VALÈNCIA. Hasta tres veces la EMT de València intentó que el Tribunal de Cuentas diera carpetazo a las investigaciones sobre el fraude de cuatro millones que llevaba a cabo el organismo desde poco después que se descubriera la estafa en septiembre de 2019. Tres ocasiones en apenas un año que el Tribunal rechazó, y precisamente cuyo rechazo ha permitido alumbrar el acta de liquidación conocida recientemente en la que considera presunta responsable contable del suceso a la entonces directiva, Celia Zafra. Acta celebrada por el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, tras un año en el que se intentó paralizar las indagaciones.
Apenas dos meses después de la estafa, el que era todavía gerente de la EMT, Josep Enric García, pidió al Tribunal dar por finalizadas sus diligencias porque el fraude estaba siendo investigado en los tribunales -todavía sigue allí-, y además porque aseguraba que no existía responsabilidad de ningún miembro de la EMT. En febrero de 2020 reiteró esta petición con los mismos argumentos. E incluso apenas hace tres meses, ya en noviembre de 2020, el sustituto temporal de García tras su dimisión, Toni Martínez, sostuvo la misma tesis ante el Tribunal.
El primer documento es el escrito de alegaciones presentadas el 14 de noviembre de 2019 por la EMT ante la denuncia en la que el grupo municipal de Ciudadanos señalaban posibles deficiencias internas de la empresa que podrían haber facilitado la estafa. García contestaba en las alegaciones que mientras en la causa penal abierta en el juzgado "no se determine la inexistencia de hechos constitutivos de delito o falta, debe procederse al archivo del presente procedimiento en la jurisdicción contable".
En este sentido, aclaraba que, en contra de lo que inducía la denuncia de Ciudadanos, la estafa "no tiene naturaleza informática" sino que los estafadores se hicieron pasar por los superiores de Zafra para convencerla de que debía hacer unos pagos sin seguir el protocolo habitual. "Resulta patente que no existe responsabilidad contable ni de reintegro por alcance por parte de ninguno de los directivos y administradores mencionados en el escrito [...] ni de ningún otro de la entidad", declaraba.
El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y el gerente, Josep Enric García Alemany, explicando los detalles del fraude. Foto: EFE
La segunda ocasión en la que pidió acabar con la investigación tuvo lugar el 3 de febrero de 2020 con motivo de la presentación de alegaciones ante la denuncia interpuesta por el Partido Popular. Además de los argumentos expresados y de rechazar que un posible problema de organización en el personal pudiera haber facilitado el robo -sólo había dos personas del departamento durante la estafa-, García ahondaba en que la comprobación de las cuentas bancarias con los asientos contables de la EMT se hacía de manera diaria.
No lo conseguía porque un mes después, el 13 de marzo, la fiscal de este procedimiento se reiteraba en las diligencias preliminares abiertas y rechazaba archivarlas: "Las alegaciones y la documentación aportada no desvirtúan por el momento los hechos denunciados, consistentes en la irregular salida de cuatro millones de euros de los fondos de la EMT de València". Una "irregularidad" que debía continuar siendo investigada por un delegado instructor.
La negativa se sustanciaba el 27 de julio en el primer auto en el que el consejero de Cuentas pedía nombrar un delegado instructor para investigar "si se ha producido una falta de diligencia en las personas que gestionan los fondos públicos de la entidad" y si esto había supuesto "una malversación de caudales públicos susceptible de generar responsabilidad contable".
Precisamente con la intención de hacer las averiguaciones oportunas, el Tribunal requirió numerosa documentación a la EMT, y fue entonces, el 20 de noviembre de 2020, cuando el director adjunto, Toni Martínez, acompañaba los documentos con la solicitud para que el organismo dictara "en su día resolución por la que acuerde el archivo de las presentes actuaciones previas, por no ser los hechos instruidos susceptibles de responsabilidad contable".
"Negligencia grave" y "actuación dolosa"
En enero, el Tribunal de Cuentas notificó que citaba a Zafra para la liquidación provisional en febrero y la nueva gerente de la EMT, Marta Serrano, envió unas alegaciones abonando las mismas tesis defendidas hasta el momento, si bien ahora ya no pedía que se archivaran las diligencias. El resto de la historia es conocida y reciente: el Tribunal de Cuentas emitió tras escuchar a las partes un acta de liquidación provisional en la que pide una fianza de 4,2 millones de euros a Zafra como "presunta responsable" de cara a una futura resolución del caso. Zafra recurrirá.
Concretamente, a juicio de la delegada instructora de este procedimiento, la que fuera directiva y encargada del área de Administración, Celia Zafra, "posibilitó con su intermediación" las ocho transferencias porque "facilitó los presuntos estafadores una documentación en la que constaban las firmas de las personas autorizadas al pago". Por todo ello, la instructora considera que existe "negligencia grave y por supuesto una actuación dolosa" por su parte.
Foto: KIKE TABERNER
