titular del gabinete y firmante de la oferta es letrado en excedencia del Tribunal de Cuentas, en el que tiene más de 20 años de experiencia profesional", reza el documento.
Son estos hechos todos diferenciales respecto al resto de aspirantes. Si bien uno de ellos presentó una oferta más económica, "no presenta ningún análisis del asunto ni tampoco acredita su experiencia concreta en la jurisdicción contable". De hecho, subraya la gerente de la EMT, la empresa ha decidido externalizar este servicio "precisamente por poder contar con un equipo jurídico de reconocida experiencia en la jurisdicción contable". De ahí que la oferta elegida "resulta más ventajosa y garante para defender los intereses de EMT".
Desde entonces el despacho ha estado defendiendo a la EMT ante el Tribunal de Cuentas, tanto en la presentación de alegaciones el pasado mes de febrero en el proceso previo a la realización de la liquidación provisional, como en la misma comparecencia en el acto de la liquidación, que tuvo lugar el pasado 24 de febrero.
Entonces, la instructora del Tribunal emitió un acta de liquidación en la que considera "presunta responsable" contable del fraude de cuatro millones a la entonces directiva de la EMT, Celia Zafra, a la que los estafadores engañaron haciéndose pasar por sus superiores para conseguir sus firmas y, más tarde, instar a la propia Zafra a tramitar los pagos. El Tribunal pedía a la ya ex empleada una fianza de los cuatro millones de euros por si finalmente fuera declarada culpable. Zafra ha anunciado que recurrirá.
El despacho de Rodríguez Castaño también se encargará de presentar la demanda de responsabilidad contable contra Zafra tras esta liquidación provisional.
El Partido Popular criticó este jueves que la EMT ha pagado más de 120.000 euros en asesoramiento jurídico externo "sorteando la ley de contratos públicos y la Directiva europea sobre contratación pública". Los populares denunciaron que la normativa fija que la cantidad máxima de los contratos menores, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, será deun máximo 15.000 euros más IVA. "Sin embargo, la EMT presidida por Grezzi, y con la aprobación del PSPV, ha realizado cuatro contratos de asesoramiento jurídico externos en los que ha superado la cantidad máxima de 15.000 euros, sorteando de esta manera la normativa estatal y europea antes citada", aseguró el edil del PP Carlos Mundina.
Estos contratos, vinculados con la defensa de la EMT por el robo de cuatro millones de euros, se han realizado con un despacho de abogados de Hong Kong por 28.000 euros, con un despacho asiático por 30.400 euros, con un despacho de abogados catalanes por 25.000 euros, "y ahora con un despacho de Madrid por 30.200 euros para acusar en el Tribunal de Cuentas a la trabajadora despedida improcedentemente por Grezzi". Al respecto, el concejal Mundina manifestó que “esta manera de contratar por parte de Grezzi y los socialistas, en una empresa pública como la EMT, desde nuestro punto de vista, rompe con los principios de igualdad, transparencia y pública concurrencia que deben siempre primar en la contratación pública”.